El presidente de Dignidad y Justicia denuncia que Sánchez «entorpece la Justicia para ayudar a Bildu»

El Gobierno de Pedro Sánchez lleva un año sin designar el juez de enlace en Francia desde que, en octubre de 2022, la magistrada María Felisa Herrero Pinilla abandonara el cargo. Esta figura es imprescindible sobre todo en cooperación entre países en temas de terrorismo, y es por eso que Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, sospecha que con ello «Sánchez favorece a Bildu», tal y como cuenta a OKDIARIO.

Puesto que el juez de enlace, dependiente del Ministerio de Justicia en el exterior, es el magistrado destinado en un país extranjero, cuya labor es contribuir a impulsar y acelerar todo tipo de cooperación judicial en materia penal y, en su caso, civil, a través de contactos directos con los servicios competentes y con las autoridades judiciales del Estado de acogida, en este caso Francia.

Dignidad y Justicia escribe una carta a la Embajada de Francia

Tal y como adelantó OKDIARIO, en septiembre, Daniel Portero, a través de la asociación que preside, Dignidad y Justicia, envió una carta al embajador de Francia, Jean-Michel Casa, pidiéndole una reunión para aclarar la postura de Francia sobre la posible paralización del país galo de peticiones de la Audiencia Nacional relativas a investigaciones que tienen por objetivo antiguos jefes de la banda terrorista ETA, como Josu Ternera.

El desencadenante fue el documental de Jordi Évole que finalmente presentó en el Festival de San Sebastián, y que esta misma semana emitirá Netflix en estreno, coincidiendo con el aniversario del atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza, que costó la vida de 6 niños pequeños, dos mujeres embarazadas, un adolescente de 17 años y tres adultos, además de resultar heridas 88 personas.

Las víctimas del terrorismo decimos NO al blanqueamiento del jefe de ETA Josu Ternera. Triste que @jlrebordinos y @jordievole sigan pensando que la Libertad de expresión está por encima de la Dignidad y de la Justicia @lazaroelmundo pic.twitter.com/kaNYoRSr3w

— Daniel Portero (@daniel_portero) September 16, 2023

Por esta matanza, como autor intelectual del atentando, la Audiencia Nacional pide a Josu Ternera (alias de José Antonio Urrutikoetxea), 2354 años de cárcel.

Sin embargo, cuando el juicio ya tenía cita para celebrarse en España, el próximo enero, la Justicia francesa anunció que no permitiría su extradición, hasta que no resolviera las causas pendientes en el país galo. Por lo que la Audiencia Nacional en agosto suspendió el juicio.

Desorden de España con el juez enlace de Francia

Según nos cuenta Portero, a raíz de la carta, este pasado cinco de diciembre, mantuvo una reunión con el juez de enlace de Francia en España y el agregado de la Embajada Francesa, que resultó «muy esclarecedora y satisfactoria».

Al parecer, no sería una falta de disposición de la Justicia francesa, sino de «desorden» de la Justicia española, desencadenada en buena medida «por no haber designado un juez de enlace en Francia», nos explica Portero.

«Todo está organizado por el Gobierno. No ha cubierto esta plaza desde hace un año, y esto está entorpeciendo todo, porque los jueces españoles no saben a quién acudir, es un desastre», relata.

De esta manera, «el Gobierno español se estaría dedicando a entorpecer para de alguna manera a ayudar a los de Bildu. Otra explicación no la veo», ha revelado.

Josu Ternera: el criminal sanguinario que no ha pagado por su crimen

Josu Ternera sigue en Francia mientras la Audiencia Nacional lo reclama. El que fuera jefe de ETA en aquella época del atentado a la Casa Cuartel debería haberse sentado en el banquillo hace décadas.

Como lo hicieron los otros dos miembros de la cúpula terrorista en esos momentos: Francisco Múgica Garmendía (alias Pakito) y José María Arregi Erostarbe (alias Fitipaldi), condenados a la misma pena, tras ser detenidos en 1992 en la localidad francesa de Bidart. Fitipaldi fue quien confeccionó el artefacto explosivo.

La Audiencia Nacional le pide a Ternera 2354 años de cárcel: 30 años por cada uno de los 11 delitos de asesinato consumado, y 23 años por cada uno de los 88 delitos de asesinado frustrado.