Bildu se jacta de que la ley de Memoria pactada con Sánchez cuestionará «la Transición ejemplar»

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Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi.
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

Bildu ha puesto negro sobre blanco cuál es su objetivo al apoyar la ley de «memoria democrática» del Gobierno de Pedro Sánchez . La formación proetarra será decisiva para que Sánchez pueda aprobar una de sus leyes estrella. Y gracias a un acuerdo por el que se extenderá su aplicación hasta finales de 1983, es decir, en plena democracia. «Hemos abierto un camino para cuestionar el relato de la Transición ejemplar», ha manifestado en una entrevista en Hamaika Telebista, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua.

Gracias al acuerdo con los de Arnaldo Otegi, el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos podrá sacar adelante la ley de «memoria democrática», un proyecto atascado desde hace meses y que ha provocado enfrentamientos entre los socios del Ejecutivo y también con sus aliados parlamentarios. El Gobierno prevé llevarla al Pleno del Congreso la segunda semana de julio, una vez concluya el debate sobre el estado de la Nación, y quiere que esté definitivamente aprobada en septiembre.

Una de las principales medidas será la extensión del ámbito de aplicación de la ley hasta los cinco primeros años de la democracia. Es decir, ya bajo el mandato de Felipe González. Bildu no ha ocultado que su intención es investigar los «abusos» cometidos en este período, en plena democracia.

En concreto, la enmienda pactada por los proetarras con el PSOE dice lo siguiente: «El Gobierno, en el plazo de un año, designará una comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas».

Además, se creará una «comisión independiente» formada por expertos para que abran una investigación para esclarecer las violaciones de derechos humanos cometidas en España durante la dictadura franquista mediante la recepción de testimonios, información y recopilación de documentos. Esta comisión se encargará de elaborar un informe en el que habrá conclusiones y recomendaciones para garantizar el reconocimiento oficial y la reparación de las víctimas.

«Tal y como hemos escuchado tantas veces, la Transición fue un período maravilloso. No es cierto, aquí en Euskal Herria tantos y tantas sabemos que no fue así. Continuó la represión. Siguió vivo ese franquismo a pesar de tener otros nombres. Y esto por lo menos abre otro camino a que el relato no sea monolítico», ha celebrado Aizpurua este lunes.

La ley saldrá adelante con el apoyo, además de Bildu, del PNV, PDECat, Más País, Compromís y otros partidos minoritarios, y sin el respaldo de ERC.

Entre otros puntos relevantes, acordados por el Gobierno con sus socios, se declara «ilegal» el régimen franquista y sus tribunales, lo que implicará la nulidad de sus condenas.

Además, se establece que el euskera, el catalán y el gallego sean consideradas «víctimas». En este sentido, la ley reconoce como víctimas a sus comunidades y a las culturas vasca, catalana y gallega, cuyos habitantes «fueron perseguidos por hacer uso de éstas».

El Valle de los Caídos pasará a nombrarse simplemente Cuelgamuros. Se procederá a la exhumación de los restos allí depositados. En el caso de Primo de Rivera, la ley establece que sea ubicado en lugar «no preeminente» del recinto.

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