Navarra supera el primer trámite para poder gestionar sus cárceles como hacen Cataluña y País Vasco

La presidenta de Navarra, María Chivite, está dando pasos hacia la asunción de competencias que pondrían a su comunidad foral a la altura de la autonomía conseguida por los vascos y los catalanes. Semanas después de que el Gobierno cediera al lendakari Íñigo Urkullu el control absoluto de las prisiones vascas, el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, les da a los navarros el control de la Salud Penitenciaria, el paso fundamental para que Navarra controle sus cárceles.

El Partido Socialista de Navarra ha reactivado un debate dormido durante los últimos años que vuelve a colarse en la agenda de la Comunidad Foral por los recientes acontecimientos vividos en el País Vasco. Los vascos ya han conseguido tener plenas competencias sobre las cárceles de su territorio, y eso es lo que ahora persigue Navarra.

Desde esta semana la comunidad foral asume el área de Salud Penitenciaria en sus cárceles, lo que viene a suponer el primer paso real para asumir todo el control carcelario. Fue lo mismo que en su día hicieron País Vasco y Cataluña, las dos únicas comunidades autónomas que ya disfrutan de todo el control de sus prisiones.

Es curioso que solamente esas tres comunidades autónomas persigan esa competencia, ya que, según las fuentes consultadas por OKDIARIO, asumirlas supone un gasto que en la mayoría de los casos puede llegar a ahogar a las cuentas de las comunidades autónomas.

“Es el típico gasto sin retorno. No es una inversión, no son infraestructuras que te puedan devolver un beneficio, por eso la mayoría de las comunidades autónomas rehúyen asumir ese gasto que además es muy alto”, explican fuentes penitenciarias a este diario. Otras fuentes, sin embargo, apuntan a que Navarra podría ahorrarse dinero asumiendo esta nueva competencia, pero para hacerlo debería no asumir más responsabilidades que las médicas.

Es decir: si Navarra incluye a su población reclusa en el Sistema de Salud Navarro podría compensarle, pero en el momento en el que aspire a asumir la competencia total sobre las cárceles el gasto se dispararía por el mantenimiento de las instalaciones, los sueldos de los funcionarios, la manutención de los presos y la retahíla de gastos que conlleva la gestión penitenciaria.

1.250 millones al año

Para hacerse una idea, el presupuesto penitenciario anual para toda España en 2021 es de casi 1.250 millones de euros. Las cárceles son caras.

Lo que está claro es que el Gobierno de Navarra ha vuelto a marcar su hoja de ruta imitando al País Vasco y junto con la asunción de responsabilidades penitenciarias quiere aspirar a controlar otra de las áreas de competencia nacional que han asumido vascos y catalanes: Tráfico.

Los navarros plantean quedarse con una competencia que tampoco es barata en cuanto a mantenimiento, ya que requiere un cuerpo policial que vigile todas las carreteras de su territorio, aunque a diferencia de las cárceles, esta competencia tiene una vertiente recaudatoria muy importante.

Esta competencia tiene además una implicación policial que afecta de lleno a la Guardia Civil y a su plantilla destinada en Navarra. Al igual que pasó en País Vasco y en Cataluña si los navarros asumen la competencia sobre Tráfico la Benemérita sobra, o al menos tal y como están ahora implantados.

La Policía Foral de Navarra no puede compararse por el momento ni por números ni por medios a la Ertzaintza ni a los Mossos d´Esquadra, así que de alguna manera ambos cuerpos, nacional y autonómico, tendrían que convivir en la vigilancia de los viales navarros.

Todos estos planes competenciales tienen además una lectura política reavivada con la cesión de la salud penitenciaria. La posibilidad de asumir nuevas y mayores competencias es muy bien recibida por los socialistas navarros, los nacionalistas de Geroa Bai, EH Bildu y Podemos. Sin embargo, Navarra Suma, formada por el Unión del Pueblo Navarro, Partido Popular y Ciudadanos, ven en las aspiraciones de Chivite una clara intencionalidad política, y esas suspicacias tienen cierto fundamento.

La política de acercamientos de presos de ETA al País Vasco desde cárceles de toda España que ha protagonizado el Gobierno de Pedro Sánchez ha escandalizado a propios y extraños por la ingente cantidad de terroristas acercados a País Vasco y Navarra. A un ritmo de cinco a la semana, Pedro Sánchez y su ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, han acercado a 110 de los 188 presos terroristas y el 30% de esos etarras están ya en el País Vasco o Navarra.

Los críticos contra esta política se dan cuenta de que antes o después los acercamientos se completarán y entonces todos los terroristas condenados pasarán a depender de los gobiernos vasco y navarro. En los primeros días de ‘independencia’ penitenciario Urkullu ya ha apuntado maneras sobre qué tratamiento recibirán los presos por terrorismo.

Cada gobierno autonómico tiene sus propias filias y en Cataluña la gestión penitenciaria también les ha valido para que acomodar determinadas condenas a su propio régimen carcelario en todo tipo de delitos: todavía resuena el prematuro tercer grado de uno de los Pujol o las intervenciones televisivas de Junqueras desde la cárcel, algo inaudito fuera del territorio catalán.

Dentro de no mucho, Navarra se sumará al selecto club de los que dirigirán sus cárceles sin injerencias del Gobierno Central.