Podemos recoloca en el Congreso a una activista de la productora que pidió 55.000 € de la caja B

Podemos ha recolocado en el Congreso de los Diputados como asesora a una activista vinculada a la productora que pidió 55.000 euros de la ‘caja B’ de la formación morada. El Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) ha recogido el nombramiento de Irene Elina Lingua como personal eventual del grupo parlamentario de Unidas Podemos-En Comú-Galicia en Común en la Cámara baja.

En concreto, este nombramiento como «asistente técnico», con fecha de 11 de enero de 2021, aparece propuesto por el portavoz del grupo, Pablo Echenique, ex secretario de Organización del partido de Pablo Iglesias y actual responsable de Acción de Gobierno, Institucional y Programa. Elina había sido cesada el 1 de septiembre de 2020 como «asistente» en la Cámara baja, antes de que aflorara su nombre en la investigación policial.

Se da la circunstancia de que la Policía Judicial descubrió en la causa investigada por el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid que la asociación #404 Comunicación Popular que solicitó 55.000 euros a la presunta ‘caja B’ de Podemos está formada por miembros del propio partido. OKDIARIO publicó un informe policial donde se detallaba el equipo de trabajo que opera tras esta productora, después de que fuera citada dentro de la presunta trama de financiación irregular de Podemos por el ex abogado del partido José Manuel Calvente.

El informe elaborado por los agentes de la Unidad de la Policía Judicial adscrita a los Juzgados de Madrid puso en conocimiento del juez un listado con las personas que están detrás de esta productora, respondiendo así a la solicitud del magistrado que les encomendó «realizar las gestiones oportunas encaminadas a determinar la persona físico-jurídica que bajo la denominación #404 Comunicación Popular» solicitó una importante cantidad de dinero a la llamada Caja de Solidaridad de Podemos, creada en 2018 por iniciativa de Rafael Mayoral como secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular del partido.

Los investigadores indicaron que habían consultado al Registro Nacional de Asociaciones con el fin de que se aportaran los datos relativos a las personas que fundaron dicha asociación. En el Acta Fundacional de #404 Comunicación Popular aparecían los nombres de Patricia García Herrero, como presidenta de la asociación; José Martínez Coy, vicepresidente; Diana Peinado Serrano, secretaria; Jonathan González García, primer vocal; y Francisco Javier Bermúdez Díaz, segundo vocal.

Además, en el documento de 22 folios los agentes detallaron que habían descubierto a través de fuentes abiertas a otras cinco personas que formaban parte activa de la Asociación #404. El primero de ellos era Cristian Luis Navarro Marrero, identificado como asistente Local (en España) de la agrupación de Podemos en el Parlamento Europeo. Y también aparecía aquí el nombre de Irene Elina, que ya formó parte del grupo Podemos en el Congreso como asistente en anteriores legislaturas. Asimismo, el informe citaba a Alejandro Zapico y Francisco Miguel Morales Villalba.

Administración desleal

El pasado octubre, el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid que dirige Juan José Escalonilla archivó esta parte de la causa en la que se investiga la presunta financiación irregular de Podemos, ordenando el sobreseimiento provisional en relación con el delito de administración desleal de la ‘Caja de Solidaridad’ del partido de Pablo Iglesias, que sigue imputado, no obstante, en lo relativo a la pieza de Neurona.

La denuncia fue realizada por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente que, entre otras cuestiones, apuntó a una presunta administración desleal de los fondos de la ‘Caja de Solidaridad’ de Podemos por parte de Rafael Mayoral, ya que no habría sido utilizados para los fines propios para los que se constituyó, sino para pagar a un miembro de Podemos.

En concreto, fue aquí donde Calvente señaló una petición de 50.000 euros que hizo #404 Comunicación Popular a la ‘Caja de Solidaridad’ de la formación de Iglesias. El juez Juan José Escalonilla no pudo confirmar en sus diligencias si esa solicitud se autorizó pero sí confirmó que los morados hicieron al menos tres transferencias de 10.000 euros a dicha asociación y que está integrada en su mayoría por miembros de Podemos.

Sin embargo, Escalonilla consideró que»no resulta anómalo o extraño que el numerario de la Caja de Solidaridad sea destinado a fundaciones o movimientos cercanos al partido político Podemos, e incluso como en el caso de autos formado por miembros de dicho partido que desarrollen actividades propias de las contempladas como subvencionables por dicha Caja de Solidaridad», según el auto del pasado octubre.

El caso Neurona

No obstante, las pesquisas continúan respecto a un contrato de 363.000 euros entre la consultora mexicana Neurona y Podemos para las elecciones generales del 28 de abril de 2019. En una reciente resolución manteniendo la imputación del partido de Iglesias, el titular del Juzgado de Instrucción número 42 ha expuesto que «es objeto del presente procedimiento la presunta comisión por parte de cargos ejecutivos de Podemos de un delito electoral tipificado en el artículo 150 de la LOREG, al existir indicios de la distracción de dinero de la cuenta electoral designada para las elecciones del 28 de abril de 2019 para un fin distinto al propio».

Además, el magistrado señala que «existen indicios de que el contrato suscrito por dicho partido político y la sociedad Neurona Comunidad S.L. en fecha 25 de febrero de 2.019 se trató de un contrato simulado, en cuanto no obedeció a prestación de servicio alguno por parte de dicha mercantil, teniendo como finalidad la de desviar el dinero pagado por dicha formación política en base a dicho contrato a una sociedad mejicana, concretamente a Creative Advice Interactive», vinculada a Neurona Consulting.