Sánchez multará con 150.000 € la exaltación del franquismo mientras despenaliza el enaltecimiento de ETA

La ley de «memoria democrática» que Pedro Sánchez aprobará la próxima semana gracias al apoyo de Bildu considera «infracción muy grave» la «exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, la Guerra [Civil], la dictadura o sus dirigentes», que será castigada con multas de entre 10.001 y 150.000 euros. Una medida que choca con la intención del Gobierno de despenalizar el enaltecimiento del terrorismo, como ya ha planteado en el Congreso de los Diputados, y su pasividad ante los actos de homenaje a etarras.

La ley, una de las normas estrella de Sánchez, tiene la finalidad, según el Ejecutivo, de asegurar el «reconocimiento» de las «víctimas de la Guerra Civil y la dictadura», además de «suprimir elementos de división entre la ciudadanía». Pese a esa exposición, se trata de una ley profundamente ideológica que incorpora un estricto régimen sancionador.

En concreto, junto con el traslado de los restos de víctimas sin autorización o la destrucción de fosas, la ley califica de «infracción muy grave» la «falta de adopción de las medidas necesarias para impedir o poner fin a la realización, en espacios abiertos al público o en locales y establecimientos públicos, de actos de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, cuando entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares por parte del titular o responsable del espacio donde se desarrollen dichos actos».

En tanto «infracción muy grave», la ley le atribuye un rango de sanción que va desde los 10.001 euros a los 150.000. Además, el Gobierno se reserva «el cierre temporal, por un período de seis meses a dos años, de los locales o establecimientos públicos» donde se hayan cometido los hechos.

ETA

Por el contrario, a iniciativa de Podemos, el Gobierno quiere promover la reforma del Código Penal para la despenalización de los llamados «delitos de opinión» y evitar la cárcel en casos como el enaltecimiento del terrorismo.

Actualmente, el Código Penal recoge que todo aquel que enaltezca o justifique en público los delitos de terrorismo o participen en actos que menosprecien o humillen a las víctimas de estos serán castigados con penas de prisión de uno a tres años y con multa de doce a 18 meses. Según la iniciativa, «en un contexto en el que ni ETA ni GRAPO ni su entorno están ya activos, este delito no tiene ningún sentido salvo para reprimir la libertad de expresión». La proposición de ley, aún pendiente de aprobación, lleva la única firma de Podemos pero ha sido apoyada por el PSOE en el trámite parlamentario.

Cabe recordar, asimismo, que los actos de homenajes a etarras no cuentan con sanción económica alguna. De hecho, el Gobierno tiene paralizada la reforma de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo para incluir un régimen sancionador para los llamados ongi etorris. Pese a que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se lo ha prometido en reiteradas ocasiones a las víctimas, nada se sabe hoy por hoy de esa reforma. Tampoco consta en la agenda legislativa del Gobierno para este año.

De hecho, en febrero de este año, el PSOE votó en contra de una proposición de ley del PP por la que se pretendía reformar el Estatuto de la Víctima del Delito para ofrecer «mayor protección a las víctimas del terrorismo» frente a los beneficios penitenciarios que puedan disfrutar los autores y ante los homenajes a etarras condenados. Los socialistas acusaron al PP de «jugar» con las víctimas por rédito político. En otras ocasiones, el partido de Pedro Sánchez ha amparado incluso estos actos de ensalzamiento de los etarras en la «libertad de expresión».