La nueva ley catalana del taxi y del VTC levanta ampollas entre empresarios y consumidores de Barcelona

La aprobación en el Parlament de Cataluña de la nueva ley que regulará los servicios de taxi y VTC en la región ha encendido las alarmas entre organizaciones empresariales y de consumidores en Barcelona.

La tramitación de la norma, oficialmente denominada Ley sobre el transporte de personas en vehículos de hasta nueve plazas, se ha reactivado tras el rechazo a la enmienda a la totalidad presentada por varias formaciones políticas.

Alianza ciudadana

La plataforma #LaCiudadQueNosMueve, que agrupa a entidades como Marcas de Restauración, España de Noche, Cerveceros de España, ConsumES, Bolt o TimeOut, ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que la futura norma se traduzca en una reducción de la oferta de transporte disponible en la ciudad, incluidos los servicios VTC.

La alianza considera que la regulación debe abordarse desde criterios de proporcionalidad y seguridad jurídica, evitando restricciones que puedan mermar la disponibilidad del servicio sin ofrecer alternativas reales a los ciudadanos.

Sectores descontentos

Las entidades que integran la plataforma recuerdan que las decisiones en materia de movilidad afectan directamente a la actividad económica, la seguridad y la vida cotidiana de los barceloneses.

El sector de la restauración, el comercio y el ocio nocturno dependen de que existan opciones de transporte suficientes, seguras y accesibles, especialmente en horarios nocturnos o en momentos de alta demanda como fines de semana o festividades. La alianza agrupa a más de una decena de entidades de sectores tan distintos como la cultura, la innovación o la sociedad civil.

Déficit nocturno

Una encuesta de percepción ciudadana sobre movilidad elaborada junto con DemosLab revela que sólo el 27% de los barceloneses considera cubiertas sus necesidades de transporte nocturno sin recurrir al coche privado. El 55% dispone de opciones, pero con limitaciones, y un preocupante 17% afirma no tener ninguna alternativa. La percepción de seguridad cae además del 67% durante el día al 32% por la noche.

Estos datos encajan con un déficit estructural de movilidad bajo demanda que ya había detectado un estudio de KPMG titulado Áreas metropolitanas saturadas, demanda insatisfecha, 2025.

Según el informe, más del 50% de las horas del año presentan cobertura insuficiente en Barcelona, con 45,2 millones de búsquedas de transporte sin respuesta y dos millones de solicitudes sin atender. Un diagnóstico que, a juicio de las entidades firmantes, hace aún menos comprensible una ley que apunta a restringir la oferta.

Lejos de Europa

La comparativa internacional pone de manifiesto la escasa dotación de licencias de taxi y VTC de Barcelona. La ciudad cuenta con apenas 2,51 licencias por cada 1.000 habitantes, una cifra muy alejada de los estándares de otras capitales: Madrid registra 3,45, París alcanza 5,82 y Lisboa llega a 8,46. Lejos de ampliarse la oferta, las tarifas del taxi en Barcelona se han encarecido una media del 8,3% en 2025, según el estudio comparativo de FACUA, situando a la ciudad entre las de tasas más elevadas de España.

En este contexto, la alianza subraya que taxi y VTC deben ser vistos como servicios complementarios entre sí y con el transporte público, especialmente en horarios nocturnos, zonas periféricas o periodos de alta demanda. Las entidades piden que cualquier regulación se sustente en criterios técnicos objetivos como tiempos de espera, disponibilidad territorial o datos de congestión, y que se alinee con la jurisprudencia europea vigente.

Piden regular, no prohibir

La plataforma ha hecho público un manifiesto en el que reclama que la nueva ley garantice la convivencia ordenada entre el transporte público, el taxi, las VTC y otras modalidades discrecionales. El texto exige que la norma preserve la estabilidad regulatoria, ofrezca transparencia y reconozca la necesidad de una oferta suficiente de transporte bajo demanda en toda el área metropolitana de Barcelona.

En declaraciones recogidas por #LaCiudadQueNosMueve, sus portavoces han instado a las instituciones catalanas a «regular de manera inteligente, no prohibir». La alianza insiste en que el reto de Barcelona no consiste en reducir alternativas de movilidad, sino en ampliar las opciones disponibles para los ciudadanos y usuarios de la ciudad. A su juicio, las restricciones previstas en la ley suponen un retroceso que ninguna gran ciudad europea estaría dispuesta a asumir.