Pedro Sánchez permitirá déficits mayores a comunidades socialistas y separatistas y cerrará la mano con Madrid

Pedro Sánchez está dispuesto a institucionalizar el privilegio financiero de Cataluña. Y ahora con un añadido: también el de algunas de las principales Comunidades Autónomas socialistas como la Comunidad Valenciana. La ministra de Hacienda y representante del Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) María Jesús Montero, lo dejó claro en la reunión entre el Ejecutivo y las regiones celebrada este viernes.

Así, el Gobierno está dispuesto a utilizar “déficits diferenciados” para unas y otras Comunidades Autónomas. Traducido: que los permisos para que algunas regiones acumulen déficits mayores y puedan gastar más alegremente responderán a criterios decididos por Sánchez. Cataluña –en manos de JxCAT y ERC– y la Comunidad Valenciana –PSOE y Compromís–tienen todas las papeletas para ser las privilegiadas.

La decisión, deslizada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera por el Ejecutivo socialista como si no se tratara de ningún aspecto fundamental y delicado, supone todo un mecanismo de inflado de los gastos de las comunidades que Sánchez quiera. Y todo un motivo de preocupación para las regiones del PP: porque, al tener un objetivo conjunto de déficit las Comunidades Autónomas y el propio Reino de España ante Bruselas, si unos gastan más alegremente, otros tendrán que restringirlo más o elevar los impuestos -objetivo que persigue el Gobierno-.

De ese modo, se volverá a un sistema que ya usó puntualmente Cristóbal Montoro en la salida de la crisis. Un mecanismo diseñado para, ocasionalmente, rescatar con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) más un mayor permiso en materia de control del déficit, a las autonomías con mayores problemas.

La principal de esas autonomías beneficiadas fue, una vez más, Cataluña, un territorio que ha recibido, entre el FLA y el resto de facilidades financieras, más los pagos de facturas atrasadas, más de 100.000 millones de euros en concepto de rescate. Un dineral remitido y financiado por todos los españoles.

Motivación política

Ahora, sin crisis y sin más motivación que la política, Pedro Sánchez vuelve a recoger los déficit diferenciados como un eje de su política y de ayuda a las regiones en manos de su propio partido. Y, por supuesto, de engrase de sus pactos de investidura con los separatistas.

Cataluña figura entre las regiones con todas las papeletas para introducir este factor entre sus asuntos a negociar con Pedro Sánchez. Al igual que el grupo de comunidades con mayores problemas para controlar el déficit, donde la mayoría están en manos socialistas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)  ya ha mostrado sus dudas de que la Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura logren el objetivo de déficit presupuestario en 2020. Por parte del PP, sólo Murcia figura en esa lista de la AIReF.

De hecho, quien elaboró ese listado de comunidades en apuros fue el actual ministro de Seguridad Social de Pedro Sánchez en su paso por la AIReF, José Luis Escrivá.

Este trato discriminatorio para unos territorios y privilegiado para otros terminará de disparar el enfado de muchas de las regiones que asistieron este viernes a la reunión con el Ministerio de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que no se reunía desde hace más de un año.

IVA por déficit

Las Comunidades Autónomas, encabezadas por las del PP, han mostrado ya su rechazo absoluto a la hoja de ruta que les ha marcado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La portavoz del Gobierno y responsable de Hacienda ha decidido que no pagará a las CCAA el dinero que les debe del IVA de 2017. Y, a cambio, les permitirá gastar más dinero este año y el próximo, y les perdonará el desfase que tengan en los números rojos de 2019 por el dinero que les debe el Estado. «Nosotros queremos el dinero. Esos ingresos tienen que estar en nuestra tesorería», han explicado fuentes autonómicas a OKDIARIO.

El cambio de cromos que quiere hacer Montero es el siguiente: no pagará de momento –aunque las autonomías barajan recurrir a los tribunales si no lo hace– los 2.500 millones por la liquidación del IVA de 2017. A cambio, les permitirá gastar 1.200 millones en total más en 2020 y otros 1.200 millones en 2021, lo que complicará la senda de reducción del déficit público sin que haya un aval explícito de la Comisión Europea que permita esta flexibilidad en los números rojos del país, sobre todo en un momento de desaceleración como el actual.

Entre los planes del Ministerio de Hacienda para evitar la rebelión autonómica, algo que parece que no ha conseguido, se encuentra hacer la ‘vista gorda’ a parte del déficit imputable al IVA dejado de percibir por el cambio normativo de 2017 a la hora de contabilizar el agujero presupuestario de las Comunidades Autónomas de 2019, que estima que cerró en el 0,5% del PIB. Según el departamento de Montero, las autonomías cerrarían con un déficit del 0,3% si se descuenta dicho efecto.

Hacienda flexibilizará, además, los objetivos de déficit y pondrá en marcha un Fondo de Liquidez Autonómica extra con un tipo del 0%. Aunque hay muchas comunidades autónomas, encabezadas por las populares, contra los planes de Montero, lo cierto es que la propuesta del Ejecutivo saldrá adelante sin problemas porque el sistema de votación del CPFF así lo permite al contar con el voto privilegiado del Gobierno.