Marlaska dice a la Policía Europea que reforma la Ley de Seguridad por la nueva “realidad social” española

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha tenido que contestar a los requerimientos de los policías europeos. El presidente de la Unión Europea de Policía (EPU) exigió explicaciones al ministro por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, una nueva ley que rebaja la autoridad de los agentes, reduce su material antidisturbios y deja sin defensa ni capacidad operativa a los policías en innumerables ocasiones. La directora de Gabinete de Marlaska ha contestado ahora con una carta en la que admite que la reforma legal viene forzada por la “actual realidad social”. Y esa realidad, obviamente, lleva dentro las exigencias de Podemos, Bildu y ERC.

El Ministerio del Interior ha tenido que recurrir, además, para justificar su reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, al argumento de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han experimentado una “notable mejora de medios materiales y número de efectivos”. Un argumento un tanto extraño cuando de lo que se habla es de una reforma legal que nada tiene que ver con los efectivos y que, a lo sumo, puede provocar más necesidades de recursos: algunos de los cambios, por ejemplo, exigen trasladar a una comisaría en un plazo máximo de dos horas a los detenidos para ser identificados y posteriormente ser devueltos de inmediato al sitio de la detención, lo que, por lógica, exigirá de más recursos disponibles.

Todo ello consta en la carta remitida por la directora de Gabinete de Fernando Grande-Marlaska a la Unión Europea de Policías (EPU), sindicato del que forma parte la Confederación Española de Policía (CEP). Y es que la EPU se había dirigido previamente al departamento de Marlaksa para demandar explicaciones sobre los motivos por los que no se había contado con los agentes españoles para la modificación de una norma esencial en el trabajo policial.

En la nueva misiva, Interior no duda en vincular la reforma legal a una serie de causas: “La necesaria adecuación a la actual realidad social y a las demandas ciudadanas de seguridad y protección de derechos individuales”. No alude a fallos en la anterior norma. Ni a cambios operativos. Sino a la nueva “realidad social” y a las “demandas ciudadanas”. Es de suponer que esas “demandas” y esa “realidad social” tengan más que ver con las exigencias de Bildu, ERC y Podemos -deseosos de reducir el control, operatividad y protección policial- que a cualquier otra demanda ciudadana.

Según la carta de la jefa de gabinete de Marlaska -Susana Crisóstomo- la reforma buscaría “recoger el contenido de resoluciones judiciales de tribunales nacionales e internacionales, así como demandas y recomendaciones de organismos supranacionales de los que nuestro país forma parte”.

«Consenso suficiente»

Desde el sindicato de policía CEP señalan que “hay que recordar que el Tribunal Constitucional se pronunció en su Sentencia 13/2021 sobre un recurso contra esta norma y que en su fallo no declaró inconstitucional ningún artículo de la Ley Orgánica 4/2015. Previamente, ese mismo órgano judicial emitió la Sentencia 172/2020, en la que desestimaron las peticiones de inconstitucionalidad planteadas, salvo la que supuso eliminar la expresión ‘no autorizado’ para el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pudieran poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes. En definitiva, el Tribunal Constitucional, y frente a lo que afirma Interior, no ha cuestionado esa norma desde su entrada en vigor salvo en la eliminación de dos palabras”.

La respuesta del departamento de Grande-Marlaska a la carta del Presidente de la Unión Europea de Policías considera, por otro lado, que “en su tramitación parlamentaria todavía pendiente, es de esperar que se logre el consenso suficiente para proveer a la norma del equilibrio ineludible entre libertad y seguridad”. Acuerdo que, precisamente, le instaban a extender los policías europeos al propio colectivo de profesionales de la seguridad de España, como muestra de diálogo y de sensibilidad hacia su trabajo.

“Pese a las críticas unánimes de los sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de Guardia Civil, Interior insiste en que con la nueva norma se pretende proveer de ‘protección de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, reforzando su seguridad jurídica’, cuestión esta que ha sido denunciada por parte de los profesionales de la seguridad pública al constituir un argumento falaz”, destacan desde CEP.

“En la carta remitida por el Sindicato Europeo de Policías al Ministerio del Interior a finales de noviembre se recordaba que el Gobierno español ‘tiene el deber moral’ de negociar esta reforma y reclamaba abrir un proceso de diálogo con los representantes de los policías nacionales, al menos como fórmula para tener en cuenta sus opiniones. Frente a esa posibilidad, como ya ha denunciado CEP reiteradamente, Interior pretendió reunirse con los sindicatos policiales -cita a la que no acudió CEP por entender que el diálogo debería haberse producido antes de cerrar el contenido de la modificación- para presentar el proyecto de reforma de esta Ley como un hecho consumado, sin margen alguno para su reformulación o reconsideración” concluyen desde la Confederación Española de Policía.