El PSE se pliega al derecho a decidir y al reconocimiento de la «nación vasca»

Un nuevo Estatuto en ocho meses, un referéndum, reforma constitucional, transferencia de las competencias, casi total autogobierno y amenazas al Estado. El polémico acuerdo de gobierno entre PNV y PSE supone la cesión total de los socialistas a la hoja de ruta soberanista.

Estos son algunos de los puntos clave recogidos en el cuarto apartado:

Reforma de la Constitución:  El acuerdo concluye que «el modelo autonómico vigente en el Estado español precisa de una reformulación que ponga en valor el autogobierno vasco y sus singularidades históricas, jurídicoinstitucionales y culturales propias. Una reforma de la Constitución en tal sentido ampliaría las posibilidades para mejorar y garantizar el autogobierno que demanda la sociedad vasca».

Más autogobierno: «Consideramos urgente e inaplazable arbitrar mecanismos institucionales más eficaces para la defensa del autogobierno vasco, porque constatamos con preocupación la existencia en el Estado de un fuerte impulso recentralizador que desconoce la voluntad política territorial e ignora su pluralidad y diversidad.

Transferencias: Instan al cumplimiento «íntegro» del Estatuto de Gernika, «para lo cual hemos de poner nuevamente en valor el catálogo de funciones, bienes y servicios pendientes de traspaso que el Parlamento Vasco aprobó hace ya más de dos décadas, instando a culminar sin más demora el proceso transferencial».

Redacción de un nuevo Estatuto en el plazo de ocho meses. 

Amenazas al Estado: «Nos comprometemos a poner especial celo en denunciar y evitar las actuaciones del Estado que supongan una intromisión, un condicionamiento o un recorte en las políticas públicas de carácter social que el Parlamento o el Gobierno Vasco hayan aprobado en ejercicio de sus competencias».

Además, aseguran, denunciarán «todas aquellas políticas de intervención estatal», así como «las actuaciones del Estado que pretendan una intervención sobre la política financiera y fiscal vasca sin respetar el Concierto Económico vasco».

«Cuando se detecten vulneraciones del autogobierno vasco, se requerirá al Gobierno español, mediante una carta de cooperación, a fin de que intervenga en la búsqueda de soluciones preventivas que eviten la conflictividad judicial».

País Vasco como Nación y derecho a decidir: La ponencia encargada de actualizar el Estatuto planteará varias cuestiones:

-El reconocimiento del País Vasco como nación.

-El reconocimiento del derecho a decidir del Pueblo Vasco y su ejercicio pactado en un marco de negociación y acuerdo dentro del ordenamiento jurídico vigente en cada momento.

-Una reforma de la Constitución para ampliar las potencialidades del Autogobierno Vasco y blindar nuestro ámbito competencial, la profundización y mejora del Autogobierno Vasco en convivencia y solidaridad con el conjunto del Estado (…).

-La definición del modelo institucional del país y el papel de las instituciones comunes y de los Territorios Históricos (…)

-La identificación clara de competencias exclusivas del País Vasco,  el reconocimiento de las relaciones económicas y financieras sobre la base del respeto mutuo y garantizadas a través del sistema de Concierto Económico.

-Las relaciones inter-territoriales con la Comunidad Foral de Navarra y con la futura institución única que aglutinará a los territorios vascos radicados en el Estado francés, en función de la voluntad de sus Instituciones respectivas y respetando las normativas sobre la materia de los distintos Territorios y Estados, así como de la Unión Europea.

-La promoción del euskera, compromiso y respeto del euskera como patrimonio cultural común

-Representación del País Vasco en las instituciones y organizaciones Europeas e Internacionales, así como su proyección exterior.

-Un sistema concertado de garantías que impida la modificación unilateral del nuevo pacto político alcanzado.

-El mantenimiento de la cláusula de reserva de los Derechos Históricos en los términos recogidos en la Constitución y en el Estatuto de Gernika.

Referendum: Según se indica en el texto, el nuevo Estatuto estará redactado en ocho meses, tras lo que se celebrará un referendum.

«Una vez sustanciados los procesos de negociación, pacto, tramitación y aprobación de la Propuesta por parte de las instituciones competentes, los acuerdos que estas adopten serán sometidos a la decisión de la ciudadanía, para que los ratifique mediante referéndum», concluye el texto del acuerdo.