Podemos dice que el juez que investiga su financiación ilegal usa métodos propios de la «Alemania nazi»

Podemos ha puesto en marcha una campaña de ataques para desacreditar al titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que investiga la corrupción del partido que dirige el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

Tras tomar declaración al abogado José Manuel Calvente (al que Podemos despidió con una falsa acusación de acoso sexual para intentar silenciarle, como ha acreditado la Justicia), el juez ha imputado a Podemos como persona jurídica, al responsable de sus campañas electorales, Juanma del Olmo, al tesorero Daniel Frutos y a la gerente del partido, Rocío Val.

A través del diario digital que dirige la asesora de Pablo Iglesias Dina Bousselham, Podemos afirma que el juez Escalonilla utiliza métodos propios de la «Alemania nazi» en su investigación sobre la financiación ilegal del partido morado.

Una semana después de que el juez imputara a Podemos por los presuntos delitos de malversación y administración desleal, el diario de Dina publicó un artículo en el que afirma que Escalonilla está llevando a cabo una «investigación prospectiva» prohibida por el ordenamiento jurídico español y «vinculada al denominado Derecho Penal de autor, que no persigue hechos o actos delictivos concretos sino personas u organizaciones concretas, que convierte en sospechosas por ser quienes son».

Sí hay pruebas: más de 40 documentos

Y a continuación puntualiza, en referencia a la actuación del juez Escalonilla: «El Derecho Penal de autor es incompatible con el principio de legalidad penal y con la seguridad jurídica y está vinculado sobre todo a la Alemania nazi pero también a la España franquista, por lo que en las democracias está prohibido terminantemente, al menos en teoría».

Se trata por tanto de identificar al juez con el Franquismo, e incluso con la «Alemania nazi», para desacreditar la investigación que está llevando a cabo sobre la corrupción del partido morado. Desde entonces, y siempre utilizando el diario de Dina, Podemos ha lanzado todo tipo de bulos contra el magistrado.

Primero calificó de «escándalo» la «desaparición» de dos horas de grabación de la declaración prestada por José Manuel Calvente como testigo, que constituía hasta el momento la principal prueba del proceso. Era mentira, no había desaparecido nada. Por un error, el Juzgado tan sólo había entregado a Podemos los primeros 40 minutos del testimonio pero, unas horas después, puso a su disposición la grabación entera.

Luego Podemos denunció otro «escándalo»: según el partido morado, el juez ha puesto en marcha la investigación sin ninguna prueba, basándose en simples «rumores». Podemos vuelve a mentir: José Manuel Calvente ha entregado al juez más de 40 documentos que acreditarían los delitos de los que tuvo conocimiento durante su etapa como miembro del equipo jurídico del partido morado.

Más tarde el diario de Dina ha acusado a Calvente de violar el secreto profesional al que estaba sujeto como ex abogado de Podemos. Pero el propio partido de Pablo Iglesias liberó a Calvente del secreto profesional, al despedirle con una falsa acusación de acoso sexual. Según la Ley, ahora Calvente tiene derecho a defenderse de esa falsa acusación, demostrando que en realidad le despidieron por descubrir graves irregularidades en su contabilidad.

Agotados todos estos cartuchos, el diario de Dina ha convocado ahora una encuesta entre sus lectores para preguntarles si Podemos debe poner una denuncia por prevaricación contra el juez Escalonilla.

En su auto dictado el pasado 30 de julio, el magistrado ha pedido a la Seguridad Social que acredite cuántos trabajadores tiene la consultora Neurona Comunidad y ha citado a declarar como testigo a su administrador en España, Elías Castejón Hernández (quien como desveló OKDIARIO aparece en los Papeles de Panamá porque ha creado varias sociedades en aquel paraíso fiscal).

Podemos pagó 401.720 euros a la consultora Neurona (que no tiene ningún empleado en España) supuestamente para que diseñara su campaña de las Elecciones Generales del 28 de abril de 2019. De este dinero, 308.257 euros fueron transferidos inmediatamente a una cuenta en México. Según la documentación que Calvente ha entregado al juez, Podemos había redactado el contrato un mes antes de que la sociedad Neurona Comunidad quedara constituida en España. Además, según el Registro Mercantil el objeto social de esta empresa es «toda clase de actividades de inversión mobiliaria», lo que no le faculta para prestar ningún servicio de asesoramiento político.

La comisión de la tía de Iglesias

El juez también ha citado como testigo al arquitecto que diseñó la reforma de la nueva sede de Podemos, comprada con dos millones de euros al contado. Como ha informado OKDIARIO, Podemos convocó un simulacro de concurso para contratar las obras de reforma, pero en realidad los trabajos se iniciaron antes de que hubiera terminado el plazo para la presentación de ofertas. Podemos licitó la obra por 600.000 euros, pero la adjudicó por el doble: 1,2 millones. El juez investiga si la dirección del partido hinchó artificialmente el contrato, para que alguien se quedara con parte del dinero.

OKDIARIO ha desvelado que en la compra de la sede intervino como agente inmobiliaria la tía de Pablo Iglesias, Paloma Pérez-Marín Turrión, quien se embolsó así una comisión de 72.600 euros. El tesorero de Podemos (ahora imputado) y la tía de Pablo Iglesias también intervinieron en la compra de la mansión de Galapagar del vicepresidente del Gobierno y su pareja, la ministra de Igualdad Irene Montero.

El juez Escalonilla también investiga el trasiego de dinero público entre Podemos y la cooperativa Kinema, fundada por Rafa Mayoral. Ya en 2017, OKDIARIO informó de que la cooperativa de Mayoral había duplicado sus ingresos en un solo año, hasta los 1,4 millones de euros, gracias a los contratos que Podemos le adjudicaba con dinero público. Estos son sólo tres de los presuntos fraudes que el juez Escalonilla investiga en la contabilidad del partido morado.