Sánchez rechaza acoger a los refugiados que exigía a Rajoy y dice que no tiene «obligación»

El discurso de la solidaridad que el Gobierno de Pedro Sánchez pregona en lo relativo a la inmigración contradice sus propias actuaciones. El Ejecutivo socialista ha rechazado, definitivamente, la acogida de refugiados que, en su día, exigía a Mariano Rajoy, un total de 19.449 inmigrantes. En 2015, la Unión Europea asignó a España la acogida obligatoria de dicha cuota.

En julio del año pasado, el  Tribunal Supremo condenó al Estado español por incumplir parcialmente esas obligaciones, recordando que, en este tiempo, solo había ofrecido un 12,85% de las plazas que tenía la obligación de ofertar.

En la sentencia, el Supremo -primer tribunal nacional en condenar a su país por ese incumplimiento- recordaba al Gobierno de Rajoy que se había saltado un acuerdo “vinculante y obligatorio” e instaba al nuevo Ejecutivo de Sánchez a completar el cupo asignado, recordando que la propia Comisión Europea subrayó en un documento en 2017 que la obligación legal de reubicar a quienes cumplen las obligaciones no cesaría después de septiembre, una vez expirado el plazo de aplicación de las decisiones. Según ese compromiso, España debe dar solución a 13.086 peticiones procedentes de Grecia y 6.363 de Italia.

El nuevo Gobierno mostró su disposición total a cumplir con la sentencia del Supremo y acoger a los refugiados acordados por las autoridades comunitarias.

Este mismo enero, el Ejecutivo de Sánchez preguntó al alto tribunal por los procedimientos para cumplir dicha condena, y la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, aseguró estar «a la espera» de que el Supremo informase sobre los lugares de procedencia de dichas personas que «se distribuyeron entre otros países» de la Unión Europea. A finales de febrero, el Gobierno informó de la acogida de 176 refugiados que procederían de esta cuota, reasentados desde Jordania.

Sin embargo, en una reciente respuesta por escrito en el Congreso, el Ejecutivo socialista descarta el cumplimiento en su totalidad de dicho compromiso, pese a la orden del Supremo.

«Imposibilidad jurídica y material»

En la contestación, al diputado del PDeCAT Carles Campuzano, el Gobierno alega que «el plazo establecido en las decisiones del Consejo» -por las que se asignó el reparto del cupo de refugiados- «finalizaba en septiembre del año 2017».

«Asimismo, es necesario remarcar que el actual Gobierno tomó posesión en junio de 2018, es decir, casi un año después de la fecha en que hubieran debido cumplirse las obligaciones comprometidas», defiende el Ejecutivo de Sánchez.

Por tanto, prosigue, «una vez recibida la Sentencia del Tribunal Supremo a que se hace referencia, los Ministerios afectados, es decir, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Ministerio del Interior, han estudiado su contenido y llegado a la conclusión de la imposibilidad jurídica y material de su ejecución». El Gobierno informa además de que la Abogacía del Estado ha presentado un escrito en el alto tribunal en ese sentido.

En su defensa, el Ejecutivo alega además que «tanto Grecia como Italia indicaron en su día la carencia de personas reubicables, es decir, que reunieran los requisitos establecidos en las Decisiones del Consejo 2105/1523 y 2015/1601. Asimismo, la Comisión Europea y la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) han dado por finalizado el proceso».

Ello, pese a que el propio presidente del Gobierno aseveró, poco después de acceder a La Moncloa, que «los compromisos están para cumplirse», afeando los «incumplimientos de la administración anterior». El dirigente socialista destacó entonces la «sensibilidad y empatía» del nuevo Ejecutivo «con la realidad dramática que viven miles de seres humanos en el Mediterráneo y ante los cuales -dijo- no podemos mirar hacia otro lado». Cabe recordar que una de sus primeras decisiones del nuevo Ejecutivo fue la acogida de los 630 inmigrantes del Aquarius.

El Gobierno se remite, además, a que la sentencia del Supremo «establecía que la aplicación de las decisiones debía hacerse de conformidad con los acuerdos que en lo sucesivo adopten las Instituciones Comunitarias». Y señala, en ese sentido, a un reciente Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo respecto a la «renovación del compromiso del remanente de los importes comprometidos» para la ejecución de las órdenes de acogida, «y la asignación de esos importes a otras acciones».

«El objetivo de esta reforma es permitir a los Estados miembros el uso de los remanentes (lógicamente, en caso de que los haya) de las cantidades inicialmente destinadas para apoyar la ejecución de las mencionadas decisiones, a otros fines, dado que ambas decisiones “han dejado de aplicarse», defiende el Gobierno.

Acusó a Rajoy de «mercadeo»

En noviembre, como reveló OKDIARIO, el Gobierno ya alegó, en una respuesta parlamentaria, sus dudas para la aplicación de la sentencia del Supremo, aunque entonces aseguró estar «estudiando» cómo «dar cumplimiento al fallo».

El Ejecutivo justificó entonces el retraso en que «el proceso de reubicación implica un elevado número de actores institucionales tanto a nivel nacional como comunitario» aunque se comprometió a cumplir la sentencia «en el momento en que se despejen las dudas jurídicas y procedimentales».

En su día, el PSOE criticó a Mariano Rajoy por “jugar al mercadeo con la cifra de refugiados” y le instó a “ser solidario”. “España no es país para refugiados y el Gobierno no quiere que seamos un país que acoja a las personas que huyen de la guerra”, aseveró el entonces portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando. El partido solicitó la comparecencia del Secretario de Estado de inmigración para informar sobre los “incumplimientos”.