Puigdemont promete más subvenciones y licencias a medios privados para que sirvan a la «construcción nacional»

El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, prevé controlar los medios de comunicación privados para ponerlos al servicio de la construcción de su ‘república’. Para ello pretende otorgar más subvenciones con dinero público y licencias para mantener su adhesión al proyecto independentista.

Así figura en el programa de gobierno de Junts per Catalunya, que recoge, entre sus líneas de actuación, «defender unos medios de comunicación púbicos y privados que velen por la lengua del país, que defiendan principios éticos y democráticos» y, añade, «participen de la construcción, difusión y consolidación de un universo nacional y referencial propio».

Los independentistas son conscientes del poder que les confiere asegurarse el máximo control sobre los medios de comunicación, actuales y futuros. La forma de hacerlo es, sobre todo, a través de las subvenciones –siempre generosas con los medios que promulguen con sus ideas– pero también de las licencias, en manos del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC).

Este órgano, controlado con el secesionismo –su presidente, Roger Loppacher, apoya abiertamente las tesis independentistas–, tiene entre sus funciones la de realizar una controvertida labor de vigilancia de las emisiones, tanto de los medios públicos como de los privados, y es el que determina, por ejemplo, que éstas se adaptan a sus criterios de pluralidad y objetividad.

Pero las polémicas son múltiples. Como cuando determinó, en un informe, que TV3 había sido la cadena más «plural» durante el pasado referéndum ilegal, al contrario que TVE. O cuando descartó iniciar expedientes administrativos por la emisión de anuncios, contenidos institucionales y propaganda a favor del 1-O, pese al dictamen del Tribunal Constitucional. 

En otra de las decisiones más controvertidas, el Consejo avaló la actuación de Mònica Terribas, que el pasado 22 de septiembre, pidió a la audiencia de Els Matins de Catalunya Ràdio que llamase para dar información sobre la presencia de furgones de la Guardia Civil y la Policía Nacional en las carreteras catalanas. En una medida sin precedentes, Loppacher y los consejeros de PDeCATy a ERC decidieron además que el representante del PP, Daniel Sirera, no participase en la votación por la «sospecha de parcialidad».

Los independentistas quieren asegurarse así el máximo control sobre las emisiones en su territorio y entre sus planes figura también el reforzar la imposición del catalán, condición a la que se supedita «la gestión del espacio radioeléctrico», es decir, la concesión de las nuevas licencias.

Pero ese territorio no se limita solo a Cataluña. El expresidente cesado quiere perseverar en la creación de un gran espacio de comunicación en lo que los rupturistas llaman ‘Países Catalanes’ (además de Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón o Baleares) y aspira a «reforzar los vínculos-del Corporación Catalana de Medios Audiovisuales-con otros territorios de habla catalana, mediante la reciprocidad, la cooperación y las actividades que le son propias».

Su gobierno ya suscribió en su día distintos convenios de colaboración, entre otros con el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, para la reciprocidad de las emisiones entre TV3 y el canal valenciano.

No acaba ahí. Los secesionistas quieren ampliar esa influencia en el exterior. «Promoveremos la presencia de la realidad de Cataluña en los principales medios de los países de nuestro entorno», afirman en otro punto. Para ello, quieren reforzar la exportación de productos audiovisuales orientados a la «proyección internacional».