El título VIII de la Constitución que cita Armengol permite referéndums pero no de independencia

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha aprovechado su discurso en la Cámara Baja, con motivo del Día de la Constitución, para blanquear, de forma velada, los pactos de Pedro Sánchez con el separatismo que, entre otras medidas, incluye una Ley de Amnistía y la negociación de un referéndum.

Armengol se ha remitido, en concreto, al Título VIII de la Constitución que, ha destacado, «alumbra la cuestión territorial, integra la diversidad que convive en nuestro país y la riqueza que supone un Estado plural y deja abierto el camino para avanzar en el proceso de acercar a los ciudadanos la toma de decisiones». Unas palabras que se interpretan como una defensa del referéndum que Junts y ERC reclaman a Pedro Sánchez.

Pacto PSOE-Junts

El acuerdo entre el PSOE y el partido de Carles Puigdemont recoge expresamente la negociación sobre el «reconocimiento nacional» de Cataluña:

«En cuanto al ámbito del reconocimiento nacional, Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución. Por su parte, el PSOE defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña», se reseña, en concreto, en el documento pactado para permitir la investidura de Sánchez.

El artículo 92 de la Constitución -no incluido en el Título VIII- establece que «las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos». Ese «referéndum» sería «convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados».

El título VIII al que hace referencia Armengol proclama, precisamente, la potestad del Estado para «autorizar la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum».

En cualquier caso, cabe recordar también que el artículo 2 de la Constitución proclama «la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». Por ello, un referéndum sobre la independencia no tiene cabida en la Constitución. Para eso, antes se tendría que proceder a una reforma de la Carta Magna, para lo que necesariamente se requiere el concurso del Partido Popular.

La doctrina del Tribunal Constitucional, en los últimos años, descarta además un referéndum de este tipo sin una previa reforma constitucional que afectaría al Título Preliminar de la Constitución: el artículo 1.2, que proclama que la soberanía nacional reside en el pueblo español, y el mencionado artículo 2.

Así, la sentencia de 11 de septiembre de 2008 sobre la ley vasca para una «consulta popular de autodeterminación» concluía que «la cuestión que ha querido someterse a consulta (…) afecta (art. 2 CE) al fundamento del orden constitucional vigente (en la medida en que supone la reconsideración de la identidad y unidad del sujeto soberano o, cuando menos, de la relación que únicamente la voluntad de este puede establecer entre el Estado y las comunidades autónomas) y por ello sólo puede ser objeto de consulta popular por vía del referéndum de revisión constitucional”.

A esa misma conclusión llegó el Tribunal Constitucional con ocasión de las leyes para el referéndum separatista.

Discurso ideológico

Armengol ha pronunciado un discurso de claro tinte ideológico, en el que ha defendido que la Constitución «guarda la mejor garantía de convivencia», el término al que recurre Sánchez para defender los acuerdos con sus aliados independentistas y proetarras.

La presidenta socialista del Congreso ha indicado que «la generosidad que nos concedió este pacto entre diferentes nos dicta el camino para avanzar» y ha señalado que «si fuimos capaces de ponernos de acuerdo en los momentos de mayor dificultad, si el interés general se impuso a todo lo demás y la búsqueda de la concordia pasó por encima del enfrentamiento, entonces es que la senda del entendimiento está marcada: la marca la propia Constitución».

Son las mismas palabras que Sánchez emplea para justificar la Ley de Amnistía: «En el nombre de España, en el interés de España y en defensa de la concordia entre españoles».