El PSOE se pliega a Bildu: promete nuevas excarcelaciones y ventajas para los presos etarras

Pedro Sánchez mantendrá su política de beneficios penitenciarios a etarras, que implican progresiones de grado y acercamiento a sus lugares de origen. Así se desprende de una respuesta de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que concluye que los presos son «valorados periódica y permanentemente a efectos de ser clasificados en el grado más adecuado y destinados al centro penitenciario más oportuno». Interior matiza también que esa revisión afecta a «todos los internos en prisión y no sólo los pertenecientes a banda armada». El acercamiento de los presos es una de las reivindicaciones históricas de Bildu, partido que, este martes, se ha reunido por primera vez con el PSOE para abordar la investidura de Sánchez.

Los proetarras aprovecharon este encuentro -el primero en una ronda de negociaciones de este tipo- para trasladar sus demandas. Entre ellas, solicitan al socialista «una revisión de la política penitenciaria», con progresiones de grado y acercamientos, para, según ellos, alejarla «del carácter excepcional con la que es aplicada en la actualidad». Además, reclaman una «revisión de los recortes sociales» y de lo que han calificado de «ataques a las libertades democráticas» y un debate territorial que pase por «el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado» y del denominado «derecho a decidir».

La solicitud de información a Interior pretendía conocer el «número de presos de ETA en valoración para progresar de grado en los próximos meses y para ser acercados a sus lugares de origen». El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska no ofrece la cifra con precisión ya que, argumenta, se trata de decisiones que se adoptan «previa propuesta de las Juntas de Tratamiento de los centros penitenciarios con motivo de las periódicas revisiones de grado» y, destaca, «de acuerdo con el principio de individulización científica de las penas». Pero, en su respuesta, defiende la opción de progresar de grado y obtener otros beneficios para los presos de ETA.

En la misma solicitud, Instituciones Penitenciarias sí ofrece datos sobre las ventajas otorgadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Así, desde su llegada al poder hasta el mes pasado, 47 etarras progresaron de grado. Además, 35 fueron excarcelados y 34 acercados a sus lugares de origen.

Otorgar beneficios penitenciarios a los etarras fue una de las decisiones más polémicas de las primeras semanas de Pedro Sánchez en La Moncloa, tras ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy con el apoyo, entre otros, de PNV y Bildu.

La decisión fue consecuencia del compromiso de Sánchez con el Gobierno vasco de Iñigo Urkullu. El presidente socialista defendió días después de llegar al poder la posibilidad de acercar al País Vasco a presos de ETA mayores de 70 años o enfermos graves. Marlaska apostilló que  se estudiaría «caso a caso», con criterios como la edad avanzada, el estado de salud, el rechazo a ETA o la parte de la condena que haya cumplido y se justificó de las críticas asegurando que los traslados se determinarían «bajo criterios necesarios de legalidad y bajo tratamiento individualizado». En una comparecencia en el Congreso, destacó además que la «política de dispersión» era «antiterrorista» y no «una política penitenciaria».

Estatuto vasco

Los socialistas reafirman también su intención de acercar a los presos en la misma propuesta de Estatuto vasco, que firman conjuntamente con nacionalistas y Podemos.

En la redacción pactada por estos últimos partidos se incluye el reconocimiento por la vía estatutaria de los ‘derechos de las personas privadas de libertad’, lo que obligaría a los poderes públicos vascos a garantizar «que las personas privadas de libertad disfruten del ejercicio de todos los derechos que no hayan sido expresamente limitados por resolución judicial». Y esa garantía, destacan, «incluirá su arraigo social, familiar y cultural y el cumplimiento de las condenas en el centro penitenciario más próximo a su lugar de residencia». «Se promoverán los acuerdos necesarios para garantizar que las personas privadas de libertad que cumplan condena en centros ubicados fuera del territorio de Euskadi lo hagan en éste, en los centros más cercanos a sus domicilios», concluye el articulado.

El PSE emitió un voto particular en el que solicitaba la eliminación del artículo. Pero no por disconformidad con el contenido. Según justificó el experto designado por los socialistas, Alberto López Basaguren: «No creo que este artículo tiene relevancia para incorporarse a un Estatuto». Pero, añadía: «No tengo problemas con el contenido».

La portavoz parlamentaria socialista Adriana Lastra justificó la reunión de este martes con Bildu como «una toma de contacto».

El encuentro forma parte de la ronda de negociaciones de Sánchez para su investidura. El socialista no renuncia al acuerdo con Podemos, que precisa del apoyo del independentismo.