Montero obliga en una guía periodística a no «cuestionar el testimonio de una mujer» en casos sin juzgar

El Ministerio de Igualdad, liderado por Irene Montero, ha publicado una guía en la que da pautas a los periodistas sobre cómo deben tratar las informaciones relacionadas con violencias machistas y, entre ellas, exige no hablar de «denuncias falsas» ni cuestionar «el testimonio de una mujer», aunque el caso que haya saltado a los medios esté sin enjuiciar.

Sin embargo, esa misma guía, titulada Violencia contra las mujeres y medios de comunicación, no pide lo mismo en los supuestos en los que los actos violentos hayan sido acometidos por hombres, más bien, todo lo contrario.

El documento pide «identificar a los agresores con nombres y apellidos cuando el tipo de caso lo permita (como se hace en cualquier delito)» a pesar de que el autor sea «presunto». Una vez haya sentencia condenatoria, apostilla, hay que «identificarlos debidamente, destacar las consecuencias e incluirlo en los titulares».

Además, la guía indica «dejar claro que las agresiones no son hechos fortuitos, motivados por impulsos, sino acciones premeditadas para humillar y ejercer poder» y «evidenciar que el agresor es un hombre legitimado por el sistema patriarcal, que sostiene la violencia machista».

De acuerdo con los consejos de Irene Montero, un periodista no debe incluir ni en el titular ni en la entradilla de su noticia que el presunto agresor se ha intentado suicidar -o lo ha logrado- porque «la noticia es la agresión».

«Es necesario que se asuma y que se difunda el hecho de que el perfil del maltratador es un perfil de hombre ‘corriente’ que mata por el hecho de ser hombre con convicciones machistas, amparado en una estructura social patriarcal», ahonda la guía, que no distingue que puede haber distintos tipos de perfil de agresor.

En definitiva, la publicación, promovida y coordinada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, y realizada por Pikara Magazine, incide en poner el foco en la culpabilidad del agresor en los medios de comunicación, aunque este sea presunto y el caso no esté siquiera juzgado, mientras que, por el otro lado, pide que los medios «no se ensañen» en el supuesto de que el acto violento haya sido cometido por una mujer.

También pide a los profesionales de los medios de comunicación «tener presente» que las mujeres no tienen que justificar su «respuesta a una agresión sexual ni demostrar si han sufrido lesiones físicas o haber usado la fuerza».

Según ilustra el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, este trabajo tiene como objetivo «explicar, contextualizar y analizar, desde el respeto hacia las víctimas, centrarse en los datos de las protagonistas de cada caso y no dar voz a un posible agresor ni contribuir al relato de la equidistancia, que reduce estas violencias a problemas privados entre partes».

El estudio, de 144 páginas, se divide en cinco grandes bloques. El primero de ellos aborda «las pasadas influencias y los nuevos retos, la presión en las redes y en las calles y la formación y coordinación institucional», el segundo estudia «la accesibilidad de guías y recomendaciones para los profesionales del periodismo que cubren noticias sobre violencias machistas» y el tercero «analiza los principales manuales difundidos en los últimos años por colectivos de profesionales del periodismo».

Por último, el cuarto y quinto bloque examinan casos de violencia machista publicados en los medios de comunicación y muestran la evolución en la cobertura de las violencias machistas en los últimos diez años en España, respectivamente.