Moncloa alienta una ‘rebelión’ interna de los funcionarios que haga descarrilar el referéndum

Más allá del cauce judicial, el Gobierno cree que los funcionarios son la pieza esencial para hacer que el referéndum ilegal quede reducido a un sonoro fracaso. El acuerdo por el que Hacienda controlará hasta el último euro del Presupuesto catalán para evitar que se destine al referéndum, y, en su caso, bloquear el FLA, coloca a los empleados públicos en el punto de mira.

Ellos, los interventores de los departamentos de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, así como de todas las entidades públicas que intervienen en el gasto autonómico, tendrán que certificar al Gobierno que no se ha iniciado ningún expediente de inversión para el referéndum ilegal. Y eso les coloca ciertamente en un papel muy comprometido.

En caso de incumplimiento, ellos mismos serán los responsables. En el Ejecutivo llevan tiempo remitiéndose a las sentencias del Tribunal Constitucional que amplían a empresas y trabajadores públicos las posibles consecuencias derivadas de vulnerar la Constitución y la legalidad española si colaboran con un acto ilegal, como el 1-O. Por eso, lo que pretende Moncloa es que sean los propios funcionarios los que se ‘planten’ a las órdenes de sus superiores y se remitan al marco constitucional para no participar en los preparativos del referéndum. Es decir, promover una especie de «rebelión» de funcionarios que, en el pronóstico optimista del Gobierno, haga descarrilar el procés.

Y ese es el propósito del Gobierno en el acuerdo, anunciado este viernes y que este sábado se hará efectivo con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Los funcionarios, consideran fuentes de Moncloa, pueden decirle a Junqueras -el organizador del referéndum- que «no están dispuestos a asumir esos riesgos». Ni aunque existiese una orden por escrito, admiten en las mismas fuentes, se eximiría la responsabilidad. «Ni en ese caso el funcionario podría hacerlo», insisten desde el Ejecutivo, remitiéndose a las sentencias del Constitucional.

La situación pone en una difícil coyuntura a Junqueras, porque, en definitiva, sería el responsable de que un funcionario pueda ser sancionado. Aunque bien es cierto, también, que a la Generalitat poco parece importarle el riesgo de sus empleados.

Así quedó de manifiesto en las alegaciones de la Generalitat sobre las responsabilidades en el pago de los más de 5 millones de euros de dinero público que costó el 9-N. El Gobierno catalán sostiene que «los gastos preparatorios y vinculados a la consulta del 9-N» que ordenaron Mas, Ortega, Homs y Rigau fueron «intervenidos y aprobados» por los interventores delegados de los respectivos departamentos, lo que, en la práctica, deriva hacia ellos la palabra última de su aprobación.

De hecho, y para «exculpar» a Mas y los suyos, los abogados de la Generalitat llegaron a adjuntar varios documentos de altos cargos del Govern en los que aseguran que los expedientes de contratación y tramitación fueron «debidamente fiscalizados» por la intervención delegada de cada departamento.

Por este extremo, la asociación Societat Civil Catalana ha pedido en las últimas horas al Tribunal de Cuentas que aclare el papel y responsabilidad de los interventores, bien por «negligencia» en el cumplimiento de respeto a la Constitución o por coacción de sus superiores. El objetivo de SCC es que los funcionarios «puedan manifestar si cumplían órdenes y de parte de quién cumplían estas órdenes», pero «de ninguna manera», según aclaró Alex Ramos, vicepresidente de esta entidad, se quiere señalar a los trabajadores públicos.

Situación distinta al 9-N

Según la ley, los empleados, al autorizar las partidas, serían finalmente cómplices de la actuación ilegal. Y ello abre la puerta a obligarles a responder penalmente, con las posibles consecuencias para su patrimonio.

Pero el Gobierno cree que la situación ahora es muy distinta a la del 9-N. Entonces, los funcionarios actuaban «con total desconocimiento». Las sentencias posteriores dejan claro que la Justicia no distinguirá entre empleados y altos cargos para eximir de responsabilidades. Y por ello, que pueden ser sancionados e inhabilitados. Desde ayuntamientos a Mossos, los funcionarios son esenciales en todos los eslabones del 1-O.

Voluntarios, también responsables

Por ahora, los sindicatos han descartado presiones directas. Pero no las descartan en absoluto, como recientemente confirmaron a OKDIARIO. Sobre todo, una vez que la Generalitat compruebe que carece de personal para asumir la logística del referéndum.

Hace semanas que Puigdemont anunció una «bolsa de voluntarios» para hacer frente a esas necesidades, de la que nada se sabe. Según cálculos del Ejecutivo catalán, se necesitarán unas 80.000 personas, 4.500 agentes electorales y hasta 76.500 personas para asegurar las mesas de votación. Una ingente cifra que difícilmente, sostienen fuentes sindicales, se podrá cubrir de forma voluntaria.

Por otro lado, la futura Ley del Referéndum, que los independentistas quieren aprobar en la primera semana de septiembre, asegura un marco legal «supremo» que trascendería la legalidad española y ante el que los empleados públicos desconfían profundamente.

Asimismo, y como informó también OKDIARIO, sobre la mesa del presidente catalán y Oriol Junqueras está el documento “Los trabajadores públicos ante el referéndum. Informe sobre Mossos y Policías locales”, avalado por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), en el que recomienda que la Ley de Referéndum establezca una modificación en la de los Mossos con la que haga “desaparecer” la supeditación a la Constitución del Cuerpo policial.

Tampoco es casual que el Gobierno dirigió a interventores y secretarios municipales la carta en la que les advierte de «la obligación del respeto a la legalidad constitucional y estatutaria», de modo que no pueden colaborar en la organización del referéndum sobre la independencia y, en consecuencia, abrir los colegios el día de la votación. La misiva se remitió hace unas semanas a 993 entidades locales de Cataluña para recabar su colaboración, asegurar el cumplimiento de la Constitución y “preservar el adecuado destino de los fondos públicos”.

En caso de desobediencia, el Constitucional puede intervenir. Sea quien sea. Un alto cargo autonómico, un empleado público o un voluntario.