El PP cerca al Gobierno en el Congreso por usar el secreto oficial para blindarse en el ‘caso Ghali’

El Partido Popular reclama al Gobierno información sobre la entrada furtiva del líder del Frente Polisario Brahim Ghali en España.

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado varias preguntas por escrito en el Congreso de los Diputados en las que requiere conocer «por qué el Gobierno se niega a esclarecer los hechos promovidos en el Consejo de Ministros que finalmente hicieron efectiva la entrada del señor Ghali en España».

Además, reclama saber si «el Ejecutivo conoce las razones por las que se niega la ex ministra de Exteriores a dar esa información en los tribunales y por las que presenta como impedimento para hacerlo la Ley de Secretos Oficiales».

El lunes, Laya se amparó en un acuerdo del Consejo de Ministros, de 15 de octubre de 2010, sobre política de seguridad de la información del Ministerio de Asuntos Exteriores -por el que se clasifican determinadas materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales- para evitar señalar a otros miembros del Gobierno en el proceso por el que se autorizó la entrada en España del líder del Polisario.

Laya rechazó así responder al magistrado Rafael Lasala sobre quién o quiénes acordaron la entrada de Ghali el pasado 18 de abril en la Base Aérea de Zaragoza.

En su declaración, la ex ministra admitió que no se le requirió documentación alguna, algo que justificó en base a la confianza mutua entre países.

El magistrado investiga si la llegada de Ghali fue conforme a la legalidad. El líder polisario llegó a España en un avión medicalizado, acompañado por al menos otra persona, para que le trataran del Covid severo que padecía. Ghali fue tratado en el hospital San Pedro de Logroño.

El juez citó a la ex ministra tras escuchar en sede judicial a su ex jefe de gabinete Camilo Villarino. El diplomático reveló que su entonces superior sabía que la persona que iban a recibir en España era Brahim Ghali, investigado por presuntas torturas, desapariciones, secuestros y asesinatos perpetrados contra 281 ciudadanos españoles. En el Ministerio de Exteriores sólo conocían este asunto la entonces ministra y Villarino porque se trató con «máxima discreción».

«Coartada»

Ahora, en vista del secretismo oficial, el PP lanza su ofensiva a través del Congreso, preguntando al Gobierno si existieron «instrucciones» a Laya para no dar información al juez.

Los populares preguntan, además, si la Ley de Secretos Oficiales «está para proteger los intereses del Estado o el Gobierno interpreta que está para proteger los intereses del Gobierno».

«¿Ha dado el Gobierno alguna instrucción, sea por escrito o de mandato verbal, a la Abogacía del Estado para que utilice esta argucia de invocar dicha ley para evadirse del control de la Justicia?», preguntan desde el PP.

La formación de Pablo Casado requiere además conocer «por qué no contestó el presidente del Gobierno sobre este particular cuando se le preguntó en la sesión de control» y si «lo ocultó deliberadamente». «¿Desconocía que esa iba a ser la coartada o estrategia de defensa que iba a plantear la ex ministra de Exteriores para exonerar su propia responsabilidad o la de su demandante?», añaden.