El PP quiere homologar a otros países europeos la declaración de intereses de la mujer del presidente

El PP de Alberto Núñez Feijóo quiere homologar a otros países europeos la declaración de intereses de la mujer del presidente del Gobierno. Así lo reconocen fuentes de la dirección popular que están llevando directamente la estrategia del partido en el caso que afecta al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por no inhibirse en decisiones del Consejo de Ministros sobre empresas con las que su esposa, Begoña Gómez, mantenía una «relación profesional», remarcan las fuentes de Génova.

«En España nunca nos hemos planteado definir el rol de la pareja del presidente. Hay una legislación precaria al respecto, mientras que fuera de aquí, en otros países europeos, es una cuestión que está muy acotada», subrayan estas fuentes.

«No puede ser que la esposa del jefe del Ejecutivo tenga un nivel de influencia en el gobierno del país mayor que el que puede tener el principal partido de la oposición y mayoritario en las Cortes Generales», sostienen desde Génova. Además, recalcan -como les han trasladado diversos juristas- que el registro de intereses de la mujer del presidente del Gobierno «debe ser público».

Estas fuentes del PP, que diseñaron la denuncia de partido ante la Oficina de Conflicto de Intereses del Estado -escrito que fue archivado- y que estudian acudir -con las nuevas revelaciones del caso- al Tribunal Supremo (ya sea por la vía penal o por lo contencioso-administrativo), señalan en privado que está en sus planes la redacción de una regulación sobre la figura de la mujer del presidente del Gobierno en España.

No obstante, de momento, según admiten tales fuentes, esto es sólo una intención, pues no se han fijado ningún plazo para tener lista dicha iniciativa. Ahora mismo, los esfuerzos de Génova están centrados en escudriñar si empresas que patrocinaron y patrocinan la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid pudieron obtener algún tipo de beneficio o ventaja en relaciones contractuales con el Gobierno.

En el Informe anual de 2023 sobre el Estado de derecho en España publicado por la Comisión Europea el pasado julio, la UE señaló que en este país «las normas sobre conflictos de intereses de los altos cargos de la Administración no se aplican suficientemente». «Aunque tanto el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa como el Informe sobre el Estado de Derecho en 2022 hacían referencia a la necesidad de reforzar la independencia y la autonomía de la Oficina de Conflictos de Intereses, las normas que rigen su independencia y autonomía permanecen inalteradas», lamentó el Ejecutivo comunitario.

De igual modo, el citado informe reprobó que «la Oficina de Conflictos de Intereses, encargada de supervisar las normas sobre conflictos de intereses y el sistema de declaración de patrimonio de altos cargos y miembros del Gobierno, todavía no ha elaborado un manual de procedimientos para hacer frente mejor a las posibles infracciones».

Archivo de «un folio»

El PP criticó hace unas semanas que se enterara a través de una rueda de prensa de la portavoz del PSOE en Ferraz, Esther Peña, de que su denuncia sobre la no inhibición de Sánchez en asuntos relacionados con actividades profesionales de su esposa había sido archivada por la Oficina de Conflicto de Intereses del Estado. Los populares no habían recibido en ese momento ninguna notificación al respecto. Y cuando la recibieron, señalan las fuentes de Génova, expresaron su estupor al observar que la Oficina despachó el archivo en apenas «un folio». Y es que este órgano tampoco indicó al PP la vía que debe seguir ahora tras el archivo, cuestión sobre la que el partido de Feijóo también requirió una respuesta. No obstante, en Génova barajan llevar el caso al Tribunal Supremo.

La Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, está dirigida desde 2007 por Flor María López Laguna, funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, que fue avalada en este cargo por el Gobierno de Pedro Sánchez al llegar a la Moncloa en 2018.

Entre tanto, desde el PP remarcan que «ha quedado acreditado que empresas vinculadas a la esposa del presidente, Begoña Gómez, se han beneficiado de ayudas directas del propio Gobierno, aprobadas en Consejo de Ministros y con el voto favorable del propio presidente del Gobierno».

«Nosotros no cuestionamos la actividad privada que pueda realizar la esposa del presidente del Gobierno. Lo que cuestionamos es que las decisiones del presidente puedan beneficiar a determinadas empresas y eso podría ser constitutivo de delito», subrayan los populares hablando aquí de un posible tráfico de influencias.

Además, el PP viene exigiendo a Sánchez que dé explicaciones públicas sobre los motivos por los que no se abstuvo en esos consejos de ministros, mientras el presidente socialista guarda silencio.