Sánchez defiende que «no ha mirado para otro lado» en las residencias: «Incluso mandamos al Ejército»

Pedro Sánchez ha considerado que es «imposible» mostrar un mayor compromiso con las personas mayores y se ha sacudido las responsabilidades en la gestión de las residencias.

En su habitual rueda de prensa semanal, en La Moncloa, el presidente socialista ha defendido que «el Gobierno no ha mirado a otro lado en esta crisis».

«No sólo porque hayamos aprobado órdenes, sino que hemos enviado al Ejército», ha enfatizado. Ha añadido que le parece «imposible» un «mayor compromiso con la seguridad de nuestros mayores que ha demostrado este Gobierno».

El socialista se ha remitido a las órdenes aprobadas durante el estado de alarma, al fondo de 300 millones para reforzar las plantillas de trabajadores en las residencias o al envío de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a desinfectar estos centros. Sánchez ha cifrado en 5.200 las actuaciones en residencias de mayores de toda España entre el 18 de marzo y el 17 de mayo en el marco de la ‘Operación Balmis’.

«Ese compromiso del Gobierno de España es absoluto con las residencias de mayores», ha reiterado.

No obstante, Sánchez ha insistido en el mensaje que en los últimos días, y en plena polémica, emana del Ejecutivo. Que las competencias corresponden a las comunidades autónomas. «Los presidentes autonómicos son los responsables de la gestión», ha aseverado.

«La gestión está en manos de las comunidades autónomas, todos hemos sido testigos de las órdenes y contraórdenes que han salido a la luz en relación con las residencias e ingresos en hospitales, lo dejo ahí», se ha limitado a decir, preguntado sobre la Comunidad de Madrid.

Orden de Iglesias

El 19 de marzo, el vicepresidente social Pablo Iglesias asumió el mando de los servicios sociales -y en consecuencia las residencias- ante la dramática situación de la crisis del coronavirus.

Ahora, en plena polémica por el fallecimiento de ancianos en los centros, el Gobierno se sacude de sus responsabilidades aludiendo a las comunidades autónomas -especialmente la Comunidad de Madrid- y a las residencias privadas, a las que el vicepresidente social ha acusado de estar en manos de «fondos buitre» y «corruptos» y de haber puesto a los ancianos en «una situación de vulnerabilidad».

Pese a que las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, el Gobierno sí se reservó un papel prioritario durante el estado de alarma, que ahora no reconoce.

El 23 de marzo, el departamento de Salvador Illa dictó una orden para establecer «medidas complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19». El propósito era seguir más de cerca la situación de estos centros, disponer de información rigurosa y actualizada sobre un colectivo fuertemente golpeado por la pandemia. La citada orden dejaba clara la preocupación del Gobierno por la situación, dado «el rápido avance de la enfermedad» y «la especial vulnerabilidad de las personas mayores, con discapacidad u otros usuarios de centros residenciales».

En uno de sus puntos, se implica directamente al Gobierno, a través de sus delegaciones en las distintas comunidades autónomas, que debían actuar en caso de que las residencias pidiesen auxilio. Es decir, el Ejecutivo no tenía un papel meramente residual.

Esas situaciones críticas abarcaban, por ejemplo, la imposibilidad, por ausencia de medios personales, materiales o de otra índole, de garantizar la seguridad de los ancianos «especialmente en lo relativo a las normas de aislamiento» de los enfermos; la «imposibilidad para gestionar adecuadamente la conservación y retirada de cadáveres por acumulación y/o ausencia de servicios funerarios disponibles» o «cualquier otra circunstancia análoga» que pudiese poner el «grave peligro la integridad y el sostenimiento del servicio». En estos casos, los centros residenciales deberían comunicar esa situación tanto a las consejerías como a las delegaciones de Gobierno, «a fin de recabar el auxilio urgente disponible para dar respuesta a la situación concreta». Además, se debería informar a los Ministerios de Sanidad y de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, de Pablo Iglesias.

Esa orden, como informó OKDIARIO, fue propuesta por iniciativa de Pablo Iglesias.

Además, el Consejo de Ministros constituyó un «grupo especial» para seguir la situación en las residencias, integrado por representantes de la Vicepresidencia de Pablo Iglesias, de Sanidad  y de Defensa.