El número 2 de la policía podemita, Rubén Eladio, pierde otra querella contra OKDIARIO

Nuevo varapalo judicial para las «cloacas» podemitas de Interior que pretendieron amedrentar a los periodistas de OKDIARIO. La juez Josefa Bustos ha archivado otra querella contra este periódico y su director, Eduardo Inda, interpuesta por el inspector Rubén Eladio López Martínez, número dos del ex comisario Marcelino Martín-Blas en la unidad de Asuntos Internos de la Policía, expulsado de la investigación del caso Nicolay y, más tarde, fue imputado por un delito de retardo en la administración de justicia. Ambos han sido señalados por sus compañeros como dos de los máximos exponentes de las cloacas del Ministerio del Interior.

Rubén Eladio acusó a OKDIARIO de llevar a cabo una supuesta campaña de desprestigio contra él. La titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha ratificado que «no existen indicios racionales de comisión de los delitos objetos de la querella» porque este periódico «cumple el requisito de veracidad».

La magistrada Bustos asegura que no se ha aportado «ninguna prueba, más allá de las meras manifestaciones recogidas en la querella, acerca de las conductas observadas por los querellados que puedan incardinarse en este tipo penal». Añade, en otro punto del auto, que «no existen indicios de la comisión de este delito por ninguno de los querellados».

La juez ha hecho referencia a un auto anterior, dictado por la titular del Juzgado de Instrucción 7, que también sobreseyó otra querella interpuesta por Martín-Blas y su ayudante, el inspector Rubén Eladio López, contra OKDIARIO por orquestar, según ellos, una «campaña difamatoria, denigrándoles, por medio de descalificaciones personales y atribuyéndoles según aquellos hechos delictivos (como intervención de teléfonos sin autorización judicial o difusión de conversaciones del entonces ministro del Interior)».

La pareja Martín-Blas y Rubén Eladio 

Este periódico publicó el testimonio de un ex alto cargo de la Policía quien aseguró que Martín-Blas y Rubén Eladio provocaron en los últimos años un daño irreparable a la institución policial: «En sus investigaciones en Cataluña y Andorra, en la comisión judicial del caso Nicolay, en las informaciones aparecidas en los medios de Roures, en el caso Gao Ping contra policías que luego fueron absueltos, en sus relaciones con el CNI, en todo el escándalo que algunos diseñaron contra el ex ministro Jorge Fernández y contra Juan Ignacio Zoido», declararon.

Por todo ello, la magistrada Pilar Martínez Gamo, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, que instruye el sumario del caso Nicolay, que contiene seis piezas separadas, imputó al policía Rubén Eladio por hacer caso omiso a sus órdenes de cierre de la investigación. El funcionario policial era el responsable de la comisión judicial constituida por el anterior titular del Juzgado, Arturo Zamarriego, para dirigir las pesquisas de la causa contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como El Pequeño Nicolás.

A raíz de esta decisión, la magistrada, soportó una feroz campaña de la la Plataforma X la Honestidad (PLxH) desde su web oficial. La asociación acusaba a la magistrada de una supuesta prevaricación, mientras calificaba al policía Rubén Eladio de héroe.

Al mismo tiempo, la PLxH emprendió acciones penales contra el grupo de periodistas que había denunciado los casos más sobresalientes de las cloacas policiales. La Asociación activó desde su web oficial y del diario Público un crowfunding en Internet para destinar los fondos recaudados a la defensa del policía Rubén Eladio.

Rubén Eladio, según la juez, había retrasado la entrega del último informe policial contraviniendo sus órdenes para que la instrucción sumarial siguiera abierta y así perjudicar a algunos de los encausados. La magistrada le había solicitado un informe sobre la relación de documentos policiales del sumario para darlo por concluido, pero Rubén López dilató de manera voluntaria su entrega.

Tal fue el descaro y el desacato del inspector hacia la magistrada que la titular del Juzgado ordenó a la unidad policial adscrita a los Juzgados de la Plaza Castilla que registrara las dependencias donde trabajaba Rubén López y su equipo para retirar toda la documentación relacionada con el caso Nicolay. Los agentes, finalmente, se llevaron ordenadores y documentos. Fuentes policiales aseguraron a OKDIARIO que la corta experiencia de Rubén Eladio puede explicar el desliz que motivó su imputación por un delito de retardo en la administración de justicia.

