El protector del hermano de Sánchez fue procesado por «acciones humillantes» y «hostigamiento reiterado»

Francisco Martos Ortiz, el diputado provincial del PSOE de Badajoz que se ha alineado en defensa del hermano de Pedro Sánchez frente al juez que investiga a éste por presunta corrupción en la Diputación de Badajoz, fue procesado por «acciones humillantes» y «hostigamiento reiterado» contra un empleado público. Los hechos que se le imputaron, y que aún están pendientes de pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo, se remontan a su etapa de alcalde de la localidad extremeña de Castuera.

La gravedad de los hechos por los que se le procesó lleva consigo pena de prisión. De hecho, en primera instancia fue condenado a tres años de cárcel y a varios más de inhabilitación para cargo público, pero ha logrado mantenerse en la política institucional porque recurrió y, en segunda instancia, varió la valoración de las pruebas por parte del tribunal y salió absuelto. Eso sí, el caso no está cerrado. El trabajador que lo denunció por acoso y lesiones ha apelado al Tribunal Supremo y ahora se está pendiente del resultado de este recurso de casación.

Aunque luego fue enmendado en segunda instancia, el primer tribunal que sentenció el caso lo tuvo claro: el socialista Francisco Martos desplegó un acoso tal que acabó dañando la salud mental del empleado público.

En esa primera sentencia condenatoria, el juzgado de lo Penal de Don Benito (Badajoz) describió como «hechos probados» que el hoy diputado provincial estuvo años acosando a ese arquitecto municipal. «Al menos durante el período comprendido desde diciembre de 2010 a mayo de 2011 y desde junio de 2015 hasta enero de 2019 realizó acciones, comportamientos y actitudes humillantes y vejatorias para el arquitecto municipal, así como actos hostiles que han supuesto un hostigamiento reiterado hacia el querellante en el ámbito de su relación laboral, con la finalidad de que abandonase su puesto de trabajo».

Graves daños psicológicos

Igualmente, en esa primera sentencia se consideró probado que ese acoso continuado le provocó al empleado municipal «un estado de desasosiego y, como consecuencia, una lesión psíquica consistente en un síndrome ansioso depresivo y trastorno depresivo reactivo mayor (…), necesitando tratamiento psicológico y psiquiátrico» prolongado.

Asimismo, en aquel mismo relato de hechos probados que hizo el Juzgado de lo Penal de Don Benito se destacó que el acosado «vio afectada su integridad moral y dignidad como trabajador en la relación laboral de forma sistemática y prolongada por parte del acusado a través de desvalorizaciones de su trabajo, menosprecio y acciones encaminadas a que abandonase su puesto de trabajo en un primer momento y, posteriormente, a aislarlo y vaciarle de funciones ante la negativa [del empleado público] a marcharse de su puesto de trabajo».

El acosado, según el juzgado de lo Penal de Don Benito, acabó sufriendo «sintomatología depresiva, ansiedad, falta de concentración, pérdida de apetito y peso, insomnio de mantenimiento, disminución de su rendimiento habitual, tendencia al aislamiento social e ideación autolítica», es decir, a tener pensamientos suicidas.

El caso de David Sánchez

El socialista Francisco Martos, como diputado provincial, está ahora al frente del área de Cultura de la Diputación de Badajoz. Su jefe de filas, el presidente de esta Corporación provincial, Miguel Ángel Gallardo (PSOE), está imputado junto al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, por presuntos delitos de corrupción. En 2017 esta diputación colocó como empleado público al hermano del presidente del Gobierno. David Azagra, pseudónimo artístico del hermano de Sánchez, está investigado por varios posibles delitos vinculados a las cantidades percibidas por el puesto que se le otorgó en esa institución controlada por el PSOE.

En el marco de esta investigación judicial, entre otras diligencias que ordenó el instructor, figura la intervención de correos electrónicos en la Diputación de Badajoz, cuyos contenidos podrían ser reveladores de los hechos objeto de las pesquisas que comprometen al hermano de Sánchez y al presidente de la Diputación. El diputado provincial Francisco Martos está intentando torpedear la validez de esas pruebas y ha recurrido contra esa intervención de correos electrónicos, línea procesal que se alinea con los intereses de los imputados.