Sánchez supedita el encargo del Rey al plan de ERC para romper con España

Pedro Sánchez es el candidato a la Presidencia del Gobierno, tras su designación por el Rey. El líder del PSOE lleva tiempo, no obstante, exhibiendo ese perfil presidencialista y asumiendo, sin encargo alguno, que era el llamado a la investidura. Ahora, con el mandato de Felipe VI, el presidente en funciones seguirá buscando el apoyo de ERC para poder mantenerse en La Moncloa.

Pese a la designación, no existe aún fecha fijada para el pleno en el Congreso, que Sánchez supedita a las exigencias de los independentistas. El partido de Oriol Junqueras insiste en que no tiene prisa por avanzar en la negociación -hoy por hoy, públicamente, su voto es el ‘no’- y está a expensas de varios acontecimientos inmediatos que definirán su futuro político: la decisión de la Justicia europea sobre la inmunidad del propio Junqueras y la celebración de su Congreso Nacional, ambos la próxima semana.

En base a estos hitos, ERC reconfigurará su propuesta rupturista contra España. En resumen: Pedro Sánchez estará negociando los votos mientras los republicanos, en su cónclave, hablarán de las vías para el ejercicio de la «autodeterminación» de Cataluña.

«El camino hacia la independencia»

Esas soluciones, según revelan en su ponencia política, son tres: diálogo y negociación con el Estado, forzar un referéndum mediante la combinación de «fuerza y acción para conseguir que el Estado español no tenga otra alternativa que avenirse a pactar una solución democrática basada en la autodeterminación» o, finalmente, la solución unilateral: «Si el Estado es incapaz de moverse ni un milímetro, es posible que consigamos unos apoyos, unas mayorías y una fuerza interna y externa que nos permitan convocar un nuevo referéndum»,  argumentan en el capítulo ‘Fortalecernos para volver, para ganar’. El objetivo: «Culminar el camino hacia la independencia con el referéndum de autodeterminación como paso previo para la consecución de la república catalana, con o sin el consentimiento del Estado».

La decisión de los republicanos viene totalmente condicionada por los movimientos en Cataluña, la perspectiva de unas nuevas elecciones y la presión de Junts per Catalunya, erigido ahora como la voz más dura del separatismo. La posibilidad de parecer unos «traidores» a la causa separatista es lo bastante fuerte como para que ERC supedite a ello cualquier empeño de Sánchez en ser investido. De ahí que el partido de Junqueras opte por una negociación pausada, de la que exprimir el máximo rédito posible.

El partido se jactó incluso este miércoles de tener al Estado a sus pies: «Tenemos la oportunidad histórica de sentar al Estado en una mesa de negociación con Cataluña. Hagámoslo posible, hagamos que se muevan», clamó el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, en la sesión de control en el Parlament.

Sánchez oculta las cesiones

En una breve comparecencia en La Moncloa, Pedro Sánchez rechazó este miércoles revelar cualquier detalle de la negociación con los republicanos que, a partir de ahora, se desarrollará sin trascendencia pública. De esa opacidad dio también muestra que el socialista sólo aceptase dos preguntas en la rueda de prensa y que rehuyese con generalidades la cuestión clave de las conversaciones con los independentistas. «Ese acuerdo estará amparado por el marco constitucional y será público», se limitó a decir. Y añadió: «Lo importante es el qué, no el cuándo».

En su lugar, hizo varios anuncios: que el lunes contactará personalmente con el líder del PP, Pablo Casado, y con la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y que su portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, hará lo propio «con todos los partidos» con representación parlamentaria. Esto es, también Bildu, Vox y la CUP.

Legitimar al separatismo

Eso no significa que el socialista renuncie a su acuerdo con Podemos, ni al pacto con ERC. Todo lo contrario: la táctica es legitimar esos apoyos con el respaldo de otros grupos de la Cámara.

La misma estrategia que piensa aplicar para entablar un diálogo con el secesionista Quim Torra: Sánchez se ‘inventó’ una ronda con los presidentes autonómicos para implicarlos también en la urgencia de formar Gobierno. «Hablaré con todos», dijo, sin mencionar expresamente al catalán.

El presidente en funciones concede así una legitimidad reclamada por los independentistas para entablar las conversaciones de la investidura. El comunicado emitido este martes por PSOE y ERC tras su tercer encuentro ya dibujaba el camino: en él, los partidos hablan de abordar el «conflicto político» desde el «reconocimiento institucional mutuo». Una referencia implícita a la igualdad entre el Gobierno de la nación y la Generalitat separatista.

Precisamente, este miércoles, el catalán mostró su perfil más duro exigiendo de nuevo la amnistía de los presos y aceptar la «autodeterminación» en una negociación supervisada por un mediador internacional. En plena ofensiva, Junts per Catalunya volverá a registrar este viernes una moción en la que exige que la negociación esté supervisada por un relator y culmine en un referéndum. La iniciativa iba a ser votada este jueves, pero el partido de Torra/Puigdemont la retiró en vistas a las negociaciones entre PSOE y ERC.

En funciones sin límite

Sánchez puede manejar a partir de ahora los tiempos a su antojo. Y, por vacío legal -ninguna normativa regula nada al respecto- permanecer en funciones por tiempo indefinido. Según el artículo 170 del Reglamento del Congreso: «En cumplimiento de las previsiones establecidas en el artículo 99 de la Constitución, y una vez recibida en el Congreso la propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno, el presidente de la Cámara convocará el pleno». En resumen, la fecha la decidirá Pedro Sánchez y se la comunicará a la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet. 

Ésta ya rehusó este miércoles hablar de un día concreto. Excusó que, con el encargo del Rey, «se inicia el procedimiento para acudir a un debate de investidura y habrá que ver cómo evolucionan las negociaciones para que pueda haber una investidura exitosa».