El novio de Ayuso pide elevar al Supremo las filtraciones de la fiscalía contra él

Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido que se eleve al Tribunal Supremo la querella que interpuso contra la Fiscalía por un presunto delito de revelación de secretos. La defensa legal de González Amador apunta también a la responsabilidad en esta causa judicial del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El novio de Ayuso se encuentra imputado por dos presuntos delitos de defraudación tributaria y de falsedad en documento mercantil.

El abogado de Alberto González Amador realizó esta petición ante el juez que investiga la querella el pasado viernes, el mismo día que lo hizo el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). La entidad jurídica solicitó que se elevara esta causa al Supremo «ante los indicios cualificados que apuntan a la presunta responsabilidad penal» de Álvaro García Ortiz.

«El caso se centra en la publicación de una nota de prensa oficial por parte de la Fiscalía en la que se revelan conversaciones reservadas entre un abogado y un fiscal en el seno de unas diligencias de investigación. Estas conversaciones tuvieron lugar en el contexto de los acercamientos propios para el estudio de una eventual conformidad. Su divulgación es considerada por el ICAM como una grave una violación de la confidencialidad y el secreto profesional, principios fundamentales del ejercicio de la abogacía y el derecho de defensa», aseguró el ICAM en su comunicado.

Hace unas semanas, el propio fiscal general del Estado presentó un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el encargado de investigar este caso, en el que asumió la responsabilidad «última» de esa nota de prensa y pidió por ello elevar la causa al Supremo, al ser aforado, por lo que la petición del Colegio de Abogados de Madrid era algo que ya puso sobre la mesa el propio Álvaro García Ortiz.

El juez del TSJM Francisco José Goyena investiga en esta causa a la jefa de la Fiscalía de Madrid, Pilar Rodríguez, y al fiscal Julián Salto por supuesta revelación de secretos en el marco de la querella de Alberto González Amador por la difusión de un comunicado sobre su causa por presuntos delitos fiscales, comunicado en el que aparecieron datos sensibles sobre el novio de Ayuso.

Los dos fiscales declararon el pasado jueves ante el magistrado, que investiga si incurrieron en el mencionado delito con la difusión de la nota de prensa en la que se aclaraban algunos extremos del transcurso de la investigación al empresario González Amador por un presunto fraude a Hacienda y de su propuesta de llegar a un acuerdo con el fiscal Salto para reducir su eventual condena.

Sánchez apoya al fiscal general

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado este lunes su apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, afirmando que no tiene que dimitir si es imputado por la supuesta filtración de datos de Alberto González Amador. Además, ha calificado de «indecente» que el PP esté «politizando la justicia».

«El fiscal general del Estado tiene todo el apoyo del Gobierno de España», ha sostenido el dirigente socialista en una entrevista concedida al programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser. Así se ha mostrado al ser preguntado sobre si García Ortiz debe presentar su dimisión si se le imputa por presuntamente ordenar que se difundiera una nota con datos personales de Alberto González Amador, novio de Ayuso.

Pedro Sánchez ha recalcado que «por supuesto no tiene que dimitir» si se le imputa porque «cuenta con todo el apoyo del Gobierno de España», ya que, a su juicio, se ha limitado a «defender a la Fiscalía de Madrid» por aclarar «un bulo que sale de la mano derecha» de Ayuso, su jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez. «¿Y se le va a imputar por eso al fiscal general del Estado?», se ha preguntado el jefe del Ejecutivo.

Según el dirigente socialista, «el origen de todo esto» es que la Fiscalía de Madrid publicó «una nota aclarando» una información falsa que salió del entorno de Ayuso para «tratar de desinformar» sobre un caso que afecta directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid y con la cual se está tratando de acusar al fiscal general de haber publicado datos confidenciales de Alberto González Amador.