Podemos pide ya nacionalizar todas las compañías eléctricas

A Podemos no le ha sentado nada bien que el Gobierno de Pedro Sánchez, del que son socios, haya pactado con las principales compañías eléctricas del país minorar el ‘sablazo’ de 3.200 millones con el que pretendían esquilmar los beneficios de las compañía. Tampoco le ha gustado la victoria política del PNV, cuya presión sobre Sánchez forzó a dicho acuerdo. Ahora, el partido en el Gobierno pide la nacionalización de las eléctricas, una vía de escape al alto coste electoral que supondrá para los de Belarra el impacto del recibo de la luz en todos los consumidores.

La línea ya está marcada. Podemos comienza a plantar de nuevo cara a Pedro Sánchez a costa del precio de la luz. Este viernes la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha pedido que se aplique cuanto antes el artículo 128 de la Constitución, que dice que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general». Pero lo que en realidad quiere Podemos es una nacionalización encubierta de un sector estratégico. En su Universidad de Otoño los dirigentes podemitas ya dejaron claro que había que crear una banca pública, así como una empresa de telecomunicaciones, una farmacéutica y, por su puesto, una compañía energética bajo control del Gobierno.

«Amenazaron con cerrar las nucleares para provocar el caos social. Vaciaron embalses y apagaron fotovoltaicas para manipular el precio. Ahora chantajean a España con provocar el cierre de la industria. Frente a un oligopolio eléctrico en desacato, artículo 128 de la Constitución», ha dicho Belarra este viernes.

Coste electoral

Pese a la convalidación del Real Decreto que contempla el ‘sablazo’ a los beneficios de las eléctricas, Podemos es consciente de que el acuerdo con dichas compañías alcanzado por la ministra de Industria, Teresa Ribera, y el presidente Pedro Sánchez no cumplirá con los objetivos que se había marcado el partido de Belarra.

Ante el alto coste electoral que puede suponer para ellos formar parte del Gobierno que es incapaz de bajar el precio de la factura de la luz y del gas, Podemos empieza a mover su aparato para poner tierra de por medio.

Pero lo cierto es que el Gobierno lo tiene difícil para cumplir lo que le exige Podemos. La presión ejercida por el PNV, advirtiendo a Sánchez que las decisiones improvisadas que han golpeado a la industria y a las eléctricas pueden seguir dañando el tejido económico, surtió un efecto inmediato. «Así caen gobiernos», advirtieron desde las formación nacionalista de la que depende que salgan adelante los Presupuestos Generales del Estado.

Además, Bruselas también ha dado un toque de atención a Pedro Sánchez. Las medidas adoptadas, además de dañar la seguridad jurídica en España, van contra la libre competencia. Y la UE no pasa por ese aro.

Bruselas alertó al Gobierno de Pedro Sánchez de que debía modificar su reforma de la ley eléctrica. La UE lanzó una serie de alertas que propiciaron también el cambio en una de las leyes más publicitadas por parte del Ejecutivo socialcomunista: la que pretendía rebajar el coste del recibo de la luz con cargo a los beneficios de las eléctricas. El primer toque llegó por regular un castigo fiscal a las eléctricas que provocaba la entrada de energía procedente de centrales térmicas francesas discriminando la energía verde española. Y la segunda, directamente, porque el esquema de confiscación de beneficios a las energéticas chocaba con la exigencia de libre competencia en el espacio comunitario al romper las reglas del juego y perjudicar a una serie de empresas.