El Supremo ve «clara revelación de secretos» en la orden del fiscal general contra el novio de Ayuso

Los jueces del Tribunal Supremo ven una «clara revelación de secretos» en la orden del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de filtrar datos personales sobre la investigación de Hacienda abierta contra el novio de Ayuso, Alberto González Amador. Los magistrados consultados por OKDIARIO aseguran que García Ortiz «hizo una revelación de secretos de libro» al obligar al fiscal del caso, Julián Salto, y a sus superiores a entregar los correos electrónicos sobre esta causa para elaborar una nota sobre la misma que fue difundida a los medios de comunicación. El fiscal general ha asumido que fue él que dio la orden de hacerlo y, por su condición de aforado, la investigación abierta por estos hechos podría acabar en el Supremo. El Código Penal establece que «se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos».

La defensa del novio de Ayuso y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) denunciaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) un presunto delito de revelación de secretos cometido por la Fiscalía al revelar datos sobre la investigación por presunto fraude fiscal que se sigue contra González Amador. La Sala de lo Civil y lo Penal del mencionado tribunal asumió la causa y abrió una investigación que ha salpicado a altos cargos del Ministerio Público entre los que se encuentra García Ortiz. Los fiscales, que ya han declarado ante el juez, aseguran que siguieron órdenes y las pruebas aportadas al sumario así lo corroboran. También el fiscal general ha enviado un escrito al TSJM asumiendo que fue él quien pidió que se redactara la nota aclaratoria sobre la investigación llevada a cabo por la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid.

Fuentes expertas aseguran que, tarde o temprano y visto el estado de la causa, el fiscal general podría acabar investigado, lo que antes se conocía como imputado. Álvaro García Ortiz ha anunciado que no dimitirá aunque se le impute. El jefe del Ministerio Fiscal considera que difundir la nota con datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso era  «necesario» y «legal».

Competencia del Supremo

Si el juez decide investigar al fiscal general del Estado, será el Tribunal Supremo el que deba juzgarle. Los hechos investigados se incardinan en un presunto delito de revelación de secretos que recaería sobre la Sala de lo Penal del Alto Tribunal. El Colegio de Abogados madrileño ya ha pedido que se eleve la causa al Alto Tribunal, ya que consideran que «los indicios cualificados apuntan a la presunta responsabilidad penal del fiscal general del Estado».  

«El caso se centra en la publicación de una nota de prensa oficial por parte de la Fiscalía en la que se revelan conversaciones reservadas entre un abogado y un fiscal en el seno de unas diligencias de investigación. Estas conversaciones tuvieron lugar en el contexto de los acercamientos propios para el estudio de una eventual conformidad», explican.

Y prosiguen: «Su divulgación es considerada por el ICAM como una grave una violación de la confidencialidad y el secreto profesional, principios fundamentales del ejercicio de la abogacía y el derecho de defensa, al aludir directamente al contenido de las conversaciones habidas y el reconocimiento de hechos, lo que no debería salir nunca a la luz pública, pues de lo contrario se compromete de forma severa el derecho de defensa y, en definitiva, el derecho a un proceso justo». 

Fuentes consultadas señalan que la actual Sala, presidida por el juez Francisco José Goyena, quiere seguir investigando los hechos al haber aportado la información los propios fiscales. Sin embargo, la causa podría dividirse si se investiga al fiscal general del Estado. En ese caso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tendrá que elevar una exposición razonada al Supremo y serán los jueces del Alto Tribunal los que deban pronunciarse sobre la competencia. Por el momento, ni la Sala del TSJM ha imputado a Álvaro García Ortiz, ni se ha redactado la exposición razonada. 

Álvaro García Ortiz tiene otro asunto pendiente en este tribunal. Se trata de la impugnación de su nombramiento como fiscal general del Estado. Este asunto se deliberará después del verano en la Sala de lo Contencioso-Administrativo por unos jueces a los que el propio fiscal general ha recusado. Los magistrados tumbaron esta petición, que causó estupor entre los jueces, que también ven revelación de secretos en la difusión mediática de datos sobre la causa que se sigue contra el novio de Ayuso.