Podemos se suma a PNV, Bildu y separatistas para obligar a los funcionarios a saber euskera y catalán

El Congreso de los Diputados debatirá en su próximo Pleno una proposición no de ley suscrita por Podemos, Bildu, PNV y los separatistas catalanes, entre otros, para «poner fin a la imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal» y obligar a los funcionarios a saber euskera o catalán, según su comunidad, para acceder a la plaza.

La formación de Pablo Iglesias, pese a formar parte del Gobierno de España junto al PSOE, suscribió esta iniciativa con los independentistas, nacionalistas y proetarras el pasado mes de diciembre y la respaldará ahora en el debate plenario de la Cámara Baja.

En concreto, el texto de esta iniciativa que defenderá desde la tribuna el portavoz adjunto de Bildu, Oskar Matute, quiere que el Congreso inste al Ejecutivo socialcomunista a «garantizar el deber de conocimiento por parte del funcionariado que preste servicios en territorios con lengua propia, así como impulsar las medidas adecuadas para extender el conocimiento generalizado de las lenguas en sus respectivos territorios».

En la misma línea, otro de los puntos de la parte dispositiva llama a «iniciar todas las acciones para que las lenguas propias distintas del castellano gocen del mismo reconocimiento y sus hablantes de los mismos derechos y deberes que se reconocen al castellano».

«Mérito, sí»

Sin embargo, hace un año, el Gobierno de Pedro Sánchez, del que Podemos forma parte, ya cerró el paso a la exigencia de los nacionalistas de obligar a los funcionarios de la Administración General del Estado en País Vasco y Cataluña a saber euskera o catalán, respectivamente.

En una sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso el 19 de febrero de 2020, la entonces ministra de Función Pública y Política Territorial, Carolina Darias, hoy titular de Sanidad, señaló al grupo del PNV, liderado por Aitor Esteban, que el conocimiento de las lenguas cooficiales «nunca puede ser un requisito» para el acceso a un puesto como funcionario del Estado, «aunque sí un mérito». Junto a ello, Darias se comprometió a impulsar medidas para «proteger el patrimonio lingüístico» también en la Administración General del Estado.

La ministra contestó así en el Pleno del Congreso a una pregunta de la diputada del PNV Josune Gorospe, con la siguiente literalidad: «Hace una recomendación urgente de fomentar el uso del euskera en la Administración General del Estado en Euskadi, de ahí la pregunta, ¿qué planes tienen?», lanzó la parlamentaria nacionalista a la ministra.

Ante ello, Darias manifestó que el Instituto de Administración Pública (INAP) ofrece formación a los funcionarios del Estado, pero al mismo tiempo subrayó  que el conocimiento de estas lenguas «nunca debe ser requisito para el acceso a la función pública; un mérito, sí». Por su parte, Gorospe replicó a la ministra que el dinero que destina el Estado a esta cuestión son «migajas» para «maquillar la situación».

Asimismo, el texto de esta proposición no de ley, que suscribió ERC en un principio, pero del que retiró después la firma, aboga por «poner fin a la imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal, que afecta de manera frontal al ámbito económico y singularmente al etiquetado, y emprender una política decidida para acabar con las discriminaciones lingüísticas y para difundir el conocimiento y el respeto por todas las lenguas del Estado».

«En paridad»

En otro de sus puntos, el texto pretende que el Congreso emplace al Gobierno a «garantizar la igualdad lingüística, extendiendo deberes y derechos de los que hasta ahora solo se ha beneficiado el castellano, como son la capacitación en lenguas propias del personal de todas las administraciones públicas, incluida la de Justicia, su uso generalizado en las páginas oficiales y su reconocimiento a nivel internacional en paridad con el castellano».

En la exposición de motivos de la polémica iniciativa sobre el catalán y el euskera, Podemos, PNV, Bildu y los separatistas sostiene que «este Estado, que parte de una tradición monolingüe en la administración central, debe ser consciente de la situación de discriminación a la que han sido sometidos los hablantes de estas lenguas y generar políticas activas de recuperación de su dignidad y autoestima que permitan el ejercicio efectivo de sus derechos lingüísticos». Los independentistas catalanes hablan aquí de «discriminación» hacia el catalán, como si la realidad no fuera justo lo contrario en las aulas de esta comunidad.

Además, inciden en que presentan esta PNL para «garantizar una sociedad justa, realmente plural y democrática, con derechos y deberes efectivamente iguales para todos y no solo para aquellos que utilizan el castellano». Precisamente, Podemos, que estampó su firma por medio de la diputada Sofía Castañón, portavoz adjunta, mantiene que en España no existe «normalidad democrática».