El PNV exigirá a Sánchez desclasificar documentos secretos de la ‘guerra sucia’ de los gobiernos de González

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha presentado este miércoles su programa electoral para las generales del 28-M. El documento avanza también las reclamaciones que, en su momento, pondrán sobre la mesa para negociar su apoyo a un eventual gobierno de Pedro Sánchez. Entre ellas, los nacionalistas consideran urgente desbloquear su propuesta de reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 1968, encallada en el Congreso y que supondría desclasificar ya de manera automática archivos secretos de la etapa de Felipe González. Y, en los sucesivos años, documentos especialmente sensibles para los socialistas, relativos a la ‘guerra sucia’ contra ETA y los GAL.

Para el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, se trata de un asunto de máxima prioridad, al nivel de la derogación de la ‘ley mordaza’ -otra de las promesas incumplidas de los socialistas- o la regulación de la eutanasia. «No puede ser que todo sobre lo que queramos informarnos sea clasificado, secreto y que cuando se hable de ellos todo sean loas, nunca una crítica. Hace falta más transparencia, el PSOE tiene miedo a renovarla, es una ley de la época franquista», arengó Esteban, en la presentación del compendio programático.

La iniciativa presentada por el PNV para reformar la Ley de Secretos Oficiales data de 2016. Desde entonces, su tramitación se ha visto empantanada, primero, por las sucesivas prórrogas de enmiendas solicitadas, entre otros, por el PSOE y, después, por la convocatoria anticipada de elecciones. La proposición se encontraba desde marzo del año pasado en el trámite de elaboración de informe en la Comisión Constitucional del Congreso. 

En concreto, la reforma que promueve el partido vasco insta a desclasificar de manera automática los documentos con información secreta a los 25 años,  y a los 10 en el caso de materias reservadas. Es decir, obligaría a revelar de forma instantánea, este año, archivos secretos anteriores a 1994. Por tanto, correspondientes a los gobiernos de Felipe González. El Ejecutivo sólo podría frenarlo mediante una exposición debidamente motivada, que permitiría ampliar ese plazo a diez años como máximo.

Bloqueo socialista

La iniciativa contó con el apoyo del PSOE para su toma en consideración. El año pasado, en cambio, los socialistas presentaron varias enmiendas con las que pretendían bloquear en cierto modo dicha desclasificación. El PSOE planteaba que las informaciones clasificadas que, a la entrada en vigor de la ley, «hubiesen superado el plazo de 25 años» mantendrían dicho carácter secreto, por ley, «por un único periodo adicional e improrrogable de 10 años». Es decir, hasta 2029 -considerando las fechas actuales- no podrían ser desclasificadas.

Ya siendo Sánchez presidente, el socialista se mostró dispuesto a aceptar la reclamación del PNV para levantar el secreto de los documentos y ofreció a Esteban «debatir y acordar» sobre un plazo más o menos largo los términos de la desclasificación automática.

«¡Déjese tanto de comisiones de la verdad y abramos los archivos, porque si no es muy difícil que conozcamos la verdad!», le espetó el portavoz peneuvista, en un Pleno en el Congreso.

En sus enmiendas, los socialistas apoyaban -como planteaba la iniciativa- que la clasificación correspondiese «exclusivamente» al Consejo de Ministros. La calificación como «secreto» y «reservado», añadía, «deberá ser motivada y no versará sobre una materia genérica, sino que se realizará con carácter específico para cada asunto, acto, documento, información o datos que merezcan dicha protección».

El uso del Falcon

Ello afectaría, por ejemplo, a la consideración de materia clasificada que Sánchez atribuye actualmente a sus polémicos viajes en Falcon y otros medios oficiales.

El Gobierno se ha amparado, en reiteradas ocasiones, en esta ley franquista para no revelar cuánto cuestan esos desplazamientos, sean oficiales o privados, como el viaje a La Rioja para asistir a la boda de su cuñado o a Benicassim para disfrutar de un concierto de The Killers, uno de sus grupos favoritos.

La consideración de reservada de dicha información ha sido ampliamente discutida.

«Los informes sobre movimientos de aeronaves militares, como los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidas a la misma y, en concreto, los informes y datos estadísticos sobre movimientos de fuerzas, buques o aeronaves militares, tienen la consideración de materia clasificada, en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, en relación con la Ley 9/1968 de 5 de abril, reguladora de los Secretos Oficiales y modificada por la Ley 48/1978, de 7 de octubre», ha sido siempre la respuesta de La Moncloa, para negar cualquier información al respecto.

Con las enmiendas presentadas por el PSOE, no valdría aplicar en este caso la calificación genérica de reservada atribuida a «movimientos de aeronaves militares», sino que el Consejo de Ministros tendría que decretar específicamente dicha condición sobre el coste de los viajes del presidente del Gobierno en medios oficiales.

Cabe recordar que, tras las sucesivas polémicas por los desplazamientos del presidente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno advirtió a Sánchez sobre el uso excesivo del secreto oficial. El organismo decretó que los viajes eran de interés público, además de estar pagados por dinero público y, por tanto, debían publicarse los datos relativos a su coste, así como sus acompañantes, entre los que ha figurado, en distintas ocasiones, su mujer Begoña Gómez.

«No podemos entender que partimos de una clasificación previa de la información relativa al viaje desarrollado y que, por lo tanto, no pudiera proporcionarse los datos de los participantes en el mismo», resolvió el Consejo a una reclamación del asesor del PP, Luis Salom. El organismo avisó de que «los gastos de viajes de los miembros del Gobierno constituyen información de carácter económico y se nutren de partidas presupuestarias establecidas en los presupuestos generales del Estado; es pues dinero público y su manejo y destino debe ser conocido por la ciudadanía».