Podemos pone precio al pacto con Sánchez: sueldo mínimo de 600 a 1.200 € para 10 millones de personas

Podemos acaba de poner precio a su futuro pacto de gobernabilidad nacional con el PSOE: un sueldo mínimo de entre 600 y 1.200 euros para toda persona con ingresos reducidos y que lleve viviendo en España más de seis meses. La carta a los Reyes Magos no acaba ahí: cada hijo dará derecho a otra percepción de dinero, de entre 1.200 y 1.500 euros al año.

Podemos asegura que el coste de esta medida sería de 18.000 millones de euros, un cálculo que llama la atención porque su propio partido en 2014 con un anuncio parecido -una renta básica de 1.000 euros- que más tarde escondió, admitió que el coste podría elevarse a 145.000 millones de euros.

Los de Iglesias cuenta ya con el articulado de esta futura norma. Lo han dejado, de hecho, registrado en el Congreso de los Diputados para que el futuro Gobierno se lo encuentre en el Parlamento -puesto que los morados quieren gobernar con el PSOE, el receptor del mensaje es el partido de Pedro Sánchez en caso de seguir en La Moncloa-.

No se trata de una proposición no de ley, sino de materia legislativa pura y dura: es decir, de obligado cumplimiento tras ser aprobada. Además, el propio articulado haría perder el control de los pagos al Gobierno: se regula un Observatorio que contaría con presencia ajena al Gobierno -obviamente Podemos pretende colarse en ese observatorio- y ese organismo exigiría los pagos.

En resumidas cuentas, que si el PSOE quiere gobernar con Podemos deberá saber que llevará una bomba de relojería financiera a la espalda que hará quebrar los presupuestos españoles y dinamitar el control del déficit exigido por Bruselas año tras año.

El texto señala que lo mínimo que debe cobrar una persona es el equivalente “al umbral de riesgo de pobreza”: el 60% de la mediana de la renta disponible. “La cuantía de la prestación por hijo a cargo debe alcanzar los 1.200 € al año por menor” y “la cuantía que se reconoce a los hijos menores de 18 años o menores a cargo que tengan una discapacidad igual o superior al 33%, o que vivan en hogares monoparentales (aplicando los umbrales de ingresos especificados), se incrementa a 1.500 euros en ambos casos”.

Además, “con objeto de evitar inconsistencias y trato inequitativo entre diferentes prestaciones de garantía de ingresos mínimos, se procede a revisar al alza la cuantía de las pensiones no contributivas, de modo que su cuantía básica se equipare siempre a la establecida para la nueva prestación de suficiencia de ingresos”, que oscilará entre los 600 y los 1.200 euros al mes.

Si el PSOE quiere gobernar con Podemos llevará una bomba de relojería financiera que hará quebrar los presupuestos españoles

La nueva prestación se dirige a «garantizar la cobertura de las necesidades básicas de las personas cuyos ingresos no alcancen los umbrales mínimos necesarios para una calidad de vida adecuada, y se configura, al igual que el resto de prestaciones económicas de la Seguridad Social, como un derecho subjetivo para quienes cumplan los requisitos establecidos en dicho capítulo”, aclara el texto de Podemos.

El articulado deja claro que se trata de una prestación mensual y renovable anualmente siempre que se mantengan en el tiempo los requisitos y condiciones que originaron el derecho a su percepción. Que crecerá cada año: “Se establece un mecanismo de actualización automática de la cuantía de la prestación utilizando el mejor de los indicadores de entre la variación del Índice de Precios al Consumo y el salario mediano, estimados por el INE». Y, por supuesto que lo pagarán todo el resto con impuestos: «Dado que la prestación de suficiencia de ingresos se configura como una prestación de derecho subjetivo enmarcada en el nivel no contributivo de la Seguridad Social, su financiación debe garantizarse con los impuestos generales”.

Una limitación mínima

La limitación para cobrar el sueldo público es mínima. Tendrán derecho a la prestación de suficiencia de ingresos las personas que carezcan “de rentas o ingresos suficientes” y sean mayores de edad o menores de edad emancipados y no hayan alcanzado la edad de jubilación; que residan legalmente en territorio español y lo hayan hecho de forma ininterrumpida durante los seis meses anteriores a la fecha de la solicitud de la prestación, o que demuestren un mínimo de tres años de residencia efectiva continuada.

Además, “estos períodos de residencia previa no serán exigibles a las personas víctimas de trata de seres humanos ni a las víctimas de violencia de género”.

Para todos ellos la clave será su falta de ingresos. Y para eso “se considerará que existen rentas o ingresos insuficientes cuando la suma, en cómputo anual, de los mismos sea inferior al importe, también en cómputo anual, de la prestación [los mencionados 600 a 1.200 euros mensuales, dependiendo de las circunstancias individuales]”.

Y, por si fuera poco, toda esta montaña de dinero será imperativa y sin control del Gobierno. Porque, como detalla el texto, mandará sobre esos fondos un Observatorio ajeno al control del PSOE si llega al poder y que pretende ser diseñado e invadido por Podemos: “El Gobierno, a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de las disposiciones legales necesarias, dotará al Observatorio del Sistema de Garantía de Rentas de todos los medios y del presupuesto suficiente para llevar a cabo todas las acciones mencionadas en esta disposición adicional”.