La ley de ‘memoria’ de Sánchez reconoce como víctimas de Franco a españoles que aún no han nacido

La Ley de «Memoria Democrática» que el Gobierno aprobará la próxima semana -gracias al apoyo de Bildu- incluye una extensa consideración de «víctimas» de la Guerra Civil y la dictadura. Según el texto, serán consideradas así no sólo quienes hayan sufrido en primera persona la vulneración de derechos desde 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978. También sus «descendientes, ascendientes y colaterales hasta el cuarto grado». Desde el Ministerio de Presidencia, a preguntas de este periódico, lo acotan a los bisnietos si bien el sentido estricto del texto lo extendería hasta los tataranietos. También los primos de las víctimas estarían reconocidos como tal.

Se daría así la circunstancia de que «alguien que no haya nacido todavía podrá, en su día, registrarse como víctima de la Guerra o de la represión franquista», denuncia el Partido Popular en su enmienda a la totalidad a la ley, a la que ha tenido acceso OKDIARIO. El PP intentó sin éxito durante el proceso de negociación acotar esa consideración exclusivamente a «las personas fallecidas o desaparecidas como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura».

Fuentes del Ministerio de la Presidencia matizan que, básicamente, se trata de una definición a efectos administrativos. Es decir, «que puedan, por ejemplo, instar a la Administración a localizar a algún familiar o incluirse su ADN en el banco que se creará al efecto». O que, en definitiva, puedan ejercer la representación de su familiar en las acciones encaminadas al «reconocimiento» o la «reparación».

Según el texto de la ley recibirá, pues, la consideración de «víctima» un amplio rango de familiares de los represaliados por la Guerra y la dictadura. Así, lo serán los familiares de los «fallecidos o desaparecidos»; de aquellos que sufrieron «privaciones de libertad o detenciones arbitrarias, torturas o malos tratos como consecuencia de la Guerra, la lucha sindical y actividades de oposición a la dictadura»; de los que sufrieron «deportación, trabajos forzosos o internamientos en campos de concentración»; de los exiliados o de quienes padecieron incautaciones y pérdida total o parcial de bienes; de personas LGTBI que sufrieron represión.

También se incluye a los allegados de aquellas que fueron «depuradas o represaliadas profesionalmente por ejercer cargos y empleos o trabajos públicos durante la Segunda República o por su oposición a la dictadura»; de niños y niñas «sustraídos» o, entre otros, de «personas represaliadas o perseguidas por el uso o difusión de su lengua propia».

En este sentido, la ley reconoce el derecho a obtener una «declaración de reparación y reconocimiento personal» a quienes durante la Guerra y la Dictadura padecieron esas circunstancias, y a los «condenados y sancionados por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa». En caso de que hubiesen fallecido, los familiares antes mencionados podrán solicitar ese reconocimiento.

«Reparación integral»

En principio, el texto de la ley rechaza la «responsabilidad patrimonial», así como la «reparación o indemnización de índole económica o profesional». Sin embargo, las enmiendas pactadas con los socios de Sánchez a lo largo de la negociación abren la puerta a una «reparación integral» y a la posibilidad de que ésta sea también de «carácter económico». 

A la espera de ver cómo se concreta este punto, el Gobierno ha pactado con Bildu, Más País y el PdeCAT la creación de una «comisión técnica» que, en el plazo de un año, deberá elaborar un estudio sobre las medidas de reparación económica para establecer recomendaciones y propuestas. Esto afectaría, especialmente, a la devolución de los bienes y dinero incautado durante este período histórico. Además, se elaborará con este fin una «auditoría» de los «bienes expoliados».

La consideración de «víctima» va aún más allá. En otra de las enmiendas pactadas por el PSOE con el PDeCAT se otorga también esa consideración para el catalán, el euskera y el gallego.

«Se considerarán víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega en sus ámbitos territoriales lingüísticos, cuyos habitantes fueron perseguidos por hacer uso de éstas», reza la enmienda pactada con los separatistas catalanes.

La ley saldrá adelante gracias al apoyo decisivo de Bildu, que ha accedido a dar su respaldo tras pactar con Sánchez la constitución de una comisión técnica que analizará las vulneraciones de «derechos humanos» a personas «por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos» desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983.

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, se jactó este lunes de que ese acuerdo ha abierto «un camino para cuestionar el relato de la Transición ejemplar».