El Colegio de Abogados pide al Supremo investigar la filtración de la Fiscalía contra el novio de Ayuso

El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la elevación de la causa al Tribunal Supremo  de la causa abierta por la filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y apunta a la «presunta responsabilidad penal» del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Esta petición se produce tras la práctica de las diligencias esenciales en la fase de instrucción por parte del juez del TSJM. La causa está dirigida contra la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de la sección de Delitos Económicos Julián Salto por un presunto delito de revelación de secretos.

Álvaro García Ortiz fue quien dio la orden de distribuir a los medios de comunicación los datos reservados de la pareja de Ayuso, quien está aforado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo por ser el fiscal general del Estado. Alberto González Amador se encuentra imputado por dos presuntos delitos de defraudación tributaria y de falsedad en documento mercantil. El Colegio de Abogados de Madrid defiende que existen «indicios cualificados que apuntan a la presunta responsabilidad penal del Fiscal General del Estado».

El ICAM recuerda que este caso se centra en la publicación de una nota de prensa oficial por parte de la Fiscalía en la que se revelaron conversaciones reservadas entre un abogado y un fiscal en el seno de unas diligencias de investigación. Estas conversaciones tuvieron lugar en el contexto de los acercamientos propios para el estudio de una eventual conformidad o acuerdo.

El Colegio de Abogados de Madrid considera que esta divulgación de datos sensibles es «una grave una violación de la confidencialidad y el secreto profesional, principios fundamentales del ejercicio de la abogacía y el derecho de defensa, al aludir directamente al contenido de las conversaciones habidas y el reconocimiento de hechos». «Lo que no debería salir nunca a la luz pública, pues de lo contrario se compromete de forma severa el derecho de defensa y, en definitiva, el derecho a un proceso justo», destacan los juristas en un comunicado emitido este viernes.

«Afecta al sistema judicial»

La institución jurídica pide elevar la causa de la filtración de datos personales por parte de la Fiscalía de la pareja de Ayuso Al Tribunal Supremo «teniendo en cuenta la cualidad de persona aforada del fiscal general. «El Ilustra Colegio de Abogados de Madrid, tras evaluar la información que se deriva de las actuaciones de la fase de instrucción, ha decidido dar este paso teniendo en cuenta la cualidad persona aforada del Fiscal General, lo que altera la competencia objetiva del órgano instructor en favor del Tribunal Supremo», señala en el comunicado.

Por su parte, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, recalca «la gravedad de los hechos y la necesidad impedir que vuelva a ocurrir una situación como esta que afecta directamente a la integridad del sistema judicial y a la protección de los derechos de los profesionales del derecho y sus clientes. La protección de la confidencialidad en las comunicaciones entre abogados y fiscales es esencial para la defensa efectiva de los derechos de los ciudadanos y este Colegio será firme ante cualquier vulneración del mismo».

«Es de extrema gravedad»

El Colegio de Abogados de Madrid ya criticó duramente el pasado mes de marzo la filtración de datos cometida por la Fiscalía liderada por Álvaro García Ortiz contra Alberto González Amador, pareja de Ayuso, calificándolo de «extrema gravedad». «Pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal», apuntó en un comunicado.

Los juristas lamentaron que la Fiscalía revelase «datos concretos de unas diligencias de investigación, detallando fechas y contenido de conversaciones y reuniones, produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados».

El ICAM recordó que el artículo 22 del Estatuto de la Abogacía establece «sin paliativos el deber y el derecho de los abogados a mantener en secreto todas las comunicaciones y propuestas relacionadas con el ejercicio de su profesión, garantizando así la confianza y la protección de los derechos de sus defendidos».

El Colegio de Abogados de Madrid aludió también al artículo 4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, concretamente en su apartado cinco, que recoge «el límite de la obligación de informar por parte del Ministerio Público, haciendo hincapié en el respeto al secreto del sumario y a los deberes de reserva y discreción inherentes al cargo, así como a los derechos de los implicado».

«Este marco legal subraya la importancia del secreto profesional, especialmente en las interacciones entre fiscales y abogados, ya sea durante las diligencias de investigación o en el transcurso de los procedimientos judiciales», apostilló el ICAM.