El ministro Torres ocultó un informe que alertaba de contratos por 9,7 millones con la trama de Koldo

El Gobierno socialista de Canarias, presidido entonces por el ahora ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, fue alertado de las irregularidades en la contratación de la principal empresa investigada en la trama de mordidas, por la que ha sido detenido Koldo García, ayudante del ex ministro y ex número 2 del PSOE José Luis Ábalos. Un informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias (el Tribunal de Cuentas canario), que Torres ordenó ocultar, advertía de la dudosa legalidad del contrato adjudicado a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. por el que recibió más de 9,7 millones de euros pese a tratarse de una sociedad cuyo objeto social no era el material sanitario, campo en el que carecía de experiencia. Sin embargo, la Administración autonómica presidida entonces por el hoy ministro la convirtió en la tercera empresa con más contratos de urgencia recibidos por el Covid. Se llevó el 11,93% de la inversión.

El informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias, al que ha tenido acceso OKDIARIO, resaltaba en la página 32 que «Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. (11,93 %) e Innjoo Technology S.L. son sociedades cuyo objeto social no se corresponde con la venta de material sanitario, es decir, el Servicio Canario de Salud adjudicó la compra de material sanitario a empresas que no consta que hubiesen ni acreditado la preceptiva solvencia profesional». En el caso de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., dirigida por Iñaki Rotaeche -también detenido-, el Gobierno de Torres le entregó en el marco del caso Koldo –que ahora investiga la Audiencia Nacional– el 18% de los ingresos de ese año. La SL pasó de cero a 53 millones de euros de facturación en pocos meses.

La documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO destaca que el primer contrato firmado entre el Gobierno de Canarias y Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. se formalizó el 22 de abril del 2020. Apenas cuarenta días después de la declaración de la emergencia sanitaria por el Consejo de Ministros. Un trámite que daba mayor flexibilidad a las administraciones a la hora de realizar contrataciones por el procedimiento de urgencia. El siguiente contrató se firmó apenas dos semanas más tarde, el 4 de mayo del mismo año. Lo que demuestra que la trama de Koldo empezó a operar desde buen inicio de la pandemia.

En el caso de la primera orden, el importe de la contratación ascendió a 4.775.000 millones de euros. Esa comanda debía servir para, sin especificar la cifra, «la adquisición de mascarillas protectoras FPP2 destinadas a los hospitales del Servicio Canario de la Salud por emergencia sanitaria Covid». En el segundo, por valor de cinco millones, se adjudicó «el suministro de dos millones de mascarillas protectoras KN95 para la lucha frente a la covid para el Servicio Canario de la Salud». En ambos casos son importes sin IGIC, el equivalente al IVA en Canarias.

La oposición en el Parlamento autonómico, ejercida entonces por Coalición Canaria y el PP, ahora ambos en el Gobierno, solicitaron una comisión de investigación parlamentaria que el Ejecutivo del PSOE y Podemos rechazaron. Ambos partidos reclamaban «analizar las responsabilidades políticas inherentes a la gestión de la contratación del Servicio Canario de Salud del Gobierno autonómico y el denominado Comité de Emergencia Sanitaria de Canarias del material sanitario para hacer frente a los efectos de la COVID-19», y derivadas de la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias por parte del director del Servicio Canario de Salud y de la directora General de Recursos Económicos, conocido como caso Mascarillas.

Además de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., involucrada en la trama del ayudante de Ábalos, el Gobierno de Canarias de Ángel Víctor Torres también contrató a la empresa Innjoo Technology S.L. con contratos por valor de 107.750 euros, pese a que, como en el caso de la ahora investigada por la Audiencia Nacional, tampoco Innjoo Technology S.L. tenía experiencia en el campo sanitario, según el informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

Mascarillas que nunca llegaron

El Ejecutivo canario de coalición entre el PSOE y Podemos, que dirigía el ahora ministro Torres, también contrató por procedimiento de urgencia a una empresa que se dedicaba al sector del automóvil el suministro de mascarillas que nunca llegaron. En concreto a RR7 United, S.L., con sede social en Las Palmas de Gran Canaria, se le adjudicó un contrato por valor de cuatro millones de euros para la entrega de un material que nunca se entregó. Por este tema está siendo investigado el que fuera director del Servicio Canario de la Salud, el socialista Conrado Domínguez.