El plan oculto del PSOE para Cataluña: «Nación», perdón de la deuda y 5.000 millones más al año

El PSOE ha criticado abiertamente las legítimas cargas policiales del 1-O. Ha criticado el separatismo, pero reclamando una solución “política”. Un “diálogo” con los golpistas para que, como afirmó en la última interparlamentaria, “no haya ni vencedores, ni vencidos”.

Porque los socialistas tienen ya definida su hija de negociación. La declaración unilateral de independencia podría alterar los tiempos de esa negociación. Pero no las líneas básicas del contenido porque está ya definido. Y, desde luego, es ampliamente generoso.

Los regalos para calmar a los separatistas incluirían una salida para la quiebra de Cataluña

El PSOE de Pedro Sánchez lleva meses trazando esta ruta negociadora. Lo ha hablado con la nueva Ejecutiva. Y se apoya en la Declaración de Granada, en un nuevo modelo de financiación que incluye, en mayor o menor grado, el principio de ordinalidad, y, por supuesto, en la creación de una ruta penal “asumible” para los posibles condenados por el golpe de estado de la Generalitat, como señala una fuente socialista conocedora de las conversaciones mantenidas hasta el momento en la cúpula del PSOE.
Los regalos para calmar, supuestamente, a los separatistas incluirían en primer lugar una salida para la quiebra de facto en la que se encuentra Cataluña.

José Luis Ábalos es uno de los defensores de este primer punto. E incluye, no sólo un nuevo aumento de la inversión destinada a esta región, sino también la conversión de la deuda autonómica en deuda puramente nacional. Es decir, lo que se conoce como mutualizar la deuda catalana: diluir entre todo el territorio español una montaña que, hoy por hoy, supera los 75.000 millones de euros.

La argumentación exterior ya ha sido esgrimida en ocasiones por Ábalos: “El Estado debe contribuir a resolver (la deuda) para que no se colapse la institucionalidad en Cataluña y que pueda atender los servicios que presta». El plan, por supuesto, supondría mantener un plan de facilidades financieras con cargo a las arcas nacionales hasta que las supuestas dificultades de financiación de Cataluña se solventasen.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha incluido otros puntos. Uno de ellos pensado precisamente para evitar que este agravio comparativo suponga una fuerte detracción de recursos para el resto de territorios. O, mejor dicho, para el resto de ciudadanos que vivan en las comunidades donde ellos tienen fuerte captación de voto: que el nuevo modelo de financiación incluya entre sus índices correctores la tasa de paro y de envejecimiento de la población de las comunidades autónomas. La inclusión de una compensación por tasa de paro significaría una dotación de recursos extra para Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha, algunos de sus feudos clásicos y donde se concentra la oposición interna a Sánchez en el PSOE.

El PSOE también quiere basar su oferta negociadora al separatismo en la Declaración de Granada de 2013. Y ahí se circunscribe otro de los regalos: la incorporación en la Constitución del mapa autonómico, identificando a las comunidades «con la denominación por ellas elegidas en sus Estatutos». El cambio iría más allá del Estatuto catalán. Y es que ahora ya no se trataría de que que la Generalitat identifique Cataluña como «nación»: su término pasaría a ser la denominación oficial.

Cambiar los artículos 148 y 169 para dar más competencias

La Constitución, además, debería variar sus artículos 148 y 149 para pasar a tener un solo listado con las competencias exclusivas del Estado. De esa forma, todas las demás corresponderían automáticamente a las Comunidades Autónomas. Y, todo ello, sin eliminar el artículo 150.2: el que permite la delegación de facultades de competencia estatal. Con lo que la negociación y presión al Estado para ceder aún más no terminaría nunca.
El PSOE también acepta reconocer los “hechos diferenciales”. Cinco en concreto: la lengua propia, la definición como «entidades políticas particulares» de las comunidades consideradas nacionalidades, la insularidad de Canarias y Baleares, los procedimientos de reforma estatutaria especiales para algunas comunidades y el modelo fiscal especial para País Vasco y Navarra.

Y, con respecto al modelo de financiación de las CCAA, otro cambio de fuerte impacto en las cuentas. Se trataría de incorporar a la Constitución los principios genéricos de la financiación autonómica: la autonomía financiera, la solidaridad interterritorial, la corresponsabilidad, la suficiencia y la coordinación. ¿Pero cómo entraría la solidaridad? Con un fuerte cambio: el PSOE acepta que se incorpore en su cálculo el principio de «ordinalidad» (el que limita la solidaridad de un territorio hacia el resto al momento en el que las comunidades más ricas pierdan puestos en el orden de renta). En el caso concreto de Cataluña, podría suponer un regalo extra de 4.000 millones de euros, la mitad del teórico déficit reclamado por la Generalitat. Ese importe sumado al incremento de inversiones, difícilmente sería inferior a 5.000 millones de euros.

Además de todo lo citado, tampoco se descarta una «cierta territorialización» del Consejo General del Poder Judicial. Según su plan, respetando supuestamente su carácter de poder único y exclusivo del Estado, cuestión un tanto difícil de mantener en la práctica con ese esquema.