Una información veraz

Los dos funcionarios de la Policía decidieron emprender una campaña contra OKDIARIO por las informaciones publicadas, utilizando la vía judicial para su propio beneficio personal, pese a que los tribunales nunca le hayan dado la razón.

Las dos magistradas –Josefa Bustos y Susana Trujillanos– han ratificado que las informaciones publicadas en este periódico son veraces. En un primer auto, la juez Susana Trujillano, titular del Juzgado de Instrucción número 7, valoró muy positivamente el escrito de la Fiscalía -lo calificó de «brillante informe»-. Para el Ministerio Público: «Los artículos periodísticos -de OKDIARIO- se publican en el momento en que se estaba desarrollando la investigación de las DP 4676/2010 y dentro de dicha causa, una pieza separada para aclarar la filtración de la grabación de una conversación entre Marcelino Martín de Blas y otros agentes tanto de Asuntos Internos como del CNI, siendo pues hechos de máximo interés y sobre los que se publicaron informaciones en todos los medios de comunicación».

La juez concluyó que de las diligencias de instrucción realizadas «resulta cumplimentado el requisito de veracidad». Un razonamiento jurídico que ahora ratifica otra magistrada, la titular del Juzgado de Instrucción número 49, Josefa Bustos, en un auto dictado el pasado miércoles en el que archiva la última querella interpuesta por el policía contra este medio por informar sobre la «guerra de comisarios» podemitas.

Buena parte de los medios de comunicación se hicieron eco de esta querella interpuesta contra el grupo de periodistas que más se ha significado en la lucha contra la corrupción en los últimos 35 años. Ahora la magistrada acaba de dictar el auto de archivo de la causa, pero los telediarios han hecho caso omiso a esta nueva información.

Las cloacas podemitas

De fondo, en todo este asunto se encuentra la trama de agentes y mandos policiales que estuvieron al servicio de Podemos y del independentista Jaume Roures, propietario de Mediapro.

Durante años, parte de estos agentes beneficiaron de forma descarada a periodistas de las cabeceras de Roures con acceso privilegiado a informaciones policiales. Ejemplos de ello fueron las continuas visitas de redactores del diario Público a los despachos de Ruben Eladio y Martín-Blas, cuyas puertas siempre estaban abiertas para los periodistas de la cabecera y su presencia allí fue denunciada por el comisario Eugenio Pino.

También es muestra de la buena sintonía entre estos mandos policiales y los periodistas al servicio de Roures la colaboración que estos prestaron en la elaboración del documental Operación Cataluña. Entre las 40 personas entrevistadas para aquel producto audiovisual se encontraba el comisario Martín-Blas, cuya presencia encendió los ánimos de sus compañeros del cuerpo, que consideraron su participación como una «traición».

El ayudante de Martín-Blas, el inspector Rubén Eladio, es un profesional con poco recorrido en la Policía: nacido en 1975, ingresó en el Cuerpo a una edad tardía, en marzo de 2009, cuando ya había cumplido los 34 años, por lo que tan sólo lleva en ejercicio trece años. Su padre es un inspector jefe jubilado de Gijón y uno de sus hermanos también es funcionario del CNP.

Tras estos escándalos y en pleno estado de alarma, el ex ministro José Luis Ábalos le colocó al frente del órgano que supervisaba el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con motivo de la crisis del coronavirus. Se trataba del denominado Centro de Coordinación Operativo (Cecor) que actuaba como centro de mando único de Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza, Policía Foral de Navarra, Policía Canaria y las policías locales desde que se aprobó el decreto del estado de alarma del 14 de marzo de 2020. De esta manera, Ábalos controlaba las informaciones que salían de ese departamento sobre el Delcygate, escándalo en el que se había visto involucrado unos meses antes.

Ruben Eladio se quejaba en una de sus numerosas querellas que había sido castigado por el PP para no ascender a comisario, curso que suspendió con una pésima nota. Sin embargo, meses después, obtuvo esa misma penosa calificación en su nuevo intento de ascenso con un Gobierno del PSOE, siendo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Era la prueba de que no había existido ninguna mano negra de los ex ministros Fernández Díaz o Zoido, sino de sus limitaciones como agente del Cuerpo Superior de Policía.

El inspector Rubén Eladio López Martínez consiguió un destino de «sindicalista liberado» en el sindicato Confederación Española de Policía (CEP). Desde su nuevo cargo, el agente policial colabora con la Plataforma x la Honestidad y el diario Público en una campaña de desprestigio contra periodistas, magistrados y compañeros del CNP.