Transferencia de las prisiones

El Gobierno vasco prepara el modelo penitenciario para recibir a los etarras: «Diálogo y resocialización»

etarras
Íñigo Urkullu y Arnaldo Otegi.
Agustín de Grado
  • Agustín de Grado
  • Subdirector y responsable del Área Política en OKDIARIO. Antes jefe de área en ABC, subdirector en La Razón y director de Informativos en Telemadrid.

El Gobierno vasco tiene un plan para todos sus reclusos, entre los que naturalmente se encuentran los presos etarras. Y no pasa por el modelo tradicional de perseguir, castigar y apartar de la sociedad a los delincuentes. Lo llama justicia restaurativa e implica diálogo con el condenado y su resocialización.

Sólo 23 presos etarras quedan por beneficiarse de los acercamientos al País Vasco que el Gobierno de España ha pactado con Bildu. Los cerca de 180 presos de ETA que aún siguen entre rejas terminarán todos en prisiones vascas. Será después de que las cárceles pasen a ser competencia autonómica. La negociación del traspaso con el Gobierno de España está en su tramo final. El acuerdo se firmará en las próximas semanas.

La consejera vasca de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, cree que la transferencia de las prisiones es una oportunidad. «Nos permitirá trabajar en el ámbito de la política penitenciaria con una mirada restaurativa», reconoce.

¿Qué entiende la administración vasca por justicia restaurativa? Lo explica en uno de sus documentos oficiales. “Avanzar -dice- hacia una Justicia más humanizadora, incorporando el diálogo al funcionamiento del sistema penal para atemperar las consecuencias violentas del delito sobre la víctima, así como las infligidas por la intervención institucional sobre la persona infractora”.

El Gobierno vasco se ampara en el aval de la ONU para desarrollar la práctica de la justicia reparativa más extendida: la mediación penal. Un proceso en el que una tercera persona ajena al conflicto media entre víctima y la persona denunciada para que esta última ayude a la víctima a superar la situación que ella misma ha originado.

Los defensores de la “mirada restaurativa” esgrimen que el modelo tiene numerosos beneficios. Alivia la carga de los tribunales, agiliza la impartición de Justicia y racionaliza el uso de los recursos públicos, dicen.

Las asociaciones de víctimas del terrorismo tienen otra versión. Según la AVT, ya son 36 los etarras que duermen en cárceles del País Vasco. Todos sin haber colaborado con la Justicia. Y tras haber firmado unas cartas tipo de arrepentimiento con la única finalidad de ser recompensados con el traslado cerca de sus domicilios.

El último, Txapote

La AVT avisa de que estará «vigilante» ante el tratamiento penitenciario de los presos etarras a partir de ahora. Duda de que el traspaso sea una cuestión de pura gestión material de las prisiones. La experiencia de lo que ha sucedido en Cataluña con los golpistas del 1-O está ahí. Y la AVT teme que la asunción de las competencias por el Gobierno vasco tenga un efecto similar.

El Ministerio del Interior comunicó este miércoles uno de los beneficios penitenciarios más polémicos de todos los que lleva concediendo a etarras. Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, asesino de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez y Fernando Buesa, pasará a cumplir su condena en Estremera (Madrid). Sin necesidad de haber condenado la violencia. Ni siquiera en la carta tipo a la que recurren otros de sus colegas de sangre y muerte.

Txapote abandona la prisión de Huelva, donde estaban los etarras más radicales y con mayores asesinatos a sus espaldas. Había permanecido en aislamiento hasta el pasado otoño, cuando el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska le sacó a un módulo normal y amplió sus derechos carcelarios.

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