Los recortes de Sánchez: CSIF denuncia que las empresas públicas no aplican la subida salarial del 2% de 2020

El principal sindicato de la Función Pública ha vuelto a denunciar las maniobras de este Gobierno en plena pandemia. Mientras el ministro Fernando Grande-Marlaska anuncia una subida salarial a Policía y Guardia Civil para intentar calmarlos tras la intromisión del Gobierno en la investigación judicial del 8-M, CSIF ha denunciado que no se aborda esa equiparación salarial en el resto de cuerpos de las administraciones públicas; ha pedido la convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas para debatir la discriminación; y ha denunciado que las empresas públicas y las comunidades de Extremadura y Comunidad Valenciana no han aplicado la subida de 2020 a los funcionarios.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha exigido ya una reunión urgente de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas para garantizar que las próximas medidas económicas del Gobierno tras la pandemia no supondrán un recorte de derechos de los empleados/as públicos.

Desde CSIF, «trasladamos al Gobierno la inquietud del personal de las administraciones públicas, en un contexto de crisis como el actual, y le reclamamos que aborde cuanto antes un Plan de Reconstrucción en las Administraciones Públicas para generar empleo de calidad y reforzar los servicios, especialmente en sectores tan necesitados como el sanitario».

El sindicato señala que «la situación nos preocupa especialmente después de confirmar el inicio de recortes en comunidades autónomas como en Extremadura, en donde la Junta nos acaba de anunciar que no aplicará la subida salarial acordada de un 2%, para 48.000 empleados/as públicos. En la Comunidad Valenciana, nos tememos una situación parecida, ya que aún no se ha hecho efectivo este incremento del 2% y la Administración sigue sin convocar la Mesa que debe aprobar esta subida salarial, sin dar explicaciones concretas».

Desde CSIF han confirmado a OKDIARIO que «tampoco se ha aplicado la subida salarial en las empresas públicas».

«Los empleados/as públicos y, en particular, el personal sanitario de todo el país ha afrontado el Covid-19 en unas condiciones lamentables y con una gran carga de trabajo. Es inaceptable que el ‘premio’ de la Administración a su esfuerzo sea nuevos recortes y un deterioro en sus condiciones económicas y laborales. Ahora más que nunca hay que recordar que el conjunto de empleados/as públicos arrastra el recorte salarial de entre el 5 y el 10 por ciento que se ejecutó en 2010 por el entonces Gobierno socialista y sigue sufriendo los efectos de una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9 por ciento», concluye CSIF.

Otro hachazo de Sánchez a los funcionarios

No es este el único agravio del Gobierno de Sánchez contra los funcionarios. También quiso tener el acceso y control de la gestión de la caja de la principal mutua de funcionarios de España: Muface, un mecanismo por medio de mutuas que ha permitido a los funcionarios negociar condiciones propias y contar con derechos adquiridos que Sánchez quería tutelar directamente con el riesgo de que, bajo el pretexto de armonizar, las prestaciones de 900.000 empleados públicos puedan verse recortadas.

El Real Decreto que modificaba el régimen de clases pasivas incluía en su disposición  adicional sexta la «adaptación normativa de la legislación del Régimen de Clases Pasivas». Y allí y en otros artículos se reconoce que el cambio puede acabar afectando, no sólo a la estructura del ministerio, sino a la forma de negociar las pensiones extraordinarias en el Régimen de Clases Pasivas del Estado (actos de terrorismo); las pensiones de clases pasivas y de determinadas indemnizaciones sociales (pensiones ordinarias de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad); o a las pensiones de viudedad (en caso de intento de mejora de la pensión).

Pero el principal sindicato de la función pública, CSIF, alertó de urgencia a la oposición y la oposición reaccionó a tiempo para frenar, al menos por el momento, el golpe por decretazo de Pedro Sánchez a las prestaciones de 900.000 empleados públicos.

Desde el CSIF se movieron con urgencia para evitar ese posterior recorte de sus condiciones pactadas en materia de jubilación, y, tras instar a PP, Vox y Ciudadanos, el pasado 14 de mayo lograban bloquear el plan de Sánchez de asestar su golpe bajo el manto del estado de alarma.

El Congreso, de este modo, tramitará por fin como proyecto de Ley el Real Decreto de medidas económicas y de empleo que contiene la polémica medida.