Las sanciones a los que voten ‘no’ tendrán que debatirse en un nuevo Comité Federal

La sanción a los ‘díscolos’ que no acaten la resolución que el PSOE aprobó el pasado domingo habrá de ser propuesta por la gestora y, posteriormente, debatida y, en su caso, votada en un nuevo Comité Federal. 

Así lo avanzan desde la dirección socialista, donde se remiten a los propios Estatutos del partido. El reglamento es claro sobre el procedimiento a seguir en caso de que un diputado incumpla la disciplina de voto. El Grupo Parlamentario o la Comisión Ejecutiva Federal «podrían denunciar su conducta al Comité Federal”, se lee en su articulado. Esto es, otro nuevo cónclave habría de decidir entonces sobre las sanciones que correspondería aplicar a quienes desobedezcan, precisamente, la decisión emanada del mismo órgano. 

La normativa interna del PSOE recoge con precisión que todas las personas que integran el Grupo Parlamentario Federal «están sujetas a la unidad de actuación y disciplina de voto”. Esto se precisa, aún más, en la Normativa Reguladora de los Cargos Públicos, donde se añade que estos «aplicarán las resoluciones y acuerdos adoptados por los órganos de dirección del partido”. 

En caso de desobediencia, las sanciones van desde los 600 euros de multa a la expulsión del grupo parlamentario socialista, de forma que los ‘desobedientes’ pasarían a integrarse en el Grupo Mixto. Ya existen precedentes: en 2013, el partido sancionó con multa a los diputados del PSC que habían apoyado dos resoluciones de CiU sobre el referéndum independentista. 

Operación de «persuasión»

En ese caso, de acuerdo al reglamento, el Comité Federal tendría facultades para proceder a darle de baja en el Grupo Parlamentario, procediendo a incoar el correspondiente expediente, «que será tramitado por la Comisión Federal de Ética y Garantías para que dicte las resoluciones a adoptar».

A priori, la gestora no se pone en el ese escenario. El propio presidente, Javier Fernández, descartó este martes barajar posibles ‘castigos’. Su esfuerzo, insistió, se centra en una labor de “persuasión” para lograr que estos diputados acaten la disciplina. 

Fernández no reveló cómo ni con qué argumentos piensa lograrlo. Es más, los contactos entre la dirección y los críticos son nulos, lo que augura a esta operación escasas expectativas de éxito. 

Este lunes, ocho líderes territoriales remitieron una carta al propio presidente de la gestora para pedir una abstención técnica, indicando que todos apuestan por la fórmula de once abstenciones. Los firmantes son la presidenta de Baleares, Francina Armengol; Idoia Mendia (País Vasco); Luis Tudanca (Castilla y León); César Luena (La Rioja); Sara Hernández Madrid); Rafael González Tovar (Murcia); María Chivite (Navarra) y Manuel Hernández (Ceuta).

Desde la gestora se muestran dispuestos a abordar en persona ese órdago y contener la posible desobediencia, aunque las relaciones con algunos de ellos, como Francina Armengol, son complejas. La líder balear fue una de las más críticas con la resolución del Comité Federal y, desde el domingo, insiste en su indignación, lo que no augura mucho margen para convencerla de la abstención.

El recuento de los díscolos es, no obstante, ciertamente volátil. Hasta una veintena de diputados, entre ellos los siete del PSC, dos de Baleares y Galicia y otros como Susana Sumelzo, Odón Elorza o Margarita Robles, mantienen el ‘no’ infranqueable a apoyar la investidura. 

El caso de los catalanes es especialmente delicado, ya que el PSOE estudia una revisión del protocolo de relaciones entre ambos partidos, que podría derivar en una ruptura casi definitiva. Un terreno allanado ya por varios dirigentes, entre ellos el expresidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien ha insistido en que el PSC es un lastre para los resultados del partido.  “Nos hacen perder votos en Cataluña y en España”, dijo rotundo este lunes. 

A la espera de que se concrete la fórmula que podría adoptar ese ‘cese de convivencia’, desde el PSC no descartan ser un partido independiente a nivel orgánico y financiero como el tándem alemán CDU-CSU, que ya propuso en su día el anterior secretario general del PSC, Pere Navarro. 

Se descarta el voto en conciencia 

El voto en conciencia ha sido una de las opciones que en los últimos días han tanteado distintos diputados, entre ellos, Odón Elorza. El guipuzcoano ha apelado a esta fórmula, a la que da amparo la propia Constitución. 

«Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo», asegura el artículo 67 de la Carta Magna. 

Esto avalaría la posibilidad de un voto particular y ajeno a la postura del grupo, sobre todo ante temas especialmente delicados y que entrasen en conflicto con la propia sensibilidad del diputado. 

La opción se recoge en el mismo reglamento del Grupo Socialista, aunque con tantos límites que, en la práctica, lo imposibilitan. Así,  en sus artículos 33 y 34 se afirma  que «el Comité Director podrá sancionar la emisión del voto contrario a la orientación acordada por el Grupo, cuando esta se haya realizado de forma voluntaria y haya sido manifestada explícitamente, sin perjuicio del mecanismo disciplinario previsto en los estatutos federales del PSOE».

«El Pleno del grupo parlamentario podrá excepcionalmente acordar la libertad de voto por razones de conciencia», reza el texto.

Desde la dirección socialista se afirma así que esta posibilidad tiene muy pocas opciones. Para empezar, porque tiene que ser aprobada por el propio grupo parlamentario. Las mismas fuentes son además reacias a que un asunto político, como la abstención, pueda acogerse bajo esa excepción.