Podemos exige sacar a España del tratado mundial energético en plena guerra de Rusia

Ione Belarra
La ministra Ione Belarra firmando un documento. (Foto: EP)
Carlos Cuesta

España tiene una híper dependencia del gas de Argelia, aliada de Rusia. Recibe gas desde Francia procedente de Rusia. Tiene el precio final de la electricidad determinando por el coste del gas que viene de Rusia y Argelia -aliada de Putin-. Y, en ese contexto, se le ha ocurrido a Podemos plantear la salida de España del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), una alianza en la que se encuentran un total de 52 países, además de la UE.

En 1994 el Gobierno de España ratificó su entrada en el Tratado de la Carta de la Energía. De esa forma, España se sumaba al gran tratado multilateral destinado a la protección de las inversiones en el sector energético. El tratado integra, de este modo, a 52 países, además de la Unión Europea en su conjunto y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom).
Podemos ha registrado ya un documento en el Congreso para exigir a su socio de Gobierno, Pedro Sánchez, la salida de España de esta alianza.

“Firmado en un contexto en el que las necesidades energéticas eran completamente diferentes a las actuales, tres décadas después el TCE está teniendo un efecto devastador en gran parte de los países signatarios del Tratado, ya que restringe la capacidad legisladora de los Estados en temas clave como el impulso de la transición energética y el desarrollo de políticas sociales para reducir la pobreza energética”, afirma el partido de Ione Belarra.

Lo cierto es que el TCE es todo un seguro de vida para las empresas que lanzan sus inversiones a largo plazo en los países firmantes. Pero eso no le gusta a Podemos: “Además, está costando miles de millones de dinero público a las arcas de los estados. A través del mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés), los inversores extranjeros -con sede en un país signatario del TCE- pueden demandar a los Estados signatarios del Tratado si consideran que han legislado en contra de sus intereses económicos, presentes o futuros”, denuncia Podemos.

Las demandas, de ese modo, se dirigen a tribunales de arbitraje con el fin de acelerar las resoluciones de los conflictos y dar mayor seguridad jurídica a los inversores. Pero, claro, eso, a Podemos no le contenta. Porque el partido morado sigue pensando en sus nacionalizaciones de sectores clave. Y este tratado protege a las empresas de las ansias expropiadoras.

Podemos quiere pasos más rápidos aún en la implantación de energías verdes. De todas, menos de la nuclear, y considerado por la UE como verde. “Las recién aprobadas Ley de Clima de la UE y Ley de Cambio Climático y Transición Energética Española persiguen alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2050, un objetivo indispensable para lograr los compromisos adoptados bajo la firma del Acuerdo de París y el reciente Pacto de Glasgow”, señala Podemos.

Pero Podemos denuncia que “el TCE choca directamente con estos objetivos”. Porque “protege las inversiones relacionadas con actividades económicas en el sector energético de prácticamente cualquier tipo, tal y como indica su Artículo 1 (5). Esto incluye todas las fuentes de energía, así como cualquier aspecto relacionado con el suministro o la construcción de infraestructuras. Pero a efectos prácticos, son las inversiones en combustibles fósiles -petróleo, gas y carbón- las que están altamente protegidas bajo el TCE”, señala el partido morado.

Por todo ello, Podemos “insta al Gobierno a declarar la salida del Tratado de la Carta de la Energía, tal y como admite el art. 47 del Tratado”. A «promover la salida conjunta de los Estados miembros de la UE acordando previamente la abolición de la cláusula de supervivencia del TCE”. Y a “trabajar para frenar el proceso de expansión del TCE en otros países del Sur Global”.

Y todo ello lo plantea Podemos cuando se desata una guerra con claras repercusiones en la generación energética por el control del gas que mantiene Rusia. Y cuando más necesaria puede ser la garantía de seguridad jurídica para los inversores energéticos en un momento en el que el ataque de Putin a Ucrania puede desembocar en la necesidad de contar con fuentes de energía alternativas al gas, como, por ejemplo, la energía nuclear.

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