Montero y ‘Pam’ impulsan un plan contra las violaciones que pide «trascender» las penas de cárcel

La ministra de Igualdad, Irene Montero, junto a la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, han impulsado la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025, un documento con medidas «para avanzar en la erradicación de la violencia machista hasta 2025».

El documento no hace alusión a las penas de cárcel para los agresores, que se han visto rebajadas con la ley del sólo sí es sí. Incluso defiende un modelo de Justicia «restaurativa» y no «meramente» basado en las condenas de prisión, o «una aproximación más preventiva, que trascienda la mirada punitiva».

Todo ello, mientras prosigue la rebaja de condenas a agresores sexuales y tras la polémica por la difusión de un vídeo, revelado por OKDIARIO, en el que la número 2 de Igualdad charla entre risas de la excarcelación de violadores. «De los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas, llega ¡los violadores a la calle! ¡Miles, oleadas!», comenta Ángela Rodríguez en el foro Feminismo para todo el mundo. ¿Qué está pasando con la violencia machista?, organizado por Podemos.

Las consecuencias judiciales de la norma estrella de Irene Montero son de sobra conocidos. Entre los casos, este periódico reveló cómo una mujer agredida sexualmente por su ex pareja ha tenido que huir de su localidad tras la salida de prisión de su violador, quien la ha amenazado con «serrarle el cuello».

«Violencia institucional»

Curiosamente, el plan aborda lo que denomina «violencia institucional», en la que encajaría precisamente la «responsabilidad de los poderes públicos» y la desprotección de las víctimas por parte del Estado.

El documento de Montero define así este tipo de violencia contra la mujer: «La falta de respuesta (inacción) o una respuesta inadecuada a las víctimas-supervivientes de algún tipo de violencia machista».

El plan pone además el foco en el tratamiento de las violencias contra la mujer en los medios de comunicación, acusándoles de generar y reproducir «formas de violencia simbólica» contra las mujeres mediante «prácticas de ridiculización e invisibilización».

El departamento de Montero lamenta que «no existe un mecanismo» para «castigar» estas prácticas y considera «necesario» incorporar «códigos éticos de comunicación» así como un «control del tratamiento de la información». Montero considera además que hay que «sensibilizar» a los medios de comunicación «para evitar mensajes que consolidan el relato del terror sexual», contenidos que buscarían condicionar la libertad de la mujer, llegando a responsabilizarlas de las agresiones.