Montero quiso incluir como «víctimas» en la ley de memoria a los «indígenas» de la «colonización franquista»

El Ministerio de Igualdad instó a Presidencia a incluir como víctimas de la llamada «memoria democrática» a los afectados por la «represión» de la «colonización franquista» en territorios de África. Así se recoge en el informe recabado durante la tramitación del anteproyecto. Se espera que la ley quede definitivamente aprobada en los próximos meses.

La petición del departamento de Irene Montero no fue atendida. El ministerio tachó al franquismo de «régimen especialmente represor en el ámbito de la colonización», para lo que citó como ejemplo la propia «definición de indígena, con un criterio básicamente racial». Asimismo, señaló «las limitaciones a la capacidad jurídica de las personas africanas» a quienes se tenía prohibido «enajenar bienes inmuebles» o «contraer obligaciones de carácter personal cuya cuantía sea superior a quinientas pesetas», entre otros.

En algunos territorios, señaló Montero, se pusieron en marcha «regímenes jurídicos especiales dentro del propio régimen jurídico franquista, en los que se producen, entre otras actuaciones contrarias a cualquier régimen democrático, clasificaciones personales y aplicaciones de regímenes jurídicos diferenciados en función del origen territorial». «Muestra de ello son, entre otras, la Ordenanza General de los Territorios Españoles del Golfo de Guinea de 27 de agosto de 1938, la reforma del Patronato de Indígenas de 29 de septiembre de 1938, el establecimiento de la «justicia indígena» el 10 de noviembre de 1938 y los Decretos de 22 de diciembre de 1938 sobre administración territorial y auxiliares indígenas, donde entre otros se instituyeron los tribunales de Raza», se lee en el informe.

El documento, como avanzó en su día el diario La Razón, criticaba también el estricto canon de sexualidad «binaria» del franquismo y la Ley de Vagos y Maleantes, aprobada por la izquierda en la Segunda República, e instaba a sustituir el término «identidad sexual» por el de «identidad de género». Según Igualdad, de no hacerlo quedarían fuera del ámbito de aplicación de la norma «las personas represaliadas por ser, no transexuales, sino transgénero o travestis».

En varias ocasiones, la ministra ha defendido la necesidad en España de una ley de «memoria» también para la comunidad LGTBI, y particularmente para las personas y mujeres trans «que han estado en primera fila de las conquistas democráticas en nuestro país».

Polémicas

La ley se encuentra ahora en la fase final del trámite parlamentario con la intención de que sea aprobada de forma definitiva a la vuelta del verano. Entre otros puntos polémicos, el Gobierno se ha comprometido con Bildu a la constitución de una «comisión técnica» que deberá realizar un estudio de los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas «por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983». Es decir, ya en plena democracia. Ese estudio recogerá «posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo».

Tras otro de los pactos de Sánchez con sus socios -en concreto con el PDeCAT- la ley incluirá la «represión y persecución» cultural y lingüística del franquismo, declarando «víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega».

Además, y entre otras medidas, se renombra el Valle de los Caídos, que pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros; se suprimen hasta 33 títulos nobiliarios concedidos por Francisco Franco y se planea la exhumación del fundador de La Falange, José Antonio Primo de Rivera, uno de los planes inmediatos del Ejecutivo cuando la ley quede definitivamente aprobada.