El n° 2 de Yolanda Díaz colaboró con la trama para validar las mascarillas ‘fake’ de Torres en Canarias

El secretario de Estado de Empleo y Economía Social entre 2020 y 2023 (ahora de Trabajo), Joaquín Pérez Rey, número dos de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo, aparece señalado en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por colaborar con la trama del caso mascarillas.

Según la investigación de la UCO -a la que ha tenido acceso OKDIARIO-, Joaquín Pérez Rey y Francisco Javier Pinilla, ex director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), fueron dos altos cargos del ministerio de Díaz a los que habría recurrido Koldo García, ex asesor en Transportes y mediador con las empresas de la trama.

Koldo se refiere a ellos, según se desprende del informe de la Guardia Civil, con el propósito de acelerar el proceso de validación de unas mascarillas defectuosas con destino al Gobierno canario que presidía el socialista Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

En concreto, a partir de las comunicaciones intervenidas a los implicados, los investigadores del Instituto Armado recogen que el 28 de julio de 2020 fue Koldo García quien preguntó «al presidente canario, Víctor Torres, a quién pertenece lo de Sevilla, con el objeto de poder llamar a alguien y que se den prisa».

Torres, en su respuesta, le informa de que «lo de Sevilla» se trata del «centro nacional de medidas de protección», en alusión al Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), dependiente del Ministerio de Yolanda Díaz, y encargado de verificar la calidad del material sanitario en la pandemia. Koldo le dice entonces a Torres que «con quién puede hablar para obtener una respuesta».

Algo más de media hora más tarde de esta conversación, Koldo García vuelve a dirigirse al entonces presidente canario para trasladar que «ya ha hablado con Javier Pinilla, y le habla de Joaquín Pérez, diciendo que cuando le diga el propio Víctor Torres, va a verlos», relata la UCO, situándolos en el área de influencia de la presunta red corrupta.

«Javier Pinilla es el director general, que ya está hablado, y Joaquín Pérez es el secretario de estado de trabajo (sic) que depende de ellos. Cuando me digas me voy donde ellos, que están a 100 metros de distancia», escribió Koldo a Torres vía WhatsApp el 28 de julio de 2020. El entonces asesor de Transporte trabajaba entonces en el número 67 del Paseo de la Castellana, y el Ministerio de Trabajo tiene sus principales dependencias en el número 63.

Pocos minutos después, Torres le confirmó a Koldo la fecha en la que se enviaron las mascarillas de la trama desde Canarias a dicho organismo de Trabajo en Sevilla para su validación. Y el asistente de José Luis Ábalos le informó de que «ya están hablando con secretaria de estado (sic)», en referencia a la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social dirigida por Joaquín Pérez Rey, hombre de la máxima confianza de Yolanda Díaz.

En la tarde de ese mismo día 28 de julio, Torres volvió a preguntar a Koldo si había podido comprobar «lo de Sevilla», a lo que éste contestó que «lo tendrá al día siguiente». El entonces presidente canario pidió a Koldo que le avisara «cuando esté todo listo para ordenar el pago, solicitando que le avise a la hora que sea».

Sin embargo, el proceso de validación no sería tan rápido. Como publicó OKDIARIO el pasado martes, la ministra de Trabajo también se implicó en esta operación de la trama para validar las mascarillas fake. En el informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, la UCO reproduce una conversación reveladora entre el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el que era su asesor de cabecera, Koldo García.

Fue en la noche del 24 de agosto de 2020 cuando Ábalos se puso en contacto con Koldo para «informarle de que, según le dijo la ministra de trabajo, al día siguiente estaría la certificación de las mascarillas de Canarias».

«Se me olvidó decirte que la ministra de Trabajo me dijo que mañana estará la certificación de las mascarillas de Canarias», trasladó Ábalos a Koldo a través de un mensaje de WhatsApp. A lo que el asesor respondió por el mismo canal: «Sí, ya me dijo, gracias».

Para la UCO de la Guardia Civil, que actúa aquí como policía judicial, este hecho que alcanza a Yolanda Díaz es especialmente relevante. Los investigadores subrayan al respecto: «Como se aprecia en este mensaje, la influencia que habría ejercido Koldo en favor de Víctor de Aldama -merced a su relación económica mensual de 10.000 € en efectivo-, no se limitaba a la Administración canaria, sino que se extendería hasta la Administración central, consiguiendo implicar a los entonces ministros de Transporte y de Trabajo», destaca la UCO.

De esta manera, fueron al menos tres cargos del Ministerio de Trabajo los que se implicaron en esta maniobra gubernamental que benefició a la trama: la propia Yolanda, titular de esta cartera y vicepresidenta del Ejecutivo de Pedro Sánchez, su número dos, Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo (2020-2023) y ahora de Trabajo, y Francisco Javier Padilla, entonces director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).

«No aptas para uso sanitario»

En concreto, en coordinación con la trama, después de recibir de Soluciones de Gestión -la empresa de las comisiones- más de 800.000 mascarillas como si fueran de tipo FFP2, cuando, en realidad, «no eran aptas para el uso sanitario», sino quirúrgicas, como determinó el Hospital Universitario de Canarias, el Gobierno de Torres optó aquel agosto por recurrir a un organismo dependiente de Yolanda Díaz.

Así, el Ejecutivo canario mandó una muestra al Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, adscrito al Ministerio de Trabajo, para someter estas mascarillas a «ensayos de verificación que determinen la calidad, categoría y adecuado uso» de las mismas.
Este centro determinó que si bien estas mascarillas «no son equiparables a la nomenclatura FFP2, los ensayos realizados se detuvieron cuando se alcanzó una lectura de penetración estable superior al requisito de penetración para FFP1».

A partir de aquí, y en base a tales informes, la empresa Soluciones de Gestión propuso «como compensación por dicha situación ofrecer al Servicio Canario de la Salud las mascarillas entregadas y catalogadas como no aptas para FFP2, valorándolas como mascarillas quirúrgicas al precio de mercado del mes de abril, fecha en que se produce la entrega del material en el Hospital Universitario de Canarias, y completar el pedido hasta alcanzar el importe de los 2.094.500 € con 555.000 mascarillas de FFP2 NR modelo SBL902 del fabricante ANHUI SUBOLUN GARMENT», reza el expediente. Y el Gobierno de Torres aceptó esta propuesta de la empresa de la trama, en lugar de tomar medidas contra la misma por incumplimiento del contrato.