ELECCIONES CATALUÑA

Moncloa presiona a Puigdemont: frena la ley para expulsar ilegales que prometió a Junts

El PSOE teme a que la aprobación de esta ley ponga también en riesgo un acuerdo con ERC y los Comuns

Pedro Sánchez y Carles Puigdemont.
Pedro Sánchez y Carles Puigdemont.
Joan Guirado

Moncloa se aprovechará de algunas de las promesas que hizo a Carles Puigdemont para dar estabilidad al Gobierno de Pedro Sánchez y así presionar a Junts para que desista del bloqueo en Cataluña y termine facilitando la investidura de Salvador Illa a la Presidencia de la Generalitat. Una de ellas es la cesión de las competencias en materia de inmigración para que Cataluña tenga en su mano la «gestión integral» de las políticas migratorias, una reivindicación constante de los alcaldes de Junts. Se trata de una cuestión clave para los junteros de cara a las próximas elecciones municipales. Más aún tras la irrupción de Aliança Catalana en el Parlament.

El PSOE y Junts, a cambio de que los de Puigdemont salvaran algunos decretos de Sánchez, acordaron que el Gobierno cedería las competencias de inmigración a Cataluña. Una demanda del mundo municipal del partido separatista para hacer frente a la avalancha de llegada de inmigrantes ilegales que tensionan sus localidades. Aunque en su momento los dos partidos no pactaron el contenido de la futura ley orgánica, que materializará la cesión de competencias, en las últimas semanas se han producido «avances importantes».

Fuentes de Junts afirmaron, en medio de la campaña, que la norma «está ya prácticamente para aprobar». De hecho, confiaban en que pudiera ver la luz verde en un pleno antes del verano. Pero el empeño de Puigdemont por no permitir a Illa ser president, y los posibles apoyos que el PSC pueda requerir de ERC y los Comuns para lograr dicho objetivo, han paralizado estos planes. Tanto ERC como los Comuns son contrarios a la cesión de las competencias por temor a que Junts las puedan utilizar para expulsar inmigrantes.

Llegados a este punto, Moncloa jugará las mismas cartas que sus socios cuando han optado por el chantaje durante todo este tiempo. Pedro Sánchez ha dado orden expresa al grupo parlamentario socialista, capitaneado por Patxi López, de frenar la tramitación y aprobación de la norma hasta que no vean hacia dónde se mueve Junts de cara a la formación del próximo Govern catalán. Puigdemont ya ha manifestado su voluntad de concurrir a una eventual investidura, pese a que, como Salvador Illa, no cuenta con los apoyos necesarios a día de hoy, lo que impediría a Sánchez colocar a su candidato al frente de la Generalitat.

En Junts, cuando pactaron la ley orgánica para controlar la inmigración, pusieron de relieve que «es una decisión política de gran calado, para que la Generalitat pueda llevar a cabo la gestión integral de la inmigración en Cataluña con todas sus derivadas». En tanto que decisión política, pues, Pedro Sánchez la gestionará en función de sus intereses, según explican a este periódico fuentes cercanas al presidente.

Los junteros, cuando se conoció el acuerdo con el PSOE, también criticaron a ERC por poner en duda la idoneidad de la cesión de dichas competencias. Además, le pidieron al actual Gobierno autonómico del dimitido Pere Aragonés no tener «miedo» de asumir la gestión de la inmigración. En la última campaña electoral se ha convertido en uno de los principales temas de discusión entre las distintas candidaturas. De hecho, Esquerra Republicana llegó a acusar a Junts de mezclar inmigración y seguridad con un objetivo electoral.

Tras negar que mezclen inmigración y seguridad, los junteros pidieron afrontar el debate para buscar soluciones a la multirreincidencia «sea multirreincidente quien sea, da igual el que viene de ocho generaciones de aquí como el que lleva 15 días». Con este mensaje, que trasladó a la opinión pública en una entrevista concedida a este periódico, la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha logrado irrumpir en el Parlament de Cataluña.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, recordó entonces al conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, que «cuando gobernaba el tripartito y era del PSC, el único Govern que pidió reuniones urgentes con el Ministerio del Interior con Rubalcaba para acelerar la expulsión de inmigrantes es el tripartito. Así que lecciones de no sé qué, las mínimas», le espetó.

El partido de Puigdemont, que aspira volver a gobernar Cataluña pese a la negativa de Sánchez e Illa a permitírselo, defienden que «la institución de referencia sea la Generalitat» de cara a todos los inmigrantes en Cataluña para poder llevar a cabo políticas integrales.

Tutela a Puigdemont

«El Gobierno no pierde la titularidad de ninguna competencia en materia migratoria, no vamos a ninguna vía unilateral», aseguró tras conocerse el acuerdo la ministra de la Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. La responsable de Migraciones apuntó que la política migratoria del Ejecutivo «se enmarca en la Constitución española, en las normas que la desarrollan, en los acuerdos internacionales y con los Derechos Humanos en el centro».

Elma Saiz detalló que el acuerdo entre partidos alcanzado con Junts está enmarcado en la Constitución y en el Estatut de Autonomía de Cataluña. También avanzó que se tramitaría con una ley orgánica en el Congreso -que ahora Pedro Sánchez ordena frenar para presionar a Junts y no influir en posibles acuerdos entre el PSC, ERC y los Comuns-.

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