Ley mordaza en Podemos: a la gerente se le escapa ante el juez que multa las filtraciones con 1.000 €

Un documento entregado al juez que investiga a Podemos por financiación ilegal, fraude electoral y falsedad en documento mercantil revela que el partido impone multas de entre 500 y 1.000 euros a sus cargos públicos que filtren información a la prensa sin permiso. Además, quienes incumplan este punto del régimen interno podrán ser expulsados de la formación.

La abogada de la gerente de Podemos, Rocío Val, ha aportado el reglamento general interno en el que se explican las limitaciones de salario que el partido impone a sus cargos. El documento muestra también otros aspectos relacionados con el funcionamiento de la formación morada que no es de dominio público. Entre ellos, las sanciones, catalogadas en leves, graves y muy graves.

Tres artículos dedica la normativa interna de Podemos a amordazar la filtración. El primero castiga la «publicación maliciosa de las negociaciones mantenidas dentro del grupo o con las demás organizaciones dentro de la institución».

El segundo determina que está prohibida «la comparecencia ante los medios de comunicación, dentro o fuera de la sede parlamentaria, en calidad de diputada o diputado de Podemos, incumpliendo los protocolos de actuación establecidos por la Secretaría de Comunicación de Podemos competente o del órgano con funciones análogas». Es decir, mantener conversaciones con los medios que no hayan sido aprobadas anteriormente por los equipos de comunicación pertinentes.

El tercero, más claro, marca como muy grave «la infracción del deber de confidencialidad cuando ello redunde en descrédito de compañeras y compañeros o bien de la coherencia o credibilidad de la posición mantenida por el grupo», así como «filtrar a cualquier medio de comunicación o en redes sociales los asuntos tratados en las reuniones del grupo o delegación».

La sanciones a las que los cargos de Podemos se enfrentan si incumplen uno de estos artículos viene recogido en el apartado siguiente del documento. Establece que «las infracciones muy graves serán castigadas con una amonestación por escrito y una sanción económica de 500 euros a 1.000 euros, con posibilidad de ser separar la persona temporal o permanentemente del grupo o delegación de Podemos».

Otras infracciones

Podemos también considera como muy grave el «incumplimiento de las decisiones adoptadas por la Asamblea Ciudadana y los órganos que la representan, así como las directrices establecidas de manera puntual por el Consejo de Coordinación». En este sentido, regla el cumplimiento de las aprobaciones generales de la cúpula, como podrían ser los reglamentos o las directrices procedentes de las reuniones periódicas de por órganos internos de dirección.

También recoge aspectos como la asistencia donde los miembros de Podemos no pueden ausentarse a tres sesiones plenarias sin justificación.

Investigación 

Podemos está siendo investigado por el juzgado nº 42 de Madrid. Su titular, el juez Juan José Escalonilla, ha imputado al partido, al tesorero, Daniel de Frutos; el jefe de campaña y mano derecha de Iglesias, Juanma Del Olmo, a la responsable de compras, Andrea Deodato, a la gerente, Rocío Val, al administrador único de Neurona Comunidad, Elías Castejón, y el procurador y el administrador mancomunado de Izquierda Unida, Carlos García Ramos.

El ex abogado de Podemos José Manuel Calvente explicó en una denuncia interpuesta ante la Guardia Civil que su compañera Mónica Carmona, otra letrada del partido purgada por la dirección, y él mismo estaban realizando una investigación interna por posibles irregularidades contables en Podemos cuando fueron despedidos en diciembre del año pasado.

Irregularidades que, según su versión, habrían consistido en gastos sin justificar o no previstos en los presupuestos del partido o también sobresueldos. También dirige sus sospechas contra la Neurona Comunidad S.L., una sociedad pantalla que trabajó en la campaña electoral de Podemos durante las elecciones del 28 de abril.

El ex abogado de Podemos presentó denuncia en Barcelona por estos hechos y fue remitida después a los juzgados de Madrid por ser los competentes para investigar. El instructor citó al abogado para que se ratificara en una comparecencia que duró casi tres horas y media.

Un día después, Escalonilla dictó varios autos en los que imputó al partido como persona jurídica y a varios dirigentes del mismo. También requirió abundante información y documentación tanto a Podemos como a organismos públicos, al grupo de policía judicial, al Tribunal de Cuentas, al Registro Mercantil, al Registro de Cooperativas de Madrid y a entidades financieras.