Podemos exige castigar a las eléctricas que corten la luz en plena crisis energética por la invasión

Podemos acaba de registrar en el Congreso un documento con un delicado punto final: la exigencia a su propio Gobierno de la prohibición de los cortes de luz por parte de las compañías eléctricas. Lo hace en plena crisis energética provocada por el ataque de Rusia a Ucrania. Y justo cuando las tensiones del mercado de gas -empleado en España para generar electricidad- se disparan.

El párrafo en cuestión se tramita como proposición no de ley. Y se ha registrado ya en plena invasión rusa de Ucrania. El texto reclama al Gobierno del que el partido morado forma parte que impulse “una normativa que prohíba expresamente los cortes del suministro eléctrico generalizado, incluyendo mecanismos para investigar las prácticas de las compañías eléctricas en aquellas zonas donde no garanticen el acceso al suministro eléctrico y fijando un régimen sancionador que logre disuadir a las compañías de la realización de dichas prácticas”.

La explicación a esta exigencia de Podemos se basa, según los mirados en la Carta Magna: “El artículo 47 de la Constitución Española reconoce el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada e impone seguidamente a los poderes públicos el deber de promover las condiciones necesarias que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos”.

Podemos argumenta, además, que “el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en su Observación General número 4, ha determinado que el contenido del Derecho a la Vivienda Adecuada incluye el acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia”.

Por todo ello, Podemos señala que “el acceso a suministros básicos como el agua, la electricidad o el gas en el hogar es una condición sine qua non para el desarrollo de una vida en condiciones de dignidad” y “el suministro de electricidad es, en definitiva, un servicio esencial, básico y de interés general, imprescindible para el desarrollo de la vida cotidiana de las personas”.

Los de Ione Belarra afirman que “a pesar de que el acceso a la energía debería estar garantizado, tal y como está establecido en el ordenamiento jurídico español e internacional, hay en España al menos una docena de barrios y asentamientos en los que de manera constante —y en algunos casos desde hace años— se vienen produciendo interrupciones en el suministro eléctrico”.

Podemos recuerda las zonas de “la Cañada Real Galiana (Madrid); el Distrito Norte (Granada); la Font de la Pólvora (Girona); el Puche, la Chanca y el Quemadero (Almería); Sant Ro (Badalona), o el Polígono Sur (Sevilla)”, porque, “en dichos lugares, las compañías eléctricas están procediendo a la interrupción del suministro de forma periódica o permanente, dejando sin electricidad a familias en una decisión justificada en supuestas razones de seguridad, que vinculan a las presuntas sobretensiones generadas por prácticas puntuales de cultivo de sustancias ilícitas”, afirma Podemos. La proposición se centra, por lo tanto, en los casos concretos de estos barrios.

Podemos reclama sanciones por ley

Sin embargo, las conclusiones legislativas -porque reclaman sanciones por ley- se extienden en el texto a todas las zonas y a cualquier corte de electricidad. Y lo hace cuando toda Europa se ha sumergido en una crisis energética provocada por el ataque de Rusia a Ucrania. Y cuando el gas, controlado en buena medida por Rusia o por Argelia -aliada de Rusia-, es empleado en España para generar electricidad.

Así, las exigencias de Ione Belarra a su propio Gobierno recogen “poner fin, en colaboración con las Administraciones públicas y empresas eléctricas, a los cortes de suministros básicos de forma general en zonas afectadas, y especialmente en aquellas socialmente vulnerables”. Y, además, “impulsar una normativa que prohíba expresamente los cortes del suministro eléctrico generalizado, incluyendo mecanismos para investigar las prácticas de las compañías eléctricas en aquellas zonas donde no garanticen el acceso al suministro eléctrico y fijando un régimen sancionador que logre disuadir a las compañías de la realización de dichas prácticas”.