Sánchez y sus socios consuman el golpe al Parlamento: 6 meses de estado de alarma sin control

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves un estado de alarma de hasta 6 meses ante la segunda ola de coronavirus gracias a la mayoría Frankenstein que permitió la investidura de Pedro Sánchez. El Gobierno socialcomunista ha perpetrado así un golpe al control parlamentario y a la Constitución, en la que no está recogida una duración tan prologada para un estado excepcional con una sola prórroga de los 15 días iniciales.

La propuesta de ERC pactada con los socialistas ha salido adelante con 189 votos a favor, 150 en contra y siete abstenciones. En esta primera votación tanto PP como Vox lo han hecho en contra, mientras que los populares han optado luego por la abstención en la autorización de la prórroga de la alarma al considerar que «no se puede dejar sin este mecanismo jurídico a las comunidades autónomas», sobre todo allí donde gobiernan. Esta segunda votación se ha saldado con 194 votos a favor, 53 en contra y 99 abstenciones.

Con un Pedro Sánchez ausente, que dio la espantada tras presentar el ministro Salvador Illa y no él el decreto-prórroga a la Cámara baja, la oposición ha cargado duramente contra esta maniobra de Moncloa por su carácter «autoritario». De hecho, el líder del PP, Pablo Casado, ha confirmado que su partido acudirá a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa para «solicitar a las instituciones europeas que garanticen la separación de poderes que no respeta el Gobierno de Sánchez». Casado ha denunciado que «no se deja hacer a las Cortes su labor de control constitucional».

En esta línea, el vicepresidente del Grupo Popular Europeo, Esteban González Pons, ha advertido en un mensaje en Twitter que la resolución del 17 de abril de la Eurocámara considera que «el estado de alarma de tiempo indeterminado, sin efectivo control parlamentario, va contra la división de poderes». Según González Pons, tal incumplimiento por parte del Gobierno de Pedro Sánchez podría afectar a la entrega de los fondos europeos por la pandemia.

Además, Casado ha criticado que Sánchez no haya realizado en estos meses una reforma legislativa, como prometió antes del verano, para no recurrir al estado de alarma. El líder del PP también ha lamentado que los socialcomunistas no hayan atendido su propuesta de reforma de la ley orgánica de 1986 para evitar la alarma y que las autonomías no tengan que depender del aval de los tribunales en sus confinamientos perimetrales.

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha subrayado que «mañana mismo» su formación presentará un recurso contra este decreto-prórroga ante el Tribunal Constitucional, solicitando en el mismo la suspensión cautelar de su vigencia. Abascal ha acusado a Sánchez de querer acumular «ilegalmente e inconstitucionalmente» plenos poderes durante seis meses para limitar la libertad de circulación, de reunión y de expresión de los ciudadanos. Y además quiere hacerlo, ha añadido, «lavándose las manos» y delegando la responsabilidad en las comunidades autónomas para después poder culparlas si el resultado es negativo.

«Pretende el emperador acumular mayor poder que ningún gobernante en toda la democracia, y con menos apoyos que en toda la democracia», ha lanzado Abascal a Sánchez, que ha calificado de «tirano en prácticas» por eludir el control parlamentario.

La prórroga de seis meses (el decreto inicial de 15 días fijaba la alarma hasta el 9 de noviembre) ha salido adelante con dicha propuesta de resolución de los separatistas de ERC pactada con el PSOE. Esta iniciativa obliga al presidente Pedro Sánchez a rendir cuentas cada dos meses de la aplicación del estado de alarma y establece que tras cuatro meses de prórroga (hasta 9 de marzo), «la Conferencia de Presidentes, previo acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, pueda decidir, a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos y sociales, si lo levanta o lo mantiene hasta el 9 de mayo. No obstante, la prórroga vigente es formalmente hasta esa fecha.

Sánchez no dará la cara hasta el 9-E

Así, el presidente del Gobierno no dará explicaciones sobre el estado de alarma hasta pasadas las Navidades, en torno al 9 de enero. En cambio, en el estado de alarma de primavera, Sánchez compareció cada 15 días y tras cada debate se celebró la debida votación de autorización de prórroga.

Esta acuerdo de Pedro Sánchez con sus socios separatistas y sus otros aliados de la mayoría Frankenstein choca con lo establecido en el artículo 116.2 de la Constitución y el artículo 6.2 de Ley Orgánica 4/1981 que regula los estados de alarma, excepción y sitio. La Carta Magna establece que «el estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo».

Por su parte, Ley Orgánica 4/1981 dice que «en el decreto se determinará el ámbito territorial, la duración y los efectos del estado de alarma, que no podrá exceder de quince días» y precisa que «sólo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga».

Es significativo que mientras este estado de alarma se impone para seis meses, la propia Constitución señala que la duración del estado de excepción, un nivel superior, «no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos».