Sánchez mete en sus reformas ante la UE cambiar los coches oficiales para dar «ejemplo» ecologista

El Gobierno pretende acometer una ambiciosa ‘revolución’ ecologista, y así lo recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia entregado la pasada semana a Bruselas para recibir los 140.000 millones de fondos post-Covid. El documento, que incluye las reformas planteadas por el Ejecutivo para salir de la profunda crisis económica por la pandemia, dedica un capítulo completo a la Modernización de las Administraciones públicas, en el que incluye la «movilidad sostenible» de empleados públicos y altos cargos. Entre las medidas, el Ejecutivo promete cambiar los coches oficiales por otros respetuosos con el medio ambiente.

En concreto, el Gobierno se compromete ante Bruselas a la «renovación de la flota de vehículos públicos (Parque Móvil del Estado y flotas de vehículos de los diferentes Ministerios y su sector público institucional) hacia vehículos con etiquetado oficial de cero emisiones». También pretende instruir a los funcionarios de la Administración y el resto de empleados para que se desplacen a su puesto de trabajo con medios ‘ecológicos’, para lo que se elaborarán «planes de transporte al centro de trabajo».  «Se debe actuar sobre la movilidad de los trabajadores del sector público de forma que adopten los modos de transporte menos consumidores de energía y que su flota de vehículos sea de alta eficiencia energética, de manera que este sector avance también hacia la descarbonización», se recoge en el documento que ahora deberá evaluar la Unión Europea.

«Papel ejemplarizante»

El Ejecutivo alega que «las administraciones públicas, y de forma especial la Administración General del Estado, deben ejercer un papel ejemplarizante en la transición energética del sector público contribuyendo a una economía climáticamente neutra, lo que repercutirá en un mayor ahorro económico y, por ende, en el uso más racional de los recursos público». El capítulo incluye además obras de eficiencia energética en edificios públicos y la implantación de sistemas de «autoconsumo» con energía solar u otras «que resulten viables» en estas instalaciones.

La inversión prevista es de 1.070,7 millones de euros. El Gobierno justifica que los beneficiarios serán las empresas contratadas, pero también «la ciudadanía, que contará con servicios e instalaciones públicas más eficientes y modernizadas». También señala que «las Administraciones Públicas disponen de un amplio parque inmobiliario y de una capacidad de movilización importante en el ámbito de la movilidad» y por ello, considera el Ejecutivo, «su modernización y la renovación con criterios de eficiencia energética supone un motor para la recuperación de sectores clave como los de la construcción, los servicios de renovación, y la cadena de valor de la industria automovilística». El control recaerá en «un grupo de seguimiento interdepartamental integrado por los ministerios beneficiados».

Subida de impuestos

El Plan remitido a Bruselas resulta especialmente polémico por la subida de impuestos que prevé el Gobierno y que supondrá un incremento de casi 80.000 millones de euros. 

«Se requiere mejorar la recaudación y la eficiencia del sistema fiscal a través del ensanchamiento de las bases tributarias reducidas por las numerosas exenciones y deducciones, evaluando si los beneficios fiscales existentes logran los objetivos para los que fueron creados, o si deben revisarse. Asimismo, deben analizarse en profundidad las figuras tributarias actuales para adaptarlas al contexto económico, y avanzar en la incorporación de nuevos tributos de acuerdo con las tendencias más recientes», alega el Ejecutivo.

Así, se plantea por ejemplo la armonización de los impuestos de Patrimonio o Sucesiones, el gravamen al diésel o un tipo mínimo de tributación del 15% en Sociedades.

También se incorporan nuevos impuestos ‘verdes’, como en el caso de los plásticos o los viajes en avión «para actuar sobre las emisiones».

Una de las reformas más polémicas es la relativa al cobro por el uso de las carreteras. El Gobierno quiere que en 2024 se empiece a aplicar un impuesto por el uso de la red de carreteras del Estado, alegando fundamentalmente, que es necesario para asumir el coste de mantenimiento de las vías.