Marchena logra la mayoría para condenar a los golpistas del 1-O por conspiración para la rebelión y sedición

La sentencia del Tribunal Supremo del juicio por el golpe de Estado independentista del 1 de octubre de 2017 se encuentra en su fase decisiva. Y el presidente de la Sala, el magistrado Manuel Marchena, sigue defendiendo la condena a los golpistas por “conspiración para la rebelión” –que implica una pena de hasta siete años y medio de cárcel–, de manera que se sume al delito de sedición –entre 10 y 15 años de prisión–. En su defensa, Marchena ha conseguido suscitar el apoyo de la mayoría del Tribunal. Pero se enfrenta a un bloqueo: el de la amenaza de romper la unanimidad de la sentencia por parte de magistrados de izquierdas.

El grupo que encabeza la magistrada Ana Ferrer defiende eliminar por completo cualquier referencia a la rebelión –el delito de rebelión implica una condena de entre 15 y 25 años de cárcel– y aplicar exclusivamente el tipo de sedición para los cabecillas del golpe separatista del 1-O, un tipo con penas claramente inferiores.

Los plazos se cierran y la sentencia será publicada previsiblemente el día 14 de octubre, tal y como ya conoce el propio Gobierno. La pelea final sobre el tipo aplicable a los cabecillas del golpe efectuado el 1-O, entre ellos, el líder de ERC, Oriol Junqueras, se define en estos momentos.

Hay que recordar que la tesis mantenida tanto por la Fiscalía como por la acusación particular se basaba en que la celebración ilegal del referéndum separatista fue constitutiva de un delito de rebelión, un planteamiento que parece abocado a la desaparición. Porque, a lo sumo, quedará reducido a un añadido a la sedición por conspiración para la rebelión. Marchena busca salvar, al menos, la aparición penal, aunque sea mínima, de lo que la Fiscalía dio por seguro: esa rebelión.

Tesis de la Fiscalía

Hoy por hoy, en el Supremo se da por hecho que las condenas no mantendrán el tipo de rebelión. Pero Marchena busca que se adecue a la tesis de “conspiración para la rebelión”, algo que elevaría las penas al sumarse al delito de sedición, y que no exigiría la constatación plena de la existencia de violencia, sino el hecho de que se buscó ese choque violento como parte de la estrategia golpista.

El problema para Marchena se encuentra en la amenaza de votos particulares en la sentencia. El Tribunal Supremo quiere evitar a toda costa una imagen de división porque se trata de un asunto especialmente delicado para España, la defensa constitucional y la propia imagen del Alto Tribunal. Nadie en el Supremo quiere dar esa imagen de fractura en un asunto tan abrumadoramente de Estado como el de la defensa frente a lo que la Fiscalía ya ha calificado como golpe separatista.

Y esa es, en estos momentos, la pugna final: la de si prevalece un rastro de la tesis de rebelión o si, por el contrario, la presión de los magistrados más cercanos a Ferrer hacen valer el temor a uno o varios votos particulares para que la sentencia se adecue plenamente a un delito de sedición.