Impuestazo a las carreteras: el Gobierno dice que conservar las vías fomenta la igualdad de género

El Gobierno quiere que en 2024 se empiece a aplicar un impuesto por el uso de la red de carreteras del Estado. Alega, fundamentalmente, que es necesario para asumir el coste de mantenimiento de las vías. Hasta entonces, se prevé llevar a cabo una campaña de «concienciación y sensibilización» en cuanto a la oportunidad de ejecutar esta medida, según se recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas. Uno de los argumentos que sostiene el Ejecutivo es que la conservación de las carreteras promueve la igualdad de género.

Así se recoge, en concreto, en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, aprobados el pasado diciembre. En concreto, en el programa sobre ‘Conservación y explotación de carreteras’ se advierte de que «el notable incremento de la Red de Carreteras del Estado en los últimos años y los nuevos tramos que se pondrán en servicio en los próximos hacen que una de las prioridades de actuación sea la conservación y explotación de las carreteras estatales».

En uno de los apartados del programa se analiza el impacto de género de la conservación de las vías, para concluir que «no existe en ningún organismo estadísticas sobre el distinto uso de las carreteras de ningún tipo, por hombres y mujeres, dado que los sistemas de conteo de vehículos sólo miden el paso de vehículos por una banda de Intensidad media de tráfico diario (IMD), y en base a esos datos, que no tienen en cuenta si conduce un hombre o una mujer, se toman las decisiones».

A continuación, se consideran «dos factores que pueden incidir en la igualdad entre hombres y mujeres». «Por un lado, con carácter general, son las mujeres las que sociológicamente se ocupan, en las zonas rurales, de llevar a los hijos y a las personas dependientes, a médicos, colegios, centros asistenciales, etc., por lo que será este colectivo quien más sufra la escasez de carreteras o sus malas condiciones y, por tanto, quien más necesitado esté de este tipo de inversiones. Por otro lado, la mejora de las carreteras va a redundar en la disminución del tiempo a utilizar en este tipo de desplazamientos, hecho que contribuirá a que los hombres se involucren en mayor medida en la realización de este tipo de labores».

Se concluye así que «las actuaciones financiadas con este programa presupuestario ayudarán a la vertebración de los territorios y a la movilidad de la población tanto femenina como masculina, lo que redundará en la mejora de las condiciones laborales y personales de ambos sexos».

En el programa se destaca que «nuestro mapa de carreteras se ha ido extendiendo por todo el territorio nacional hasta transformarse en una red mallada de alta calidad que hoy cuenta con una longitud total de carreteras y vías públicas superior a los 640.000 km».

En concreto, la Red de Carreteras del Estado cuenta con 2.380 km de autopistas de peaje, 9.167 km de autovías o autopistas libres, 488 km de dobles calzadas y 14.432 km de carretera de calzada única, en total 26.467 km de red. La carretera es el principal modo de transporte interior de personas, con el 88% del reparto modal y representa el 94% del transporte de mercancías. Además, más de 50.000 empleos están vinculados a las tareas de construcción y conservación de la Red de Carreteras, destaca el Gobierno.

En el caso de la Red de Carreteras del Estado, ésta absorbe un 52,5% del tráfico total y el 65,3% del tráfico pesado.

Impuesto

El Gobierno alega varias razones para establecer un sistema de pago por el uso de las carreteras, como la reducción de gases de efecto invernadero y otras consecuencias para el medio ambiente. Pero, principalmente, se ampara en el déficit que arrastra la conservación de carreteras, cifrado en unos 8.000 millones de euros. Sin embargo, la inversión real en mantenimiento apenas asciende a unos 760 millones anuales, según el último dato disponible (2018). Una cuantía incluso inferior al coste del Ministerio de Igualdad (451 millones de euros) y la subvención pública que recibe RTVE (473 millones de euros), como publicó OKDIARIO.

«Los costes de conservación son crecientes y no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios», se recoge en el texto enviado a Bruselas.

«Cierto rechazo inicial»

La idea es que el sistema sea «escalable y progresivo». Primero se cobrará por la red de alta capacidad (autovías) y después se irá aplicando a otras redes, lo que abre la posibilidad de que cualquier carretera acabe siendo de pago.

Las tarifas no se han concretado, aunque sí se asegura que serán «asumibles pero que garanticen la financiación». El Gobierno asume que «es esperable cierto rechazo inicial» y por ello se pondrá en marcha un plan de concienciación de la opinión pública.

Ante la polémica, el director general de Tráfico, Pere Navarro, ha defendido la medida.

«El que lo usa, lo paga. Y vamos a tener que poner el cascabel al gato», explicó esta semana en el Senado. Navarro considera que «no puede ser que la pobre abuelita que cobra una pensión, que no tiene ni coche, esté pagando la conservación y el mantenimiento de las carreteras».