Montero y ‘Pam’ acusan a «policías, médicos y jueces» de ejercer «violencia» sobre maltratadas y violadas

El Ministerio de Igualdad de Irene Montero ha elaborado una estrategia para «combatir las violencias machistas» que culpa a «los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, personal sanitario, de atención psicosocial y del ámbito educativo y judicial» de ejercer lo que llaman «violencia institucional» contra las mujeres que sufren maltrato o agresiones sexuales.

Con este término se hace referencia, sostiene el plan, a «la falta de respuesta (inacción) o una respuesta inadecuada a las víctimas-supervivientes de algún tipo de violencia machista». En ningún caso, claro está, se menciona la fracasada Ley del sólo sí es sí, que ha provocado ya la rebaja de condenas a casi 200 agresores sexuales.

La Estrategia estatal para combatir violencias machistas 2022-2025 fue presentada este martes por la propia Irene Montero; la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pam y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. En el transcurso de esta presentación, ésta última admitió que había dado instrucciones para la colocación de dispositivos telemáticos a las víctimas cuyos agresores queden en libertad por la norma estrella de Montero.

Con un presupuesto de 2.308 millones, la estrategia recoge diversas medidas para «proteger» a las mujeres y establece distintos tipos de violencia.

En el contexto de la «violencia institucional», se apunta directamente a policías, médicos y otros actores en contacto directo con las víctimas, a quienes se atribuye determinadas actitudes y comportamientos que podrían dar lugar a una «revictimización», según sostiene la estrategia: «Se produciría tanto por los errores en la apreciación de la situación, como por la doble victimización de las mujeres en los procesos de atención policiales, judiciales o de carácter psicosocial. Acontece cuando no se ha provisto de la atención requerida, ésta no es integral, accesible, universal o carece de suficiente calidad; o bien, el sistema no es capaz identificar adecuadamente a una víctima, por falta de detección, suficiente investigación o porque su credibilidad ha sido cuestionada».

«Ridiculización»

Así, considera el Ministerio de Igualdad que estos actores ejercen en ocasiones «prácticas profesionales» inadecuadas, que pueden deberse «a la falta de cualificación, la sobrecarga o el estrés laboral ocasionada por la insuficiencia de recursos humanos».

En esas prácticas se menciona, por ejemplo, «la infantilización, el paternalismo/maternalismo, la despersonalización en la provisión de servicios, la deshumanización (como es el privar de la intimidad que requiere la atención) e incluso la victimización directa (a través de la minimización, la ridiculización de los hechos vividos, la intimidación alertando sobre las consecuencias irremediables de la acción de denunciar y las amenazas sobre su propio enjuiciamiento si se demostrase que miente o causa un perjuicio a conciencia».

Sin embargo, en la propia definición de «violencia institucional» bien podrían encuadrarse las consecuencias de la propia Ley del sólo sí es sí. El plan recuerda que «es responsabilidad de todos los poderes públicos contribuir a erradicar todas las violencias machistas contra las mujeres poniendo en práctica las medidas legislativas que se requieran u otras necesarias».

El texto recuerda incluso que «España ha sido explícitamente señalada por los organismos internacionales de seguimiento en relación con la necesidad de asegurar la diligencia debida» para proteger a las víctimas.

Hace unos días, la propia Montero aseguró que no existía una «varita mágica» para frenar los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas. Preguntada sobre este asunto este martes, la ministra admitió que «siempre hay cosas que se pueden mejorar». Diciembre fue un mes especialmente trágico para la violencia de género, con 11 asesinadas, y 2023 ha comenzado también de forma dramática.

En paralelo, prosigue el goteo de revisiones de condenas a agresores sexuales. Algunos casos han resultado muy polémicos, como el de una mujer que ha recibido amenazas de muerte de su violador excarcelado. Y todo ello, en plena polémica por el vídeo de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, revelado por OKDIARIO, en el que comenta entre risas la salida de prisión de los delincuentes sexuales.