Sánchez mete en la mesa con Torra al ministro que criticó a los jueces y defendió la violencia del ‘procés’

El ministro de Universidades, Manuel Castells, formará parte de la mesa de negociación entre el Gobierno socialcomunista y la Generalitat de Cataluña, que celebrará su primera reunión el próximo 26 de febrero. Castells fue muy crítico con las posiciones del Gobierno de Mariano Rajoy con respecto al referéndum ilegal, cuestionó a los jueces por la sentencia e incluso defendió el estallido violento en defensa de  los dirigentes independentistas encarcelados.

Castells se unirá así a la delegación, encabezada por Pedro Sánchez, y que integrarán también el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y probablemente, el ministro de Sanidad y secretario de organización del PSC, Salvador Illa. La propuesta del ministro partió de Iglesias y fue confirmada por el presidente del grupo parlamentario de Podemos en el Congreso, Jaume Asens. Asens consideró que podrá aportar «un componente de cercanía humana» porque «es una persona que conoce muy bien el conflicto catalán». «Va a ser un interlocutor que el Gobierno de Catalunya va a reconocer fácilmente», añadió.

Las tesis de Castells, reconocido sociólogo y economista, están muy cercanas a las del separatismo. Tanto es así que, en sus diversos artículos, se ha mostrado muy crítico con la Justicia y defensor a ultranza de un referéndum. En uno de los más vehementes, ‘Explosiones sociales’, publicado en La Vanguardia en octubre del año pasado, el ahora ministro critica la «represión violenta por parte del Gobierno español, apoyado por la mayoría de los partidos y jaleado por muchos medios de comunicación».

Manuel Castells prosigue argumentando que «lo que empezó como un proceso gradual de redefinir pacíficamente las relaciones entre Catalunya (sic) y España desembocó en confrontación».

«En ese contexto, la desmesurada e injusta sentencia de unos jueces nombrados por un Consejo General del Poder Judicial designado por componenda política ha indignado a una mayoría de la población catalana, incluso a aquellos que no somos independentistas», dice. Por ello, considera que «era de esperar la reacción que se ha producido, pacífica y masiva en su inmensa mayoría, violenta y minoritaria en algunos sectores radicalizados, como suele ocurrir en toda gran protesta social».

«Pegaron a nuestros abuelos»

«Esta violencia es condenable éticamente y contraproducente políticamente. Pero hay que entenderla en lugar de demonizarla y tratarla como un problema de ‘orden público’», considera. Para Castells, los protagonistas de esa violencia no fueron «infiltrados o provocadores» sino «miles de jóvenes catalanes que han visto cómo pegaban a sus abuelos el 1 de ­octubre y quieren ponerse en primera línea».

«Cuantas más jóvenes apaleen, cuantos más nuevos presos políticos haya, más se irá ­creando una reserva de rauxa que se expresará de mil formas», añade. Y abundando en las críticas al Estado, apunta a «la frustración política de toda una generación que se siente traicionada».

Castells, como también publicó OKDIARIO, considera además que Oriol Junqueras, condenado a 13 años de cárcel por sedición y malversación, está en prisión por «una declaración de independencia simbólica».

Así se expresó en una charla sobre ‘La crisis global de la democracia liberal’, en noviembre pasado. «Por declarar simbólicamente la independencia, no hicieron nada más, les caen 13 años de cárcel en la gran democracia española», resumió el ministro de Podemos. También arremetió contra la Policía y su actuación durante el referéndum ilegal y reiteró la idea de que «la gente está enfadada, sobre todo los jóvenes, que dicen: ‘Hace dos años mis abuelos fueron a votar en un referéndum, declarado ilegal, pero que votaron dos millones y medio de personas, y les pegaron. Pues ahora no vamos a dejar que peguen a nuestros abuelos, nos ponemos delante y vamos a proteger a nuestros abuelos’».

«La inquina de los jueces»

Manuel Castells criticó también, en otro artículo, la «inquina» de los jueces encargados del ‘procés’ y consideró, antes de la sentencia, que «la observación imparcial de lo que está ocurriendo en el proceso al independentismo en el Tribunal Supremo hace temer que se está fraguando una tremenda injusticia». Consideró que la declaración unilateral de independencia habría de castigarse apenas como «desobediencia» con una mera inhabilitación porque «no es un crimen». De hecho, continúa, «la única violencia el 1 de octubre, y en otros momentos, provino de las fuerzas policiales».

«Pero ¿por qué esa inquina y parcialidad de fiscales y jueces? Tiene una raíz ideológica y política, no jurídica. Porque la norma nunca es automática, requiere una interpretación y esa interpretación es sesgada. No por mala fe, sino por predisposición ideológica hacia la defensa de la nación española que no se puede cuestionar», observó en otro momento.

Autor de más de 20 libros, su trilogía La era de la información: economía, sociedad y cultura (1996-2003) ha sido traducida a 23 lenguas.

Además, ha trabajado como asesor de la Unesco, de la Comisión Europea, y de diferentes gobiernos como el de Estados Unidos, Chile, México, Francia, Rusia, China, Brasil, Portugal y España.