Sánchez dará un hachazo de 3.200 millones a Iberdrola, Naturgy, Endesa y Acciona para abaratar la luz

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley para rebajar el precio de la factura de la luz que obligará a las compañías eléctricas a devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen, un importe que el Ejecutivo estima en 2.600 millones de euros. A esa cantidad hay que sumar los 650 millones de recortes a los que tendrán que hacer frente por otra ley que se tramita en el Congreso por los ingresos extra que están teniendo por el incremento de precios en los derechos de emisión de C02. En total, más de 3.200 millones.

Se trata de una de las ocho medidas que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes con el objetivo de frenar la preocupante escalada que los precios energéticos están experimentando en los últimos meses, como consecuencia del elevado precio en las cotizaciones internacionales del gas, que está asumiendo también la escalada en los costes del CO2.

«La proyección para los próximos meses dibuja una espiral sin precedentes que genera un efecto amplificador en el precio de la electricidad y que incide de manera sistémica en el bienestar de las familias y en el conjunto de la economía española», ha declarado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La reducción de los denominados ‘beneficios caídos del cielo’ no será permanente, sino que sólo se mantendrá hasta marzo de 2022, momento en el que el Gobierno espera que concluya el actual ‘rally’ en el precio del gas. Así, el Ejecutivo incide en que se trata de una medida temporal y extraordinaria para amortiguar una situación «excepcional y sin precedentes».

No obstante, el texto limita el efecto que esta medida tendrá en las comercializadoras, ya que solo tendrán en cuenta los beneficios por encima de los 20 euros/MWh –que es el precio medio del gas en los últimos años– y solo se detraerá el 90% de los ingresos extraordinarios. Durante estos seis meses, el sistema calculará cuál es el importe que el resto de energías más baratas asumen de la energía más cara, es decir, del gas, y las compañías eléctricas lo tendrán que devolver a un fondo gestionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo encargado de trasladar este recurso financiero adicional a la factura de la luz para reducir cargos.

Reducción de impuestos

Otras de las grandes medidas incluidas en este decreto es la rebaja al 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad, actualmente en el 5,1%,  que es el mínimo permitido por la regulación comunitaria. Al ser un impuesto cedido a las comunidades autónomas, el Ejecutivo analizará el impacto sobre los recursos de financiación autonómica para ver si es necesaria la aplicación de medidas compensatorias.

En materia de impuestos también se ha prolongado hasta fin de año la suspensión del Impuesto sobre el Valor de Producción de Energía Eléctrica, que normalmente grava con un 7% a la generación, y se ha aumentado en 900 millones de euros la aportación de la recaudación de las subastas de CO2 destinada a cubrir costes del sistema eléctrico, hasta los 2.000 millones durante el ejercicio.

Tope del 5% a la TUR del gas

Asimismo, se limitará la tarifa regulada de gas natural con un tope de alrededor del 5% durante cada uno de los dos siguientes trimestres, y se incentivarán las subastas de compra de energía a largo plazo, un mercado que está sin desarrollar en España y el decreto prevé darle mayor liquidez, beneficiando así al tejido industrial en plena recuperación económica.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprobará un calendario para estas subastas y la primera tendrá lugar antes de que acabe el año. Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP ofertarán 15.830 GWh, equivalentes al 6,3% de la demanda eléctrica nacional en 2020.

Sánchez adelantó la noche del lunes algunas de las reformas energéticas que se aprobarían el martes en el consejo de ministros, si bien no explicó con claridad en que consistirían y se limitó a señalar que se procederá a «detraer los beneficios extraordinarios de las compañías eléctricas para topar el recibo del gas y así reducir también el recibo de la luz», lo que ya ha afectado a las empresas energéticas que cotizan en la Bolsa española.

Según señalaron fuentes del mercado, por una parte, lo que pretende el Ejecutivo es limitar el encarecimiento de la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas durante los próximos dos trimestres. La TUR tiene dos modalidades dependiendo del consumo anual del usuario; la de la gran mayoría de los clientes «3.1» (con un consumo inferior a 5.000 KWH al año, que suele ser para cocinas particulares y el agua caliente de los domicilios) y la TUR 3.2, correspondiente a viviendas con calefacción y pequeños comercios, con un consumo superior a los 5.000 KWH.

Dependiendo de la evolución del mercado, el Gobierno fija el precio de la TUR del gas trimestralmente y, cómo se prevé una subida en los mercados de entre un 20% y un 30% en el precio del gas (hasta cerca de 60 euros por MWH), el Ejecutivo de Sánchez pretende que esta subida no llegue a los consumidores finales.

Así, subiría el precio de la TUR un 5% en lugar del 20% o el 30% estimado, aumentando el déficit de tarifa del gas y afectando especialmente a Naturgy y Endesa, los dos principales operadores de gas del mercado español.
Además, el Gobierno tomará otra severa decisión contra las eléctricas, ya que quiere recortar la retribución extraordinaria que reciben por el precio del gas a través de los ciclos combinados, que son los que fijan los precios en el mercado mayorista.

Sin olvidar que cerca del 70% de lo que se paga en el recibo de la luz por parte de los particulares corresponde a impuestos, es cierto que el precio de la electricidad en los mercados internacionales se encarece afectado por las pronunciadas subidas del precio del gas y del CO2. En este sentido, Sánchez también ha llevado al Congreso un Proyecto de Ley del dividendo del CO2 con el que se recorta lo que reciben en este concepto las centrales nucleares, las hidroeléctricas y determinados parques eólicos.

Se prohíben los cortes por impago

Respecto a la vertiente social, el decreto crea un suministro mínimo vital para consumidores vulnerables con Bono Social Eléctrico que permitirá extender durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes la prohibición de interrumpir el servicio por impago, garantizando una potencia mínima de 3,5 kW durante ese periodo.

La última de las ocho medidas hace alusión a una modificación del texto refundido de ley de aguas, que fijará nuevAs variables y reservas mínimas almacenadas para evitar impactos indeseados en medio ambiente, al mismo tiempo que se considera el desarrollo de actividades económicas sostenibles ligadas a dinamización de los municipios.

Todas estas medidas se suman a la actual reducción del IVA en vigor desde junio, que pasó a ser del 21% al 10%. El objetivo último del Gobierno es abaratar el recibo de la luz para los consumidores, de forma que en 2021 se pague, como mucho, lo mismo que se pagó en 2018, unos 600 euros anuales para un consumidor medio.

Así, el Gobierno calcula que este plan de choque permitirá rebajar en una horquilla que abarca desde el 47,2% (para los hogares) hasta el 24,5% (para la industria) la parte regulada de las facturas, porcentaje al que luego se le suma la menor presión fiscal por los tres impuestos modificados.