La Policía Nacional y la Guardia Civil no pudieron contar con Pegasus para frenar a los golpistas el 1-O

La Generalitat separatista de Cataluña equipó a grupos de Mossos d’Esquadra con equipos y programas de espionaje similares a Pegasus. No era el polémico Pegasus, sino el italiano RCS 9 Galileo, otro sistema de espionaje de móviles y terminales electrónicos. Y la Policía Nacional y Guardia Civil han tenido que investigarlo sin contar con elementos similares. Sin poder usar el Pegasus, en poder nacional. Una lucha totalmente asimétrica cuando se lucha con una organización política que pretendía dar un golpe de Estado. .

Grupos de Mossos también han espiado los teléfonos móviles de políticos y periodistas gracias al programa italiano RCS 9 Galileo, un sistema de prestaciones similares al Pegasus elaborado por los israelíes. Los separatistas no han dejado de clamar contra el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), pero impulsaron en la comunidad que gobiernan innumerables operaciones secretas de los Mossos contra dirigentes del Partido Popular, Cs y grupos constitucionalistas.

Desde 2013, como ha publicado OKDIARIO, los correos desvelados por Wikileaks han retratado cómo el Gobierno catalán inició las negociaciones con la empresa italiana Hacking Team para hacerse con el uso del sistema de interceptación telefónica Galileo. Los golpistas preparaban el primer referéndum ilegal del año 2014 y necesitaban tener información privada de sus contrincantes políticos, que defendían el cumplimiento de la Constitución española. Y la vía elegida fue el espionaje.

Como se demuestra en los papeles de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, el primer intermediario de la Generalitat en contactar con los propietarios del programa Galileo fue el subinspector de los Mossos Tomás Copete Vidal, que ocupaba el cargo de jefe del Área de Medios Técnicos de la Comisaría General de Información de Mossos d’Esquadra, con base en la Avenida de la Paz de Sabadell.

Mossos

Copete, siguiendo las instrucciones de sus superiores, contactó con Hacking Team, una empresa tecnológica con sede en Milán y con delegaciones en Washington y Singapur, que se dedica a la distribución de herramientas de vigilancia e intrusión a gobiernos, agencias y cuerpos policiales. Por si fuera poco, los documentos incautados por la Policía Nacional a los Mossos cuando se disponían a destruir cajas enteras de pruebas el 26 de octubre de 2017 -recién realizado el segundo golpe separatista, el del 1-O- incluían los justificantes de pago con fondos reservados de toda una unidad de la policía autonómica centrada en el espionaje político: la UCRO.

“A lo largo del informe se detalla la numerosa documentación relativa a gastos reservados generados por las diferentes unidades centrales y regionales de la Comisaría General de Información” de los Mossos, señalaba el informe policial que fue entregado a la Audiencia Nacional. “Mención aparte merecen los numerosos gastos generados por la Unidad denominada UCRO (Unidad Central de Recursos Operativos)”, señalaba el mismo documento policial.

Se trataba de una verdadera policía política al servicio de la Generalitat. De una unidad “incardinada en la Comisaría General de Información de Mossos”, cuya “estructura y componentes no se han hecho públicos” nunca, y a la que “se le atribuyen las investigaciones de carácter más delicado”. Así lo resumió en su momento la Policía Nacional.

Se refieren los cuerpos de Interior a operaciones de puro espionaje político; a seguimientos a candidatos de los partidos constitucionalistas, principalmente PP y Ciudadanos; a la coordinación de furgonetas frente al domicilio particular de Alicia Sánchez Camacho para grabarla, tal y como ha adelantado OKDIARIO; o a la tenencia de vehículos espía equipados con material de hackeo de cuentas mail y teléfonos para acceder a las actuaciones de aquellos que desafiaban el nacionalismo, como también adelantó este diario. Operaciones en las que el gasto no tenía límite y de las que “aparecen centenares de impresos justificativos en diferentes cajas” del dispendio consentido y ordenado con el que operaban, como hoy mismo informará la Policía Nacional a la Justicia.

La Policía Nacional, de hecho, tuvo que buscar una furgoneta utilizada por los Mossos d’Esquadra repleta de equipos de espionaje. El vehículo no apareció tras aquellas investigaciones, pese a que las informaciones recabadas por la Policía apuntaban a la existencia, realmente, de dos furgonetas de estas características y tan sólo se encontró una. La que faltó, casualmente, era la que acumulaba más material y más sofisticado para los pinchazos y hackeo de teléfonos y mails.

La Policía conocía que todo el material de espionaje procedía de una compra cuyo importe se elevó a 15 millones de euros. Que dentro del inventario de esa adquisición figuró material informático de intervención telefónica de última generación; programas de introducción de virus troyanos para poder vaciar y monitorizar equipos informáticos y teléfonos; y las dos furgonetas citadas dentro de las que iba montado el material.

La unidad de los Mossos encargada y receptora de estos equipos era la UCRO (Unidad Central de Respuesta Operativa), una sección de la policía autonómica que suscitó durante mucho tiempo los temores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por las sospechas de que se trataba de una unidad centrada en funciones no puramente policiales, sino de espionaje de contenido político.

Y, frente a ello, las labores de la Policía Nacional y de la Guardia Civil siempre se desarrollaron sin acceso a este tipo de programas de espionaje. Una lucha desigual que acabó con buena parte de las pruebas en una incineradora o desaparecidas.